El Gobierno acelera la reforma del Código Penal tras el femicidio de Agostina Vega.
Ante la profunda conmoción social provocada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, el Gobierno nacional ha decidido acelerar el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal. Desde la Casa Rosada indicaron que el objetivo es presentar la iniciativa en las próximas semanas, priorizando aquellas modificaciones que cuenten con mayor consenso legislativo.
Ejes centrales de la reforma
El proyecto, que ha sido objeto de intensas discusiones técnicas dentro del Ministerio de Justicia, busca responder a la creciente demanda social por mayor seguridad y justicia efectiva. Los puntos principales incluyen:
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Endurecimiento de penas: Aumento de las sanciones para delitos sexuales, incluyendo la posibilidad de declarar la imprescriptibilidad en casos de abusos graves.
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Ampliación de perpetuas: Extensión de los casos en los que se aplicará la prisión perpetua.
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Delitos tecnológicos y modernos: Incorporación de figuras penales para abordar el grooming, el abuso sexual infantil en entornos digitales y las estafas piramidales.
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Seguridad urbana: Tipificación específica para delitos como entraderas, salideras bancarias, robos bajo la modalidad de «motochorros», picadas ilegales y la posesión de armas dentro de establecimientos carcelarios.
Estrategia política: reformas parciales frente al cambio integral
Si bien el plan original contemplaba una reforma integral de la normativa vigente —cuyo texto base data de 1921—, la complejidad que supone un debate legislativo de tal envergadura ha llevado al oficialismo a optar por una estrategia de reformas parciales. Esta modalidad busca evitar discusiones sobre temas altamente sensibles, como las modificaciones a la figura del femicidio o cambios vinculados al aborto, centrando los esfuerzos en capítulos que garantizan una rápida aprobación parlamentaria.
La celeridad impuesta por el Poder Ejecutivo busca desactivar las tensiones internas dentro del oficialismo, donde diversos sectores han expresado su malestar por la demora en la implementación de medidas concretas frente a la inseguridad. Con este paquete, el Gobierno pretende retomar la agenda de seguridad y dar una respuesta contundente tras el impacto generado por el caso de Agostina Vega.