La industria pesquera argentina atraviesa una crisis de costos que pone en jaque su operatividad
Las cámaras del sector presentaron un pedido desesperado ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación, advirtiendo que el incremento del combustible y la presión impositiva actual amenazan la continuidad de una actividad que genera divisas clave para el país y sostiene miles de empleos en el litoral marítimo.
El combustible: un factor de quiebre para la flota
El escenario para el 2026 se presenta crítico. En lo que va del año, el gasoil ya acumuló un aumento superior al 40%, superando cualquier previsión inflacionaria. Para los buques pesqueros, este insumo representa entre el 20% y el 45% de sus costos totales, dependiendo de la especie capturada. Según los dirigentes del sector, la velocidad de estos incrementos ha paralizado la planificación empresaria, dejando a la flota «al borde del precipicio».
La situación se agrava por la carga tributaria que pesa sobre el gasoil naval. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el tributo al CO2 representan más del 16% del precio final y se actualizan trimestralmente. Las cámaras solicitan una exención transitoria de estos gravámenes, argumentando que la indexación de costos no guarda relación con los precios internacionales del pescado, los cuales se mantienen estancados o en baja.
Crisis logística y caída de la demanda externa
A la suba del combustible se le suma un frente internacional complejo. El conflicto bélico en Medio Oriente ha desestabilizado las rutas comerciales, provocando un aumento exponencial en los fletes de los contenedores. Este incremento funciona como un «arancel encubierto» que encarece las exportaciones argentinas, en un momento donde el mercado europeo —principal destino de la pesca local— muestra una fuerte retracción en el consumo gastronómico.
Ante este panorama, la industria —que exporta más de 2.000 millones de dólares anuales— ha solicitado la creación de una mesa técnica de trabajo urgente con las autoridades nacionales. El objetivo es diseñar un plan de contingencia que brinde previsibilidad a los precios de los hidrocarburos y medidas de fomento que compensen los costos logísticos, para evitar que el impacto recaiga directamente sobre los 43.000 puestos de trabajo que dependen de la actividad.