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Este martes desde las 10 está convocada la audiencia de apertura de investigación en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que se imputará a la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas por los presuntos delitos de fraude al Estado y concusión. La jueza será la doctora Ivana González y el fiscal Omar Rodríguez tendrá a su cargo la lectura de los hechos por los cuales se pretende llevar a juicio a la ex funcionaria, que debió renunciar a su cargo a comienzos de julio.

La audiencia se realizará en la sala 2 de la Oficina Judicial ubicada en la capital provincial, con parte de los protagonistas de manera presencial y otros –probablemente la mayoría- por el sistema de videoconferencia. Según trascendió Otraola no se haría presente, sino que junto a su abogado participará desde su domicilio de manera virtual.

Oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a esa Oficina el respectivo pedido de imputación en la causa. Está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. En total son trece las personas involucradas.

Según el pedido de apertura de investigación, se acusa a Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión; Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Silvana Adriana Cañumil, con domicilio en Rawson, y Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, de Trelew.

Según el fiscal, Otarola incurrió en fraude a la administración pública como autora en 10 hechos y en concusión en 3 hechos, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Los mismos delitos para Jaquelina Rodera pero en cinco hechos. El resto será imputado por fraude a la administración pública.

COMO DIPUTADA

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

TAMBIÉN COMO MINISTRA

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

TRANSFERENCIAS

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Párrafo aparte es la situación de M.N.F., quien figura como directora en el Ministerio. Es la hija de Sandra Jaramillo, empleada doméstica en la casa de Otarola desde 2019 hasta enero. La exministro le ofreció incorporar a su hija a Familia. Le pidió foto y DNI por WhatsApp. La designó pero sólo fue a trabajar un par de días. Sucede que M.N.F. se tuvo que presentar donde funcionaban las oficinas de CORFO, justo cuando se vivía un clima de tensión. Además, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Otarola significó que la primera le dijera a su hija que no fuera más.

Según relató la testigo, Torres Otarola dijo que su hija trabajaría en la Secretaría Privada con un sueldo de $ 20.000. Sin embargo el haber real era de $ 43.558. “Esto pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario por parte de la funcionaria”. En la cuenta sueldo de M.N.F. no hubo movimiento del dinero, que sigue ahí. Madre e hija desconocían que existían pagos de haberes por el cargo.

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Una alta fuente judicial le confió a este portal de noticias que de no haber sido por la pandemia los hijos y la exmujer del millonario sindicalista Héctor Rubén González hubieran estado presos, porque son graves los delitos que les imputan en la causa por narcotráfico que les abrieron en el Juzgado Federal de Rawson.

Lisa y llanamente el juez considera a los González narcotraficantes, dado que cree –según el análisis que debe haber hecho de toda la prueba que colectó la policía– que tenían ese “bosque de marihuana” en la casa con intenciones de comercializarlo para producir droga.

Ahora trascendió que habrían pedido declarar y que en las próximas horas el magistrado los citaría a una audiencia para ampliar “lo poco” que dijeron cuando se los llamó a indagatoria.

Es que se deben estar dando cuenta de que pueden ir a prisión por unos cuantos años y hasta no suena a descabellado de que alguno de los imputados esté pensando en declarar como arrepentido, a cambio de beneficiarse con una rebaja de pena.

Si esto se llegaría a concretar al “Gordo” González, el polémico sindicalista lucifuercista, devenido ahora en empresario de medios, le podría subir bastante la presión arterial. Como aquel día en que le allanaron la mansión en donde él supo vivir y descubrieron el bosque de marihuana.  

Aquellos que conocen gran parte del expediente sostienen que la exmujer y los hijos del dueño del diario Jornada de Trelew no saben cómo zafar del concurso de delitos que les endilgan y que si no dicen la verdad: lo que saben, inminentemente van a terminar en la cárcel.

El juez no los ha metido presos hasta ahora por la pandemia, porque no quieren llevar “gente de afuera” a un centro de detención, esa es la explicación que dan allegados al magistrado con respecto a la libertad que gozan momentáneamente los González.

