La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este miércoles una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad.
La nueva ley establece que “los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra” y forma parte de una serie de cambios a la Constitución que consolidan el poder absoluto del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Según DW.
La medida, que fue calificada por la oposición en el exilio como un “castigo de la dictadura”, golpea directamente a los cientos de miles de nicaragüenses que han abandonado el país desde la represión de las protestas de 2018. Muchos de ellos, que se naturalizaron en naciones como España, Costa Rica o Estados Unidos para regularizar su situación, ahora enfrentan la posibilidad de perder su vínculo legal con su patria de origen.
Una medida con doble objetivo: ideología y represión política
El régimen de Ortega y Murillo justificó la reforma en términos nacionalistas. La Asamblea Nacional indicó en sus redes sociales que la medida “reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación”. Los legisladores oficialistas defendieron que la ley tiene un carácter “antiimperialista” para frenar supuestas “injerencias extranjeras”.
Sin embargo, analistas y la oposición señalan que el propósito real es profundizar la represión política. La reforma apunta directamente contra la diáspora que huyó del país desde 2018 y que representa una crítica constante al gobierno desde el exterior. Además, anula una garantía constitucional establecida en el año 2000 que permitía la doble nacionalidad y que buscaba no penalizar electoralmente a los exiliados.
La duda sobre su aplicación retroactiva y el precedente del 2023
Uno de los mayores temores entre la ciudadanía es si la pérdida de nacionalidad se aplicará a quienes ya tienen otra ciudadanía. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aclaró en 2025 que la prohibición no sería retroactiva, pero los críticos del régimen desconfían profundamente de esta promesa.
Esta desconfianza tiene un sólido fundamento. En febrero de 2023, el régimen despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos y los deportó a Estados Unidos. Días después, repitió la acción con otras 94 personas en el exilio. En ese momento, no existía una ley que amparara legalmente esa decisión; el marco legal se aprobó casi un año después, violando el principio de irretroactividad. Para el abogado en el exilio Juan Diego Barberena, la nueva reforma “refuerza una causa de inhibición electoral” y abre la puerta a que el Estado catalogue como “traidor a la patria” a cualquier ciudadano con otra nacionalidad.
El contexto de presión internacional y una sucesión en ciernes
La ratificación de esta reforma se da en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen de Managua. El sábado pasado, apenas cuatro días antes, el gobierno liberó a “decenas” de presos políticos, una medida que analistas vinculan directamente a la presión de Estados Unidos tras el derrocamiento del aliado venezolano de Ortega, Nicolás Maduro.
Internamente, el panorama sugiere una preparación para la sucesión. Según informes de la oposición, Daniel Ortega, de 80 años, enfrenta problemas de salud, lo que habría llevado a Rosario Murillo a endurecer las medidas contra los disidentes y a realizar una purga interna para garantizar la continuidad del régimen. La eliminación de la doble nacionalidad se interpreta como otra herramienta para eliminar cualquier base de oposición futura, tanto dentro como fuera del país.
Al desvincular legalmente a una parte significativa de su diáspora, el gobierno de Ortega busca debilitar la voz crítica en el exterior y sentar las bases para un control aún más férreo en el futuro. La medida deja a miles de nicaragüenses en una situación de profunda incertidumbre sobre su identidad y sus derechos.
