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El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos solicitaron esa medida a la cámara nacional de casación penal.

El ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, pidieron hoy a la Cámara Federal de Casación Penal que revoquelas condenas en su contra por cinco homicidios ocurridos durante la represión de fuerzas de seguridad a los incidentes generados durante el 19 y 20 de diciembre de 2001 que generaron la renuncia del entonces presidente.

Así lo revelaron hoy fuentes judiciales al señalar que los abogados defensores de los ex funcionarios llevaron ese planteo a una audiencia ante la Sala Uno del máximo tribunal penal del país, que ahora quedó en condiciones de resolver.

Mathov fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión y Santos a cuatro años, al término de un juicio oral por la represión que precedió a la renuncia del ex presidente De La Rúa.

En la audiencia ante Casación, el abogado Jorge Valerga Aráoz cuestionó la investigación de la jueza federal María Servini, quien estuvo a cargo del caso en un primer momento y dijo que «no fue imparcial».

«Ella intervino antes, durante y después de los hechos. Disponía y daba órdenes. Fue ella quien a las 14.08» del 20 de diciembre de 2011 «dio la orden de despejar la Plaza de Mayo. Ella tuvo la injerencia que no tuvo Mathov», argumentó el abogado.

«No se sabe quien mató, entonces no hay ninguna razón para concluir que fue la policía. Había manifestantes que fueron a hacer lío y algunos tenían armas caseras», agregó.

Y, remarcó que «es absolutamente falso que Mathov haya planificado la represión».

Tras escuchar los argumentos de las defensas los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa quedaron en condiciones de resolver.

Las condenas fueron dictadas al término de un juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 6 el 23 de mayo de 2016, informó El Clarín.

Lo hizo el diputado macrista Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura.

El diputado oficialista Pablo Tonelli propusoredistribuir los recursos asignados por la ley de autarquíaal Poder Judicial, disminuyendo los correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y aumentando los recursos del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de administrar el Poder Judicial.

Esto ocurrió durante una reunión de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura en la que se analizaba la emergencia judicial, que se realizó este jueves. Tonelli es miembro del Consejo en representación del bloque de Cambiemos.

La ley 23.853 asigna al Poder Judicial el 3,5%«de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central». Y de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, dictado por Néstor Kirchner, el 0,57% es asignado a la Corte Suprema de Justicia y el 2,93% al Consejo de la Magistratura.

La modificación propuesta implica que del 3,5% del presupuesto asignado, el 0,35% sea para la Corte Suprema de Justicia y el 3,15% para el Consejo de la Magistratura.

“Este esquema de distribución de recursos ha demostrado ser inadecuado, dejando al Consejo de la Magistratura de la Nación y a los tribunales bajo su administraciónen una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica. Ello, con el consecuente impacto negativo sobre la autarquía e independencia del Poder Judicial», sostuvo Tonelli.

Esta discusión se produce en momentos en que la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema se ha politizado, producto de que el tribunal viene emitiendo fallos de manera exprés y consecutiva, en contra de la Casa Rosada.

Tonelli defendió su postura al argumentar que «tan inadecuada ha sido la asignación de recursos presupuestarios en cabeza del Consejo de la Magistratura, que más del 95% de ellos se destina al pago de salarios, lo que hace imposible aplicar fondos para hacer inversiones mínimas. Por otro lado, la situación presupuestaria y financiera de la Corte Suprema es diametralmente opuesta. A partir del desequilibrio presupuestario introducido mediante el decreto de necesidad y urgencia 557/2005, la Corte Suprema pasó a poder administrar una masa superavitaria de fondos que no tienen aplicación al pago de haberes o a inversión en el Poder Judicial de la Nación, y que se mantienen bajo la absoluta discrecionalidad del más alto tribunal”.

El diputado macrista considera que la readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial «resulta indispensable para sanear la administración de recursos de este poder del Estado, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión».

Tonelli esgrime que desde el Consejo de la Magistratura se debe «promover su modificación por ley y la derogación del decreto de necesidad y urgencia dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner», informó El Clarín.

Lo informó este jueves la Cooperativa Eléctrica de la ciudad. El corte del suministro eléctrico será de 8 a 9:30 por tareas de poda y afectará a varios barrios de la ciudad.

Los barrios afectados por el corte del suministro eléctrico son:

Comercio

San David, parcialmente

Los Olmos

Sta Mónica

San José

Illia

Etchepare

Será de 8 a 9:30 por tareas de poda. El mismo queda sujeto a las condiciones climáticas y/o de fuerza mayor, así lo informó El Chubut.

La Cooperativa “16 de Octubre” informó que el día martes 8 de octubre en el horario de 11:30 a 13:30 horas se realizará un corte en el suministro eléctrico para realizar trabajos de ampliación de estación transformadora.

Sectores afectados:

Desde Calle Hermanos Lendich hasta Pasteur y entre Avenida Alvear y calle Dr. Argentino Nuñez, así lo informó EQSNotas.

Se levantó la medida de fuerza llevada a cabo desde las 9 de la mañana por trabajadores nucleados en Sitravich, al norte del Aeropuerto Almirante A. Zar.

Esta mañana en dialogo con FM “El Chubut”, Carlos Milani, Secretario General de Sitravich, menciono que «En principio, hasta después del mediodía seguirá el corte». La medida es total, pero analizarán situaciones particulares para dejar pasar vehículos.

Se habilitaba el tránsito por 5 minutos, cada 30. «No hay prioridad, solo se dejan pasar casos de emergencia» explicó a FM EL CHUBUT el Segundo Jefe de la Seccional Segunda de Trelew, Néstor Pinilla.

Desde hace algunos minutos ya la medida fue desestimada y el transito es fluido en la zona, así lo informó El Chubut.