Después de la ampliación de la indagatoria que se les estaría recibiendo por estas horas, el magistrado tiene de nuevo diez días hábiles para resolver la situación procesal de cada uno disponiendo un procesamiento con prisión preventiva o no.

Bien vale recordar que ya han pasado dos meses de aquel día en que la policía allanó la mansión de los González y descubrió que en el patio principal de la propiedad tenían más de cien plantas de marihuana, varios cientos de plantines diseminados en distintos lugares y más de una decena de plantas de “cactus San Pedro”, una especie que como té o preparado es también altamente alucinógena.

Ese procedimiento fue efectuado al mediodía del 19 de mayo en una imponente propiedad de la calle Cangallo al 100 y Belgrano, a metros de un establecimiento educativo y sus moradores hasta ese entonces ni se imaginaban que iban a estar en una situación como la actual; involucrados en una causa judicial y con posibilidades de ir a prisión en cualquier momento.

Para el juez “cultivaban plantas de marihuana para elaborar estupefacientes” y por ese ardid los cree presuntos autores de los delitos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas” y hasta de “ejercicio ilegitimo del arte de curar” que estaría vinculado, según se presume, a la supuesta venta de aceite de cannabis.

Es importante aclarar que el concurso de delitos que les atribuyen en la Justicia Federal tiene un agravante y que es ser cometido por tres o más personas, y en las inmediaciones de un establecimiento educativo, como lo es la escuela primaria que funciona a metros de la mansión de los González.

El comercio de estupefacientes a gran escala es una figura muy grave que está severamente castigada en el Código Penal Argentino con penas que van de 15 a 20 años de cárcel; un futuro que puede hacerse realidad para los hijos y la expareja del millonario sindicalista Héctor González, hoy también integrante de una sociedad que tiene varios medios de comunicación en Trelew, como lo son el  diario Jornada y unas emisoras de frecuencia modulada llamadas “FM Tiempo”.

No son pocos los que se preguntan en los tribunales federales sobre qué pasaría con González si alguno de los hijos decidiera “hablar”.

Una vez más la presunta irregularidad en negocios inmobiliarios de tierras en Comarca Andina, toma estado público, esta vez a partir de la suspensión de rolando “Pol” Huisman como intendente de la localidad de El Hoyo .

El ahora suspendido Jefe comunal Afirma que la decisión de los concejales de suspenderlo de sus funciones, está vinculada a intereses personales con negocios inmobiliarios, y acusó directamente al concejal Salamín de abandonar la idea de regularizar las tierras, y prestarse “a otros intereses y al juego de negociados históricos que tiene la dirigencia política del Hoyo , y que no es lo que venimos a hacer nosotros, no es lo que hace el peronismo; acá hubo una traición absoluta por parte de este concejal , y en otra medida por el concejal Fanny Ávalos”,dijo.

Huisman asegura que los ediles que votaron por su suspensión, “estaban buscando una causa, y es esta”, dijo al remarcar que existe un plan destituyente que busca impedir que avance con investigación acerca de la venta de tierras, conocida como “Curro verde”.

“Nosotros hablamos con el concejal Salmín pensando que hablaba con la verdad, sobre otras investigaciones en curso que tienen que ver con otras tierras y ahora, claramente, vamos a impulsarla cuando esto se normalice”, dijo el intendente suspendido a tiempo que agregó que la situación que atraviesa está vinculada directamente con el “Curro verde”.

“Tanto la gestión anterior como la otra están siempre signada por inmobiliarios; el asesor legal anterior también, el intendente anterior tiene una inmobiliaria, y lejos de defender los intereses del público ellos trabajan para los suyos propios”.

En un mensaje grabado , Rolando “Pol” Huisman ratificó que continuará resistiendo en el Municipio de la ciudad del el Hoyo, hasta tanto se expida la justicia.

