Una investigación federal se encuentra en curso en la provincia de Corrientes para determinar si una facción del Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano, mantiene operaciones activas en Argentina.
El foco del expediente no está en hechos de violencia visible, sino en una sofisticada red de maniobras económicas y financieras que habría permitido sostener actividades ilícitas desde la sombra, según la información disponible. Según La17.
La trama financiera bajo la lupa federal
La causa, originada por lavado de dinero y financiamiento criminal, ya tiene procesamientos firmes y recientemente sumó una nueva detención con prisión preventiva. Según fuentes judiciales consultadas, la Fiscalía Federal de Corrientes imputó a un ciudadano venezolano que había ingresado al país de manera irregular. Esta medida judicial, avalada por el juzgado interviniente, reactivó una línea de investigación más amplia que ya contaba con el respaldo de la Cámara Federal.
Los investigadores describen un entramado económico sofisticado diseñado para mover fondos sin dejar rastros evidentes. Entre las maniobras bajo análisis se encuentran las transferencias informales de dinero, la utilización de comercios y sociedades como pantalla, la adquisición de bienes sin respaldo económico legítimo y los envíos de fondos al exterior. Parte de este flujo financiero, sostiene la investigación, podría estar vinculado al Tren de Aragua.
Perfil bajo y coordinación institucional para desarticularla
La particularidad de este caso es que la actividad ilícita investigada no se manifiesta a través de delitos violentos convencionales. Los investigadores sostienen que esta ausencia de hechos visibles no implica falta de operatividad, sino un perfil bajo deliberadamente orientado al movimiento clandestino de capitales. Esta modalidad exige un trabajo coordinado y especializado entre fiscalías, juzgados federales y organismos dedicados a delitos económicos complejos.
El avance de esta causa en Corrientes se da en un contexto de cambios en la política nacional de seguridad. Esta semana, el Gobierno nacional confirmó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una fuerza creada en 2024 para colaborar con la Justicia Federal en hechos de criminalidad organizada vinculada al narcotráfico. La medida quedó formalizada en la Resolución 4/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva. Desde el actual Gobierno explicaron que la disolución responde a objetivos cumplidos dentro del Plan Bandera, señalando que otros dispositivos nacionales cuentan con la capacidad para asumir esas tareas.
La investigación en Corrientes representa un esfuerzo por develar las operaciones financieras de organizaciones criminales transnacionales que operan en el país con un bajo perfil. Mientras la causa judicial sigue su curso, el caso subraya la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad y la justicia federal para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado, más allá de sus manifestaciones violentas más visibles.
