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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará mañana el bono de $5.000 a más de medio millón de trabajadores de personal de la salud, cuyo alcance se extendió por 90 días e incluirá ahora a trabajadores de geriátricos, servicios de traslados, atención primaria y a quienes trabajan en análisis clínicos.

El pago, establecido por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia de coronavirus, alcanzará a 507.248 trabajadores del sistema de salud público, privado y de la seguridad social y demandará un desembolso total de $2.466 millones, informaron a Télam fuentes de la Anses.

Se trata del cuarto pago del bono que, de acuerdo con lo anunciado hoy en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno por los ministros Gines Gónzalez García (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo) y el secretario general de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, se extenderá hasta diciembre.

Según se informó oficialmente, la incorporación de trabajadores de geriátricos, servicios de traslados, atención primaria y a quienes trabajan en análisis clínicos llevará el alcance del bono a unas 700 mil personas, según se informó oficialmente.

Un 45% realiza tareas con una modalidad de teletrabajo en la administración pública.La encuesta reveló que 45% realiza sus tareas con una modalidad de trabajo a distancia, mientras que 33% asiste sólo eventualmente de forma presencial al lugar de trabajo.

El trabajo remoto tuvo una alta penetración en los funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN) en el marco de las medidas de aislamiento social dispuestas para morigerar el avance del coronavirus, según una relevamiento realizada por Cippec, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat).

Pese a contar con «un bajo nivel de capacitación para esa modalidad de trabajo y un uso mayoritario de dispositivos y tecnología propia, no implicó impedimentos para la realización de actos administrativos ni tampoco limitaciones en el marco normativo para el desempeño de su función ejecutiva», destacó el trabajo.

“Pocas veces en la historia el Estado no sólo en nuestro país sino en todos los países del mundo se vio tan exigido como en este momento”, afirma Diego Pando, director del Núcleo de Estudios sobre Gestión Pública de la UMET.

La encuesta reveló que 45% de los encuestados realiza sus tareas con una modalidad de trabajo a distancia, mientras que 33% asiste sólo eventualmente de forma presencial al lugar de trabajo; por otro lado, 73% de los equipos de trabajo a cargo trabaja de forma remota, poniendo la carga del trabajo presencial sobre los directores; por ello, 95% de los encuestados asegura que mantuvo o aumentó su carga de trabajo.

“A diferencia del sector público, el sector privado ha valorado la infraestructura para el teletrabajo, y aquí podríamos hipotetizar que han tenidos más recursos que el sector público», afirma Laura Zuvanic, investigadora del Programa de Gestión Pública de Cippec.

Casi la totalidad de los encuestados se apoya en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y más de la mitad que realizan teletrabajo utilizan Zoom o Whatsapp para realizar reuniones virtuales con la modalidad de videoconferencia; sin embargo, 75% utiliza una cuenta gratuita o que paga de su bolsillo y sólo 21% utiliza una cuenta oficial que paga el Estado.

En el caso de los dispositivos utilizados, se apoyan en teléfonos y computadoras propias; y menos de 25% utiliza dispositivos provistos por el Estado.

Asimismo, más de la mitad de los 280 directivos de la Alta Dirección Pública pertenecientes a 20 ministerios de la Administración Pública Nacional, la Jefatura de Gabinete y la Presidencia de la Nación encuestados desempeña tareas de cuidado en su hogar, en su mayoría de niños, distribuidas equitativamente entre mujeres y varones.

Sin embargo, las tareas de cuidado de personas (adultas o menores) ocupan en promedio 4,76 horas para mujeres y 4,63 para varones, mientras que las tareas de mantenimiento del hogar ocupan en promedio 3,41 y 3,01 respectivamente.

“Los resultados de esta encuesta permiten plantear algunas líneas de acción para el futuro inmediato, como promover las capacitaciones para el trabajo remoto, establecer procesos sensibles a los horarios y tareas de cuidado y fortalecer herramientas y plataformas informáticas que faciliten la comunicación y desarrollo de tareas por parte del Estado”, afirma Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de Cippec.

Más de 100 empleados del municipio de Rawson demostraron su interés por participar de los cursos sobre administración y atención al cliente cuyo ciclo comenzará este lunes, a partir de un acuerdo al que se arribó con el Gobierno de la provincia.

A lo largo de toda la última semana, los agentes se anotaron en la sede de la Dirección General de Acción Educativa Formal y No Formal de Rawson. La responsable del área, Mariela Tamame, resaltó que “este ciclo causó muy buena recepción entre los empleados”.