Es muy poco lo que se conoce del pasado de Néstor Gómez Ocampo, el actual subjefe de la policía provincial. Y, llamativamente, lo poco que hay no habla muy bien de él. Se cita, por ejemplo; una oscura amistad con un narcotraficante y las sospechas que hubo en su momento de su aparente vinculación con el caso “Langostino Santo”; el de los 110 kilos de cocaína interceptados, cuando estaban a punto de salir del puerto de Madryn rumbo a España, escondidos en cajones de langostino.

Gómez Ocampo en esos tiempos era jefe de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y hasta se llegó a decir –cosa que la Justicia no pudo comprobar— que él “en una Kangoo roja que era de la Brigada, había “movido” del lugar otra parte del cargamento que nunca habría aparecido; algo que impulsado por los detractores que tiene en la propia policía se ha venido repitiendo hasta estos días. Al igual que su inocultable relación amistosa con Omar “El Cura” Segundo, el dueño de la pesquera en donde hallaron la cocaína, que terminó condenado a varios años de cárcel y que ahora, curiosamente, está cumpliendo esa sentencia con una prisión domiciliaria.

Gómez

Todavía anda dando vueltas por las redes sociales y en algunos portales de noticias esa fotografía en la que se los ve de jolgorio después de un asado, junto a otros invitados.

Gómez Ocampo hizo la última parte de su carrera policial en Madryn, también trabajó como investigador en la fiscalía de esa ciudad; en donde no pocos lo recuerdan como el que usaba vehículos secuestrados por la Justicia para pasear o ir a buscar a su mujer al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela.

Sería el extinto Mario Das Neves, como gobernador de la provincia, quien pondría el fin abrupto a su vida policial al ordenar que se lo pasara a retiro en 2015, en una de las últimas resoluciones que haría antes de irse el jefe de Policía de ese entonces Ricardo César Hughes.

Esto bien podría ser una pequeña reseña con lo poco que se conoce del pasado de alguien a quien el ministro de Seguridad Federico Massoni quiere designar como el máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico en Chubut.

Gómez Ocampo es posiblemente un personaje controversial, oscuro, del que algunos camaradas suyos hoy se preguntan cómo hizo para llegar a ser subjefe de Policía y otros creyendo tener la verdad aseguran que con el apoyo de un fiscal y de un legislador. Los mismos que también estarían interesados, al igual que Massoni, de que sea jefe de la Agencia Antinarcóticos.

En Chubut un funcionario público, que con solo oír una sola entrevista, denota de manera expresa su megalomanías y es quien ha dirigido y maltratado, de manera ostensible, a todos los chubutenses y ¿por quién fue designado? por un gobernador inexistente, producto de su antropofagia, delegando así todas las decisiones, en el marco gravísimo de una pandemia mundial, a alguien que no está capacitado y sufriría delirios de dictador, esto no podía tener otro resultado que el que tuvo.

Además, de haber hecho un circo en cada una de sus acciones, solo donde hay prensa y en las ciudades grandes, nunca lo vimos en el interior profundo ni en las fronteras colador de la Provincia. Su jurisdicción se subsume a las ciudades grandes y siempre que haya alguien filmándolo (abre la heladera y da una entrevista). Después del circo, lo más grave: apremios ilegales, detenciones indebidas, violaciones de domicilios, supresión de garantías constitucionales, secuestro de bienes por fuera de la norma, policías matando perros y una larga lista (muy parecida a la de la época más oscura de Argentina).

Y acá, seguramente todos pensamos «no se preocupen Chubut tiene a los representantes y funcionarios adecuados para que puedan intervenir en semejante atropello». Hablo de diputados, defensores, secretarios de derechos humanos, fiscales, jueces, intendentes, entre otros.

¡NADA FUNCIONÓ! Tuvo que venir nuevamente papá NACIÓN a resolver nuestro conflicto. De esta manera, en el día de ayer intervino la Secretaria de Derechos Humanos de Nación para que en Chubut se respete nada más y nada menos que la constitución.

