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Como un claro testimonio de la impunidad con la que pretenden moverse estos tétricos personajes, el vehículo se encuentra destruido, estacionado enfrente de una seccional de policía en la ciudad petrolera. Ahora, el funcionario que decían que iba conduciéndolo al momento del siniestro lo niega y hasta se da el lujo de advertirles a los medios que publicaron la noticia, que les iniciará acciones legales.

Federico Pérez Mariani no llegó a la provincia con buenos antecedentes (eso será motivo de una próxima publicación) y se convirtió con el tiempo en uno de los hombres de extrema confianza del controvertido ministro de Seguridad que tiene Chubut, Federico Norberto Massoni.

Pérez Mariani es actualmente subsecretario de Seguridad Informática y está imputado en una denuncia penal que dos abogados comodorenses le hicieron a él, a su jefe y amigo Massoni, y a otros miembros del gabinete del gobernador Mariano Arcioni; por graves delitos contra el Estado y la ciudadanía chubutense, utilizando como excusa la cuarentena por el Covid 19.

Dicen que es quien ha tenido acceso a datos privados y sensibles de gran parte de los habitantes de la provincia, a través de las plataformas que se utilizaban para autorizar la circulación en Chubut y que por eso no descartan que junto a Massoni termine vinculado a una investigación penal por supuesto espionaje ilegal.

Este sujeto tripulaba presuntamente el Volkswagen Bora -patente JAN 304- de la provincia, que fue estrellado contra los bolardos de contención de la avenida Ducos en Comodoro Rivadavia. El vehículo quedó completamente destruido, y dicen que Pérez Mariani fue trasladado a un centro sanitario del sector privado.

La noticia de este hecho recién trascendió a los tres días porque Massoni le habría prohibido a la policía que lo divulgara, hasta amenazando con sanciones si alguien lo hacía. ¿Por qué habría querido ocultar algo así?

En varios medios de la ciudad petrolera se publicó que era Pérez Mariani quien manejaba el coche y que un test de alcoholemia le habría dado positivo. Ahora parece que el mismo Pérez Mariani anda diciendo que él no era el conductor y que va a iniciar acciones legales contra aquellos portales que se hicieron eco de la noticia. Coincidentemente, horas después de que Massoni estuviera en Comodoro, supuestamente, “arreglando” algunos datos de la documentación labrada por la propia policía con motivo del accidente.

¿Esta es la gente que nos gobierna? ¿Estos son los que le exigen a la ciudadanía que respete las leyes? ¿Quién se va a hacer cargo de la plata que va a perder el Estado chubutense con ese vehículo que destruyeron? ¿Massoni? ¿Pérez Mariani?

Gustavo, por favor certificá que la 202 y 404 estén abiertas hasta las 19. Ayer nos corrieron a las 11.30. Si no, no podemos avanzar. Necesitamos las escuelas abiertas”, le escribió Jorge Santucho a Gustavo Hueichán. La respuesta: “Hola Santucho, dale. Yo les aviso para mañana”.

Luego Hueichán le escribe a Santucho:

-En cual están ahora?

-185, 441, 4…

El intercambio de mensajes de texto es una de las evidencias que posee la Unidad Anticorrupción para intentar probar que la exministro de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, encabezó un plan para defraudar al Estado mediante obras de refacción y mantenimiento de escuelas, en enero de 2019. La acusación espera la audiencia preliminar para el juicio oral y público.

En otro aviso, Hueichán la previene a Daiana Henríquez, secretaria administrativa de las empresas constructoras Lada y Ramida: “Buen día, te paso el listado para que tengas y así ves las escuelas que tienen que cobrar cada empresa, así tienen cómo mostrarles a la escuela”

Y de Raúl Care, exsubsecretario de Coordinación de Educación, para Henríquez: “Se pagó LADA, mañana se acredita en la cuenta (…) Ahí me informaron de contaduría de la Escuela 196, sale mañana tengo que apurarlo”, en clara referencia a un pago. Por último, Care le consulta a Henríquez: “Buen día, le pagaron de 196?”. Ella contesta: “Sí, mil gracias”.

Jorge Santucho se presentaba como empleado, jefe o responsable de obra de constructoras según fuera necesario. Y Hueichán era secretario privado de Care.

Los otros involucrados son Daniel Schmidt, titular de Lada Construcciones y Ramida; su empleado Félix Currumil; Daniel Gel, responsable de Gefer y Calypso Revestimientos, y Roxana Pereyra.

El fiscal Omar Rodríguez considera que este grupo armó un concurso de precios para quedarse con las obras de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión. Idearon una competencia falsa con ganadores anticipados. Y para garantizarse la renta fijaron elevados sobreprecios en los rubros en comparación con los del mercado. Así dañaron el patrimonio del Estado en $ 1.465.615 repartidos en 21 cheques. La pesquisa impidió que ganaran más.

El 25 de enero, Cigudosa envió una nota a la subsecretaria de Recurso Apoyo y Servicios Auxiliares, Liliana Díaz. Le pedía partidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento de las escuelas capitalinas.

En febrero, la exministro firmó dos resoluciones asignando esas partidas extraordinarias: $ 7.404.079 para las regiones III, IV y VI, y $ 1.844.595,33 para la Región II de Puerto Madryn. Según Fiscalía, los precios en varios establecimientos superaban holgadamente los montos máximos del régimen de contrataciones. Cigudosa fue directora y lo sabía.

