La Procuración del Tesoro de la Nación informó este martes que la República Argentina continúa cumpliendo con las órdenes del tribunal neoyorquino en el marco del masivo juicio por la expropiación de YPF.
No obstante, anticipó que a partir del 15 de enero los fondos demandantes presentarán un «insólito y desproporcionado» pedido de desacato contra el país, una medida que el gobierno tilda de presión política.
Más de 110.000 Elementos Presentados y el Respeto a la Privacidad
Según Noticias Argentinas, el cumplimiento de la etapa de discovery (intercambio de pruebas) ordenada por la jueza Loretta Preska ha demandado casi dos años de trabajo y la producción de más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales. El gobierno destacó su compromiso de «actuar conforme a derecho».
Respecto a la polémica orden de la jueza que requería acceder a dispositivos y cuentas personales de funcionarios, la Procuración señaló que si bien se apeló esa decisión, se avanzó en su cumplimiento «dentro de las posibilidades legales». Precisaron que los funcionarios involucrados optaron por cooperar o, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional (que garantiza la privacidad), se abstuvieron de aportar comunicaciones personales.
Acusan a los Fondos Buitre de Presión para «Poner Arena en los Engranajes»
Desde la Procuración del Tesoro cargaron contra la estrategia de los fondos demandantes, liderados por Burford Capital. Argumentaron que la insistencia en pedidos de desacato no busca la ejecución de una sentencia que aún está apelada, sino «someter a la Argentina a pedidos intrusivos y desproporcionados, con el objetivo de generar presión política y mediática». Calificaron esta conducta como un intento declarado de «poner arena en los engranajes» del proceso de normalización económica del país.
Además, vincularon esta ofensiva con un posible «deterioro en la cotización de Burford Capital» tras la última audiencia de apelación, lo que podría haber generado presiones internas de sus inversores. El Estado argentino se comprometió a utilizar «todas las herramientas legales» para su defensa e instó a la opinión pública a seguir solo la información oficial, recordando que el proceso se extenderá al menos hasta marzo.