A orillas del lago Gutiérrez, sobre la Ruta 82, a un paso del cerro Catedral y conectado al centro de Bariloche, la hostería El Retorno fue durante años un lugar ideal para el descanso. La calidez de la madera, las flores y los cauquenes del jardín, el muelle, la playa, el bosque ,el parque eran los ingredientes perfectos para unas vacaciones ideales y para los residentes que disfrutan del té, una de las mejores opciones de esos domingos de invierno.

Pero este pequeño paraíso no existe más. El Retorno da miedo. Y no es sólo una metáfora. El saqueo de los edificios que hasta hace meses eran una hostería y cabañas acompaña el derrumbe del pequeño imperio económico que Cristóbal López, hoy detenido por defraudación al Estado, comenzó a amasar en Chubut hace 30 años y consolidó durante los gobiernos kirchneristas.

El entonces Grupo Indalo, de López, le compró la hostería a una sociedad de capitales barilochenses en 2013. La operación -cuenta ahora en reserva uno de los que participó en  las negociaciones-.fue ardua y no se conoció al comprador hasta que se firmaron los papeles. Todo se hizo en blanco.

La razón social no cambió, es la misma porque no sólo se quedó con la estratégica y valorada propiedad sino que además recibió el fondo de comercio.

A orillas del lago Gutiérrez, sobre la Ruta 82, a un paso del cerro Catedral y conectado al centro de Bariloche, la hostería El Retorno fue durante años un lugar ideal para el descanso. La calidez de la madera, las flores y los cauquenes del jardín, el muelle, la playa, el bosque, el parque eran los ingredientes perfectos para unas vacaciones ideales y para los residentes que disfrutan del té, una de las mejores opciones de esos domingos de invierno.Pero este pequeño paraíso no existe más. El Retorno da miedo. Y no es sólo una metáfora. El saqueo de los edificios que hasta hace meses eran una hostería y cabañas acompaña el derrumbe del pequeño imperio económico que Cristóbal López, hoy detenido por defraudación al Estado, comenzó a amasar en Chubut hace 30 años y consolidó durante los gobiernos kirchneristas.El entonces Grupo Indalo, de López, le compró la hostería a una sociedad de capitales barilochenses en 2013. La operación -cuenta ahora en reserva uno de los que participó de las negociaciones- fue ardua y no se conoció al comprador hasta que se firmaron los papeles. Todo se hizo en blanco.La razón social no cambió, es la misma porque no sólo se quedó con la estratégica y valorada propiedad sino que además recibió el fondo de comercio.

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 26 de enero de 2020

 

La Argentina dio un paso al frente durante 2019 en el índice anticorrupción anual que elabora la ONG Transparencia Internacional (TI). En su último año, Mauricio Macri obtuvo la mejor calificación de su gestión en el ranking, aunque el país continúa lejos de los primeros lugares.

La Argentina escaló en 2019 al puesto 66 del Índice de Percepción de Corrupción, un ascenso de casi 20 lugares en el ranking global. El país obtuvo 45 puntos sobre los 100 posibles (el año pasado consiguió 40 puntos) y superó, así, la media de todo el estudio, compuesto por 180 países.

¿Cuál fue el principal motivo del ascenso? El avance judicial de los cuadernos de las coimas, un caso que trascendió fronteras y que involucró en los tribunales tanto a funcionarios públicos como a empresarios, indicó la abogada argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción califica a los países en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de 13 evaluaciones que se hacen a través de encuestas a especialistas en la materia y empresarios.

Pese al avance en el ranking, la Argentina no solo continúa lejos de los primeros lugares en materia de transparencia a nivel mundial. En América Latina, se ubica en el puesto 13 sobre 32 países. El primer lugar les corresponde a Uruguay (21º) y a Chile (23º), dos países limítrofes.