Las capacitaciones, se dictarán vía online y son gratuitas: planilla de cálculos, redacción de notas, atención al ciudadano, y técnicas administrativas: la puntuación.

“Superó nuestras expectativas. La mayoría se anotó en todos los cursos. Pero como tenemos un límite de cupo, desde el área de Capacitaciones de provincia determinarán quién realizará cada curso”, dijo la funcionaria.

Desde el área de Educación del municipio realizaron las gestiones ante la Dirección General de Capacitación, dependiente de la Secretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado de Chubut. Quienes realicen estas cuatro capacitaciones recibirán un certificado y más adelante, según especificó Tamame, se anunciarán más módulos que se están coordinando con otros organismos del Estado.

Así lo aseguró el abogado, Fabián Gabalachis, quien representa a la ex ministra y diputada Cecilia Torres Otárola en el marco de la causa «Ñoquis Calientes».

El 11 de agosto se llevará adelante la apertura de investigación por la causa conocida como «Ñoquis Calientes» que investiga a la ex ministra y diputada provincial, Cecilia Torres Otárola, por defraudación al Estado. Es que habría tenido asesores que no trabajaban y cobraban un sueldo.

Su abogado, Fabián Gabalichis, explicó que » los que no estamos en la administración pública por ahí nos chocan algunas situaciones». Sin embargo, «aparentemente en el ámbito del funcionamiento de la administración pública se dan situaciones de esta naturaleza y son normales».

«Ella interpreta que no constituye ninguna clase de delito, sino que es propio del funcionamiento de la administración pública»,dijo en diálogo con LaCienPuntoUno. Sobre los asesores contratados, explicó que «la ministra explica que no es así, que han sido nombrados y han trabajado».

Por lo que ahora se deberá demostrar si hubo o no una «contraprestación», si se realizó en dónde fue y si existieron retornos de dinero y/o movimientos bancarios de sueldos de estos «asesores» hacia la cuenta de la ministra o hacia sus secretarias.

En horas de esta mañana la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a la oficina judicial de Rawson la respectiva imputación en la causa caratulada “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública” bajo el número 21745. De acuerdo a la extensa presentación son trece las personas imputadas que se encuentran involucradas en la misma cantidad de hechos, solicitándose la formalización de apertura de investigación de acuerdo al artículo 274 del código procesal penal.

Se imputa a Cecilia Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Daniel Ehnes es personal del Gabinete de la provincia de Chubut con rango de subsecretario, desde el momento de su nombramiento nunca puso los pies en el ministerio de Educación y es lo que genera una dura interna entre los funcionarios que piensan en pedirle la renuncia.

El decreto de nombramiento es de 11 de febrero y lleva la firma del gobernador Mariano Arcioni y los ministros José Grazzini de Gobierno y Andrés Meiszner de Educación .

La salida de Meisner pone en jaque la continuidad de otros ñoqui caliente. Sería otro apuntado desde Legislatura.

Dentro de la acción conjunta entre vecinos y comisión directiva de la vecinal Mosconi, ex trabajadores ypefianos se encuentran convocando a un abrazo a la administración de YPF, medida que -con todos los recaudos preventivos que demanda la situación epidémica actual- se realizará mañana, domingo, en defensa de un ícono del patrimonio industrial de la zona y de la comunidad comodorense en general, comenta Crónica.

De esta manera los vecinos, mayoritariamente ex trabajadores de esa empresa emblemática del petróleo nacional, expresan también su rechazo a la decisión y alertan con su presencia en la Administración de YPF, sobre un eventual vaciamiento de todo el trabajo que se realiza desde siempre en ese espacio administrativo, promoviendo la defensa institucional de la historia centenaria que alberga.

Para ello se convoca a un abrazo al edificio de la Administración ypefiana para el domingo 28 del corriente a las 16 horas, donde se respetarán los cuidados vigentes por la presencia del COVID-19 y las bajas temperaturas.

Estiman como válido “la circulación en vehículo por sus alrededores, desplegando banderas, haciendo presencia real con la
que diremos que no estamos conforme con esa decisión”.

La nueva sede para el sur de la Patagonia estará en Las Heras, informaron días atrás las autoridades de la empresa. El intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque, anunció que hoy martes alrededor de las 11.15 horas mantendrá una videoconferencia con autoridades de YPF, Provincia y Santa Cruz.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió este martes al eventual traslado de la sede de la regional sur de YPF a Santa Cruz. «Es importante fijar algunas posiciones y aclarar algunos temas», dijo y agregó: «Nosotros, los comodorenses sabemos más qué nadie el rol de YPF y la importancia de la compañía en nuestra ciudad.».

