La reacción internacional frente a la intervención militar estadounidense en Venezuela comienza a delinearse.
España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto expresando su «profunda preocupación y rechazo» por la acción unilateral que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro. Los gobiernos firmantes advirtieron sobre la violación del derecho internacional y rechazaron explícitamente cualquier intento de control externo sobre los recursos del país caribeño.
La declaración, divulgada este domingo 4 de enero de 2026, marca una postura clara de seis naciones frente a un hecho que amenaza con reconfigurar el equilibrio geopolítico en la región. Mientras la comunidad internacional observa con expectación, el episodio expone la profunda división que genera la crisis venezolana y los métodos para resolverla. Según DW.
Un rechazo conjunto a la violación de la soberanía
El núcleo del pronunciamiento es una crítica frontal al operativo militar ejecutado por Estados Unidos. Los seis países sostienen que estas acciones «contravienen principios fundamentales del derecho internacional», específicamente la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Señalaron que este tipo de intervenciones constituyen «un precedente sumamente peligroso» para la paz y la seguridad regional, al tiempo que ponen en riesgo directo a la población civil.
Además, el comunicado incluye una advertencia específica sobre la posibilidad de que se produzca un «control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos venezolanos». Esta línea responde directamente a declaraciones previas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien mencionó que compañías petroleras de su país invertirían «miles de millones de dólares» en el sector energético venezolano.
El llamado al diálogo y la solución pacífica
Frente a la vía militar, los países firmantes plantean una salida diametralmente opuesta. Recalcan que la crisis en Venezuela «debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas».
En esta línea, subrayan que solo «un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana». La declaración, no implica un respaldo explícito al gobierno de Maduro, pero sí traza una línea clara en defensa de la soberanía estatal y la legalidad internacional.
Un continente dividido frente a la intervención
La reacción conjunta de estos seis países se da en un contexto de respuestas fragmentadas en la región. Mientras este bloque de naciones, mayoritariamente de tendencia izquierdista o progresista, condena la acción de Estados Unidos, otros gobiernos de América Latina la han aplaudido.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa, celebraron la operación y la caída de Maduro. Por su parte, Perú, a través de su gobierno, reafirmó su compromiso con el derecho internacional y buscó una solución pacífica, aunque mencionó la «grave amenaza» que representa el narcotráfico con origen en Venezuela. Esta división ilustra la complejidad política del continente y la falta de una postura unificada frente a un régimen largamente cuestionado.
La crisis venezolana entra así en una nueva y más volátil fase. La detención de Maduro, lejos de cerrar un capítulo, ha abierto un intenso debate sobre los límites de la injerencia internacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el futuro de una nación sumida en una prolongada crisis humanitaria y política. El llamado al diálogo de estas seis naciones choca con una realidad de acciones militares consumadas, dejando un panorama incierto para Venezuela y para la estabilidad regional.