Pero el estudio muestra un mejoría de la Argentina en comparación con Colombia (96º) Brasil (106º) y México (130º), países con más equivalencia en cuánto a la cantidad de población. Entre los más opacos latinoamericanos aparecen Venezuela (173º), Haití (168º) y Nicaragua (161º).

«La mejora de la Argentina se relaciona especialmente con el avance de causa de los cuadernos de las coimas. El proceso generó expectativa sobre la posibilidad de poner fin a la impunidad. La Justicia no solo alcanzó a los funcionarios públicos, sino también a los empresarios», dijo Ferreira Rubio. La especialista, además, advirtió: «La corrupción no se terminará si la resolución de los casos judiciales demora años en la Argentina y los procesos terminan prescriptos».

Con el ascenso de 2019, la Argentina supera un período de estancamiento durante los anteriores dos períodos. El último gran salto se había dado en 2016, cuando, tras la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada, la percepción sobre la corrupción en la Argentina había bajado, un tendencia que también se repitió en 2017.

A escala global

El Índice de Percepción de Corrupción lo lideran Nueva Zelanda y Dinamarca, ambos con 87 puntos, seguidos por Finlandia (86), Singapur y Suecia. En el otro extremo, los países percibidos como más corruptos son Siria, con 13 puntos, Sudán del Sur (12) y Somalia (9).

Como lectura global, Transparencia Internacional hizo hincapié en que «más de dos tercios de los países -incluidas las economías más avanzadas del mundo- muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción». Este fenómeno contribuyó también al marcado ascenso que registró la Argentina.

La ONG alertó además que los países donde las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos «son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares tienen menos posibilidades de reducir la corrupción».

En cambio, los países que cuentan con «regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática», tienen una puntuación sobre la percepción de la corrupción mucho más alto que la media, señalaron desde la organización civil, informó La Nación.

En la presentación de la acusación de las imputaciones contra 20 ex funcionarios y empresarios de la construcción, los fiscales destacan que Víctor Cisterna y Diego Correa fueron presuntamente los mentores del plan.

“A mediados de diciembre del año 2015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por los ministros Víctor Cisterna (jefe de Gabinete), Pablo Oca (Economía), Alejandro Pagani (Infraestructura) y los secretarios de la Gobernación Gonzalo Carpintero y Diego Correa, actuando con el aval expreso del por entonces gobernador Mario Das Neves, de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del Estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una asociación ilícita destinada a la comisión de múltiples delitos mediante”, expresa la acusación.

Sostiene que estos delitos apuntaban a “recaudar dinero proveniente de retornos aportados por empresas constructoras contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra”.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz argumentan que con ese fin “gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de la asociación ilícita, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquéllos que se situaban en la cima de la organización, fue en definitiva por todos conocida, la que dentro de la administración pública provincial fue conocida como la ‘Circular’”.

La circular determinaba que ninguna contratación de cualquier índole podía hacerse desde la administración pública “sin la venia previa de Correa o Carpintero”.

De este modo, los fiscales denuncian que Cisterna, Carpintero, Oca, Correa y Pagani “decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan corrupto, las que luego cumplirían con celo”.

En ese sentido, manifiestan que “acordaron que sería Cisterna quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales, base imponible, ubicación temporal de la demanda, los retornos y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias anómalas)”.

Cumplida esta labor inicial, “comenzaba la gestión de Pagani, quien instruía a sus dependientes para que les confeccionen, mediante la utilización del SIAFYC (sistema), planillas donde debían figurar los certificados de obra ya emitidos, y confeccionada la respectiva Orden de Pago Presupuestaria”.

Las planillas eran remitidas sin firmas a Correa por diversos medios, entre ellos, por el propio Pagani, remitidas a través de empleados o a través de mensajes de mail –según publica Diario El Chubut-.

“Correa, previo a verificar si los empresarios mencionados en las planillas habían pagado dádivas, indicaba cuáles empresas debían quedar, agregadas en las listas definitivas”, describe la acusación.