«En la fibra íntima, cada de unos de nosotros, tenemos grabado la sigla YPF y claramente no permitiríamos nunca que definitivamente se saque la administración central después de 100 años de historia en la ciudad», aseguró Luque en contacto con Radio del Mar.

En este marco anunció que hoy martes alrededor de las 11.15 horas mantendrá una videoconferencia con autoridades de YPF, Provincia y Santa Cruz.

Además manifestó que «siempre habrá un municipio y un intendente que puedan trabajar para sacar adelante cada una de las situaciones que tengan que ver con el sector petrolero y defender los intereses de Comodoro».

«A mí me genera sensaciones encontradas porque hay actores, en la política, que se muestran preocupados, pero en los últimos cuatro años dejaron que la empresa se desguase», apuntó. Dijo que «en vez que dejaran que inviertan en la región, permitieron que construyan departamentos en la Villa 31, a través de una empresa relacionada con Macri. En este contexto hay que aclarar varias cuestiones».

Por su parte, el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, también mostró su preocupación por la decisión de la empresa y aseguró en su cuenta de Facebook que «acá nació, acá revivió y acá se quedará para seguir creciendo junto a todos los comodorenses».

Este martes al mediodía debía celebrarse la reunión del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas (FECHCoop), la misma, en un claro acto antidemocrático, fue saboteada por su Presidente, Fabricio Petrakosky, junto a Diego Barquín, titular de la Cooperativa de Puerto Madryn, quienes encontrándose en el recinto, y al saber que si daban quórum hubieran sido una minoría, dieron media vuelta y se fueron de la Federación frustrando la reunión que el mismo Petrakosky convocó el pasado 13 de mayo.

En el encuentro, se iba a abordar la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, y el tratamiento y redistribución de cargos.

Cabe aclarar que la iniciativa de someter a debate la representatividad del presidente de la Fechcoop se debe, en gran medida, a su ineficiencia al momento de resolver el acuciante problema de los embargos a la cuentas de las cooperativas, más aún en la actual coyuntura. Ante la posibilidad de poner en juego su menguante representatividad, la estrategia fue no permitir el debate.

Destacar que para cumplir con la convocatoria del mismo Petrakosky, asistieron a Rawson integrantes de las cooperativas de Esquel, de Comodoro Rivadavia, de Sarmiento, de Río Mayo y de Rawson. Varios de ellos con la obligación de recorrer más de 1000 kilómetros para cumplir con el compromiso asumido.

El objetivo del cooperativismo justamente es la discusión y el debate en una sana instancia, cuestión que quedó denegada por la actual conducción de la Federación.

Aprovechando el frustrado encuentro, los asistentes convocaron a una nueva reunión del Consejo de administración para el próximo 2 de junio. Las Cooperativas del Chubut renuevan su voluntad de consensuar y crecer mancomunadamente.

La embarcación se encontraba pescando ilegalmente dentro de la zona exclusiva de la República Argentina y espera la resolución judicial para regresar a aguas internacionales. Permanecerá en la zona definida como rada, dentro de jurisdicción portuaria pero en condiciones de aislamiento.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, informó que no se le permitirá el atraque al busque potero de bandera china “Lu Rong Yuan Yu 668”, el cual fue descubierto pescando de manera ilegal dentro de la zona económica exclusiva de la República Argentina.

La información indica que la embarcación decidió ponerse a disposición de la justicia Argentina a fin de evitar que el caso pase a instancias internacionales; es por esto que fondearía en la Bahía Nueva a la espera de la resolución judicial, para luego volver a aguas internacionales.

Como es de público conocimiento, la Administración Portuaria de Puerto Madryn ya debió afrontar casos de embarcaciones que fueron capturadas pescando dentro de las 200 millas y finalmente tuvieron como resultado no sólo costos económicos extraordinarios, sino también grandes perjuicios operativos, por lo que la APPM dictó la Resolución 003/18 de prohibición de amarre de buques interdictos a los sitios operativos de ambos muelles.

En este caso, el buque no tocaría puerto y solo permanecería en la zona definida como rada, la cual corresponde a la jurisdicción portuaria pero mantiene el buque en condiciones de aislamiento.