Las protestas se endurecen en la Provincia, donde las postales son los piquetes, la quema de cubiertas y protestas sin respuestas satisfactorias.

Los trabajadores estatales siguen con medidas de fuerza en las rutas de la provincia, en reclamo al pago escalando de salarios por parte del gobierno provincial.

Desde las cinco de la mañana, trabajadores de ATE y ATECh permanecen en la rotonda de rutas 3 y 26, con corte total  en el tramo norte-sur  desde Comodoro Rivadavia hacia Sarmiento. Y se apostaron en el cruce de ruta 3 y 39, tal como días anteriores, en la zona norte de la ciudad.

Asimismo, otro grupo de docentes se encuentra sobre la Ruta 26, en el acceso al yacimiento petrolífero «El Tordillo». Medida que se replica en los accesos a otros sobre  Ruta Provincial N° 54 y 39, en el acceso a Pampa del Castillo.

Los gremios nucleados en la Mesa de Unidad Sindical iniciaron este mediodía un corte de 36 horas sobre la ruta nacional 3, en el acceso a Puerto Madryn.

La medida fue resuelta tras las asambleas que los sindicatos que representan a los trabajadores del estado desarrollaron esta mañana en la ciudad portuaria y de acuerdo a lo informado en la ruta, se quedarán en el lugar hasta la madrugada del próximo miércoles 28 de agosto.

El corte, en principio por 36 horas, se levanta cada una hora, para habilitar el tránsito por cinco minutos en ambos sentidos.

Santiago Goodman, secretario general de la ATECh, aseguró que la medida es para acelerar la búsqueda de respuestas por parte del gobierno provincial, ya que según expresó, la reunión del viernes pasado “tuvo gusto a poco, casi a nada”.

“Hay una gran problemática social porque el engranaje del salario de los trabajadores del estado es un esquema virtuoso en la economía, la de los pueblos, la de las ciudades y hoy está cortada la cadena de pagos” expresó el dirigente de ATECh, gremio que tiene representación en el corte además de SITRAVICh y Judiciales, entre otros.

Goodman aseguró que “el mayor empleador esta provincia es el estado, hay 46 mil activos y 17 mil jubilados; no tenés otra empresa u empleador que tenga la cantidad de empleados que tiene el estado” y en ese sentido aseguró que “está claro que el resto de la cadena productiva de la provincia, hay algunos sectores que no están generando ningún tipo de ingreso genuino, y eso también es un problema”.

El dirigente gremial negó que por los paros se vaya a perder el ciclo lectivo. “Eso no va a suceder, nunca ha sucedido. Durante todo el año, el trabajo de nuestros profesores y profesores ha hecho que vaya resignificando cada uno de los contenidos; no hay año que se haya perdido”, así lo informó ADN Sur.

“Acá estamos buscando que haya respuestas claras de parte del gobierno” sostuvo el dirigente de ATECh y aseguró que “el 40% que no ha cobrado”.

Los cinco miembros de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú coincidieron en que la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenía pleno conocimiento del aporte no declarado y presuntamente ilegal que hizo a su campaña la constructora brasileña Odebrecht, por lo que rechazaron que sea excarcelada, publica la prensa limeña.

Los magistrados, que habían mostrado disidencias respecto de la extensión de la prisión preventiva que cumple la líder opositoria, una mayoría votó por 36 meses y otros por 18 meses, pero la investigación sobre Odebrecht aunó criterios, informa el diario La Republica.

La defensa de la hija del ex presidente Alberto Fujimori tramita ante la Cámara de Casación la libertad de la dirigente, cuyo encarcelamiento considera “injusto” porque la fiscalía no ha probado que ella recibió fondos para financiar su campaña presidencial.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución de la Sala Penal Permanente que publica La República, la ex candidata sí estaba enterada del origen del financiamiento para su postulación presidencial.

Para empezar, los vocales supremos acordaron que la instancia anterior a la Corte Suprema pudo establecer que la fuente del dinero no era legal, por lo que resolvió correctamente a favor del pedido de los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato de imponer la detención preventiva para Keiko Fujimori con la finalidad de no interferir u obstaculizar la investigación del caso.

“La Sala Superior cumplió con precisar y analizar los elementos de convicción válidamente incorporados que acreditarían la procedencia ilícita del dinero de parte de la empresa Odebrecht”, señalaron los vocales supremos Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza, Zavina Chávez Mella, Iván Sequeiros Vargas e Iris Pacheco Huancas, por lo que rechazaron la pretensión de la defensa de declarar nula la detención de Fujimori.

“Los hechos determinan que la investigada, por el lugar que ocupaba en la agrupación política, tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban (en el partido). También tenía conocimiento de la procedencia del dinero para financiar la campaña electoral”, precisaron los vocales supremos.

Entre los elementos a los que se refieren los vocales supremos –señalados por el fiscal José Domingo Pérez– están los documentos presentados por el representante de Odebrecht sobre las dos entregas de US$ 500 mil, cada una para la campaña presidencial fujimorista.

También las confesiones del ex operador de la empresa brasileña en el Perú Jorge Barata; la declaración del ex presidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, quien autorizó la entrega de un millón de dólares; la manifestación del ex director de la empresa en América Latina Luiz Antonio Mamerí, y el testimonio del ex ejecutivo Fernando Migliaccio Da Silva.

En el mismo sentido volvió a declarar Jorge Barata, el 6 de agosto pasado, cuando indicó que quien le pidió el dinero para Keiko Fujimori fue Jaime Yoshiyama Tanaka, y que fue a éste y a su mano derecha en la campaña presidencial, Augusto Bedoya Cámere, a quienes proporcionó el dinero en efectivo, señaló la Fiscalía.