Caso Olivos: Siete detenidos por la extorsión al soldado Rodrigo Gómez.
El trágico final de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se quitó la vida el pasado 16 de diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta de Olivos, ha tomado un giro judicial determinante. Lo que inicialmente se investigó como un lamentable suicidio derivó en el descubrimiento de una sofisticada y cruel red de extorsión digital. La Justicia logró reconstruir los últimos días del joven oriundo de Misiones, revelando que fue empujado al abismo por una organización criminal que lo sometió a un asedio psicológico insoportable.
La investigación, que permitió desmantelar la banda tras una serie de allanamientos, contó con la participación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según Red43, la clave para desentramar la maniobra fue una carta manuscrita que dejó la víctima, en la cual mencionaba una aplicación de citas y aportaba pistas cruciales que permitieron a los peritos informáticos identificar el «modus operandi» de la organización. El joven, que integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, no pudo soportar la presión de las falsas acusaciones que pesaban sobre él.
El «audio del terror» y la estafa por apps de citas
El esquema delictivo detectado por la Justicia comenzaba en la plataforma de citas Evermatch. Allí, la banda utilizaba un perfil falso bajo el nombre de «Julieta Ayelén Cardozo» para captar a hombres jóvenes. Una vez establecido el contacto y la confianza, los delincuentes activaban una puesta en escena psicológica que incluía la aparición de una supuesta madre indignada y el envío de un «audio del terror». En este mensaje, se acusaba a la víctima de ser «un degenerado» por haber interactuado con una presunta menor de 17 años, buscando quebrar la voluntad del estafado mediante la culpa y el miedo.
La presión no terminaba allí; escalaba rápidamente con la intervención de un falso policía de la Ciudad que exigía transferencias de dinero inmediatas para «frenar» una causa judicial inexistente. Los criminales llegaron incluso a usurpar la identidad de un oficial real para darle veracidad a la amenaza, lo que sumió a Gómez en un estado de desesperación absoluta. La red de estafas combinaba ingeniería social y amenazas penales falsas con consecuencias irreversibles, como se vio en este trágico desenlace dentro del predio presidencial.
El Gobierno endurece las medidas en los penales
A raíz de este caso, el vocero presidencial Manuel Adorni, presente en la conferencia de prensa junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, reforzó la postura oficial sobre la seguridad en las cárceles. Adorni aseguró que el acceso a dispositivos móviles en las prisiones es un beneficio que se terminó, vinculando estas redes de extorsión con la operatividad que muchos delincuentes mantienen tras las rejas. Para el funcionario, los celulares dentro de las celdas no son un derecho sino una herramienta que permite coordinar delitos, por lo que ratificó la decisión de eliminar cualquier privilegio tecnológico en el sistema penitenciario.
Con la detención de estas siete personas, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la persecución de los ciberdelitos. La causa, que originalmente se centró en la muerte del custodio presidencial, ha servido para alertar a la sociedad sobre la importancia de la detección temprana de estas maniobras. Se destacó la necesidad de dar a conocer esta modalidad para prevenir que otros ciudadanos caigan en la misma trampa psicológica que le costó la vida a un joven que solo buscaba servir a su país desde el cuerpo de Granaderos.