Según los fiscales, este resultado final era reenviado a Pagani, que luego se las giraba a Oca, “quien sin más trámite efectivizaba las demandas espurias a los empresarios”.

El Comodorense

La diputada del Frente para la Victoria Gabriela Dufour de origen radical está, desde hace años, asociada a las cuestiones oscuras vinculadas con la pesca. Curros con permisos y administración fraudulenta con el tema Alpesca. No estuvo sola. Di Filippo, Das Neves y los “Jóvenes Brillantes” son actores protagónico de la matriz de corrupción en la pesca que denunció Cholila Online con lujo de detalles estando Das Neves en vida.

Dufour estuvo al mando del ministerio de Desarrollo Territorial del Chubut en el último tramo de la gestión Buzzi (incluía la Subsecretaría de Pesca) y mucho tuvo que ver con negociados a la hora de las adjudicaciones de permisos de pesca o renovación de los mismos. Un empresario dice tener un mail de Carlos Lógica esposo de Dufour que es “ñoqui vip” de ella en la legislatura en donde tendría con lujo de detalles el listado con nombres de empresarios y montos. En vez del listado excel de Diego Correa este sería el listado de mail de Lógica.

Al mismo tiempo, el gobernador Martín Buzzi la puso al frente del Comité de Administración de la ex Alpesca. La función la desempeñó hasta fines del 2015 y todo terminó también en sospecha y denuncias judiciales.

Antes de ayer la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios de la actual Diputada Provincial del Frente para la Victoria y del ex funcionario Omar Albornoz, que habían sido condenados a 2 años y 8 meses por administración fraudulenta de los bienes de Alpesca.

La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios de Gabriela Dufour y Héctor Omar Albornoz, condenados a 2 años y 6 meses por administración fraudulenta de los bienes de Alpesca.

¿Queda claro que esto que se denunciaba desde Cholila Online era imposible de contrarrestar por más que Dufour se encargaba de subestimar a este medio? Si bien no fueron las coimas igual se hizo un poco de justicia en la pesca.

Es la Corte Suprema de la Nación la que dice que hubo una administración fraudulenta en los bienes que eran de la ex Alpesca.
Hace un año atrás desde este mismo espacio denunciábamos “La matriz de corrupción política en la pesca”.  La matriz de corrupción política en la pesca

Denunciábamos un “Embrujo” vinculado a la pesca donde se habrían recaudado unos 15.750.000 millones de pesos en coimas de la Pesca en 3 años. Si se animan a denunciarnos invitaremos a los empresarios a que le cuenten a la justicia lo mismo que nos contaron a nosotros. Así que mejor sigan mascando bronca contra Cholila Online.

Dufour “intervino” la ex subsecretaría de Pesca y negoció ella misma la renovación de permisos de pesca. Algunos empresarios pesqueros que se animaron hablar con Cholila Online reconocieron que tuvieron que pagar hasta 30 mil dólares para renovar sus permisos de pesca, recordemos que en la Flota amarilla son 35 buques de pesca y hace un par de años el dólar estaba a 5 pesos.

Un enviado de Dufour los apretaba de muy mal gusto diciéndoles que si no pagaban no había renovación, entonces todos debían realizar los pagos.

Con el retorno de Das Neves al poder, los “Jóvenes Brillantes” fueron los encargados de darle su manejo a la misma trama, incorporando al “Peludo” Alfredo Di Filippo al reparto. El “Peludo” y Dufour estaban a cargo como diputados de una comisión de revisión de permisos de pesca, que en realidad nunca cumplió su cometido real. La Comisión investigadora de permiso de pesca que crearon se pisó sola ya que Di Filippo y Dufour se iban a investigar a ellos mismos por lo que se ahogaron en su propia saliva.

CAMBIO DE MODUS OPERANDIS

Los “Jóvenes Brillantes” por orden del gobernador Mario Das Neves ya no debían cobrar coimas de la misma manera que denunció Gilardino que lo hacía Dufour ya que esa matriz estaba agotada pero buscaron un nuevo modus operandis que fue entregar más permisos de pesca para recaudar para la corona y para sellar los acuerdos políticos.

