Tras el histórico veredicto de un jurado popular y técnico que declaró culpable a la exjefa de Compras por direccionar contratos hacia su propia pareja, crece el cuestionamiento sobre el rol del exministro y su subsecretario.
¿Hubo complicidad o una alarmante falta de control en la caja de Seguridad?
La justicia de Chubut ha dado un paso inédito, pero el eco del veredicto resuena mucho más allá de la figura de Carolina Pardo Said. La declaración de culpabilidad contra la exjefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad por «negociaciones incompatibles con la función pública» no es solo el cierre de una causa por corrupción administrativa; es la confirmación de un modus operandi que floreció bajo la mirada —o la omisión— de las máximas autoridades de la cartera en aquel entonces: el exministro Miguel Castro y su mano derecha, el exsubsecretario Néstor Becerra.
Los hechos: Corrupción bajo la alfombra
El tribunal, integrado por jueces técnicos y ciudadanos (sistema escabinado), consideró probado que entre 2022 y 2023, Pardo Said utilizó su cargo estratégico para beneficiar económicamente a su pareja, Vicente Andrés García. A través de ocho contrataciones directas que superaron el millón de pesos (cifras de aquel periodo), el dinero de los contribuyentes destinado a la seguridad pública terminó en el bolsillo de la familia de la funcionaria.
Reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos: todo quedaba «en casa». Pero la pregunta que hoy se hace la sociedad chubutense es: ¿Cómo es posible que en un ministerio verticalista, estas maniobras pasaran desapercibidas para Castro y Becerra?
En Cholila Miguel Castro dejó el tendal de ñoquis, muchos de ellos con casi la misma modalidad que este caso, haciendo obras para el estado por ejemplo toda la pintura de la escuela 80 por montos millonarios, o el servicio de traslado escolar pagado por la provincia.
Responsabilidad política:
¿Falta de control o zona liberada?
Miguel Castro, un hombre de vasta trayectoria política y conocedor de los resortes del Estado, y Néstor Becerra, su colaborador más estrecho en la operatividad del Ministerio, no pueden ser ajenos al desmanejo de la Dirección General de Administración que dependía de ellos.
En la administración pública, la firma de una jefa de compras no es el último eslabón. Los expedientes de contratación directa requieren visados, autorizaciones de partidas y, fundamentalmente, una línea de mando que garantice la transparencia.
La condena a Pardo Said expone una gestión de «puertas abiertas» para los negocios particulares, donde el control interno brilló por su ausencia.
Para los observadores políticos, este caso es la punta del iceberg de una gestión que, mientras prometía «seguridad» para los ciudadanos, no podía asegurar la integridad de sus propias cajas chicas.
El hecho de que la pareja de una funcionaria fuera el proveedor predilecto para arreglar patrulleros y edificios oficiales es una desprolijidad que, en cualquier gestión seria, habría costado cargos de manera inmediata.
Y lo mismo pasa en Cholila con el mecanico ñoqui que «arregla» vehículos policiales como si no hubieran más mecánicos en el Pueblo.
El mensaje de la Justicia
El fiscal Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, logró demostrar lo que muchos sospechaban: el Estado era utilizado como una empresa familiar.
Mientras Castro y Becerra hoy se mantienen alejados del foco público, la sentencia contra su subordinada queda como una mancha indeleble en su foja de servicio. La justicia ha determinado que hubo delito. La historia, y probablemente nuevas investigaciones, determinarán si este esquema de «pymes familiares» dentro del Ministerio de Seguridad contaba con la venia política de quienes hoy prefieren el silencio porque ya acomodaron a todos su familiares en el estado.
La condena a Pardo Said es un mensaje claro: la impunidad tiene fecha de vencimiento. Pero la responsabilidad política de Miguel Castro y Néstor Becerra por haber permitido, por acción u omisión, este saqueo hormiga, sigue siendo una deuda pendiente con la transparencia pública.
