Un allanamiento realizado en una chacra de la ciudad neuquina de Centenario permitió detectar graves irregularidades laborales y condiciones de vida precarias en las que residía una familia con niños
El operativo, enmarcado en una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, derivó en la intervención urgente de distintos organismos del Estado para resguardar derechos fundamentales.
Operativo conjunto y múltiples organismos involucrados
El procedimiento fue encabezado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano del Neuquén, en articulación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de la unidad fiscal de delitos sencillos a cargo de la fiscal Vanesa Rebolledo.
También participaron el Centro de Atención a la Víctima (CAV), el programa nacional de rescate de víctimas de trata, la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente, personal de guardia de la Ley 2302 y la Prefectura Naval Argentina, que brindó apoyo operativo.
Según informó Adnsur, la investigación se inició a partir de la detección de trabajadores en situación de vulnerabilidad, lo que activó los protocolos correspondientes.
Condiciones laborales y habitacionales alarmantes
Durante el allanamiento, los trabajadores explicaron cómo se desarrollaban las tareas diarias en el predio, lo que permitió constatar múltiples irregularidades. El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, señaló que se encontraron condiciones extremadamente deficientes tanto en materia laboral como habitacional.
“No se verificó documentación que acredite la registración laboral y las condiciones de vivienda, higiene y seguridad eran sumamente precarias”, explicó el funcionario. Ante esta situación, se labró un acta de infracción, se intimó a los responsables a presentar la documentación exigida por la normativa vigente y se ordenó la regularización inmediata de la situación laboral.
Presencia de niños y medidas de protección urgentes
Uno de los aspectos más delicados del procedimiento fue la detección de cuatro niños que vivían junto a sus padres dentro del predio. La familia habitaba una vivienda de material en condiciones muy precarias, lo que generó una rápida intervención de los organismos de protección de derechos.
La Dirección Provincial de Prevención del Trabajo Infantil recomendó la adopción de medidas urgentes, dando intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Tras evaluar el caso, la fiscal Rebolledo determinó que la familia no podía continuar en ese entorno, por lo que se dispuso su traslado inmediato a un lugar de resguardo, garantizando su contención y protección a través del CAV.
Investigación judicial y abordaje integral
Las irregularidades detectadas forman parte ahora de una investigación judicial en curso. Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano remarcaron que estos operativos responden a una política de abordaje integral, que busca prevenir la explotación laboral, promover el trabajo registrado y proteger especialmente a niños y adolescentes.
“El Estado provincial actúa de manera coordinada para intervenir ante situaciones de riesgo y evitar que estas prácticas se repitan”, destacó Castillo, subrayando la importancia de la articulación interinstitucional.