REPARTIJA DE LA TORTA

Los empresarios nos dieron algunos nombres de funcionarios que negociaban a nombre del Gobernador, como el caso de Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Alberto Gilardino, Lino Villagra, “El Negro” Bustamante y Alfredo Di Filippo el embrujado que negoció con los “Jóvenes Brillantes” ir contra el sector pesquero para repartirse la torta de la venta de los permisos de pesca.

6 MILLONES DE DÓLARES EN VENTA DE PERMISOS DE PESCA

Cuando se enteró Das Neves que sus “Jóvenes Brillantes” y el Peludo seguían negociando a sus espaldas diez permisos de pesca por 6 millones de dólares, hubieron gritos, Mario les revoleó con lo que tenía con sus pocas fuerzas, porque quería el bronce no el hierro de las celdas, y ya habían cometido muchos errores, porque muchos “caranchos” querían parte con estos permisos y la lista se acrecentó demasiado, ya que otros funcionarios y actores cercanos a la pesca no querían ser convidados de piedra.

COMPROMISOS CON PESCAPUERTA Y NEWSAN

Das Neves de esta manera luego de haber recibido la prueba de que los “Jóvenes Brillantes” en sociedad con el “Peludo” seguían insistiendo suspendió también la ley de pesca ya que intentarían por todos los medios cumplir con los compromisos asumidos entre otros con Pescapuerta y Newsan para otorgarles permisos de pesca a los Buques Pesqueros Punta Pardelas y Santorini.
Hoy se ratifica la condena a la diputada provincial Gabriela Dufour. Queda Di Filippo para lo último, después del “9J” mientras tanto le dan el abrazo del oso. Y Cholila Online lo sacó a la luz. “La verdad sin vueltas”.


Notas relacionadas: Pesca: dos diputados y un empresario denunciados por presuntas coimas

¿HANSEN CÓMPLICE DE DI FILIPPO POR LAS PRESUNTAS COIMAS CON LOS PERMISOS DE PESCA?

Volvieron a postergar la audiencia de apertura de investigación contra Federico Verdeau, que será imputado por las presuntas contrataciones irregulares en el Instituto de Asistencia Social.

El fiscal Alejandro De Franco sospecha que Verdeau participó en la firma de vínculos con empresas que estaban ligadas a otros funcionarios del área. La audiencia ahora se haría en febrero.

Verdeau es esposo de María Victoria Das Neves y yerno del extinto gobernador Mario Das Neves y fue gerente general de Lotería del Chubut.

En esa misma causa están imputados y con medidas restrictivas el extitular de Ceremonial del gobierno de Das Neves, Oscar “Chito” Alarcón, sobre quien pesa una medida de arresto domiciliario, en tanto el exgerente de Relaciones Institucionales del IAS, Josué Dahhur, tiene prisión preventiva.

Según dijo a Jornada Emilio Galende, defensor de Verdeau, le notificaron verbalmente que se concretaría en una fecha de febrero, tras la feria judicial.

El abogado confirmó que tuvo un encuentro con el fiscal Franco y “en el marco legal” le habría adelantado al funcionario de la Procuración General la intención de Verdeau de ofrecer un vehículo particular a modo de caución. Es un Ford Kuga que fue ofrecido como caución a cambio de garantizar el cumplimiento de las medidas que pudieran plantearse en la audiencia.

Con este ofrecimiento, que el abogado señaló “puede ser un bien inmueble, un vehículo o personal”, el exfuncionario intenta garantizar que se ajusta a las condiciones de la justicia pero sin quedar detenido o con arresto domiciliario.

El abogado resaltó que se trata de una acción legal, más allá que no ocultó su molestia por el hecho de que hubiera trascendido su conversación con el fiscal y aclaró que “la decisión final la tendrá el juez de la causa”.