Pero 15 días antes de estas resoluciones, el 24 de enero, “falazmente se incluyó el acta de apertura de sobres y elección por el menor valor de las empresas asignadas”. En febrero ya había “ganadores” adjudicados y montos de contrataciones para la Región IV.

En la ficción, la Delegación Trelew de Educación había diseñado la compulsa de precios. Pero un exdelegado relató que “la orden la dio Care por teléfono”. Le dijo que “va salir la plata y en líneas generales le vamos a pagar 50 al inicio y 50 con el certificado”.

Este exdelegado fue obligado a firmar un acta de apertura de sobres donde no estuvo y un cuadro comparativo de precios donde no intervino. Estaba de licencia en su casa y allí fue Care para insistirle. “Buscó hacer aparecer que había existido una selección de proveedores, y que se había materializado en la Delegación Trelew, situación que no ocurrió”. Todos estos documentos se hallaron en una notebook secuestrada en el Ministerio en Rawson, aunque lo lógico era que estuvieran en Trelew.

Los proveedores recibirían cheques con un anticipo del 50 %. Pero ni de la nota a Díaz, ni de los anexos, ni de las Resoluciones surge ese anticipo. “No fue azar sino parte del plan para evitar ser detectados en el accionar ilícito por la Contaduría General de la Provincia y el cuerpo de Asesores Legales del Ministerio”. Cigudosa actuó así para no quedar al descubierto que violaba la Ley de Contratación al disponer sumas excesivas. A cinco días de las resoluciones los elegidos ya cobraban los primeros cheques.

La acusación considera que se eligió la figura de “Partidas Escolares” para evitar los controles de Contaduría y no tener que generar órdenes de pago presupuestarias. En el expediente ni se menciona el proceso de contratación, que ya estaba abrochado.

Los directores fueron usados como meros intermediarios en el pago. No participaron de las contrataciones: desconocían el proceso, la selección de empresas y los montos. “Esto permitió que Santucho se haya presentado en casi todos los establecimientos a llevar adelante las refacciones, cuando en muchas habían sido otros los proveedores adjudicatarios”. Los directores no podían saberlo porque desconocían el seleccionado.

Santucho ensayó un relevamiento ficticio de las necesidades. Es que hallaran lo que hallaran, ya sabían que harían solamente cambio de tubos fluorescentes y cerraduras, limpiezas de caloramas, reposición de tapas de inodoro, reposición de vidrios rotos, entre otras obras menores. No lo que las escuelas pedían.

“Para hacer más difícil el descubrimiento de su accionar, y darle apariencia de sana competencia, utilizaron varias empresas”. Schmidt usó Lada y Ramida; Gel hizo lo mismo con Gefer y Calypso; Santucho hizo lo propio con Roxana Pereyra (pareja de su hijo).

El fiscal advirtió que en la puja de precios usaron nombres de personas que ni sabían del tema. Como un maestro mayor de obras que no reconoció su firma en las cotizaciones ni fue invitado. “Aumentaban el número de competidores para transparentar y hacer creer que era una competencia limpia, que aparezca una empresa diferente participante a las que fueron elegidas”.

Dibujaron memorias descriptivas y cotizaciones para que pareciera legal. Recorrieron las escuelas, hicieron obras menores, presentaron las facturas y retiraron los cheques. Los endosaron y se lo entregaron a Schmidt, quien a su vez los endosó para cobrarlos. Había facturas presentadas con numeración correlativa: 1, 2, 3, 4, armadas para la maniobra. Care y Hueichan “armaron carpetas con documentación falsa, presupuestos armados y cotizaciones de proveedores totalmente ajenos”.

Hueichán facilitó la entrada de Santucho a las escuelas. Si había problemas con los porteros, pedía que el Ministerio “les aplicara un correctivo” para que el plan siguiera sin contratiempos. Ambos tenían comunicación fluida. También recolectó los teléfonos de las empresas para “documentar falsamente” a quienes se había invitado a cotizar. “Sobre todo por la eventualidad de que fueran citados por la Fiscalía, según los dichos del propio Hueichán”.

Fiscalía concluyó que la competencia fue un montaje. El total de contrataciones de la región IV de $3.456.223 debió haberse licitado.

Por ejemplo, en la Escuela 47 debía trabajar Calypso, propiedad de Gel. Eran $ 347.0000 y su 50% superaba el límite. “De manera ingeniosa quienes realizaron el cuadro comparativo de precios decidieron dividir el monto por tres, arrojando como partida $ 145.000”.

Los secuestros incluyen un celular Samsung con una leyenda en su funda: “Lo mejor está por llegar”.#

“Insistían todo el tiempo con el pago”

Empresas y empleados recorrieron las escuelas desde enero, dice la acusación. El director del Centro de Formación 650 le pagó a Currumil $ 54.937. Declaró que los precios estaban sobrefacturados. Ese que ese Centro forma profesionales que saben cuánto cuestan estos trabajos.

Desde la Escuela 47 advirtieron que no había orden por escrito. “No sabíamos qué iban hacer, y quiénes”. No sabían a quién metían en las aulas. Allí debía trabajar Lada pero el cheque fue para Ramida. “Care llamaba insistentemente para que pagaran”. No le hicieron caso hasta que Delegación envió una nota.

La Escuela 178 le pagó a Gel, de Calypso. Lo raro es que presentó boleta con el monto exacto: $ 49.453. Gel no debía trabajar allí ya que la adjudicataria era Lada. “Demuestra que contaba con información previa y exacta sobre el monto a cobrar, y que Lada y Calypso forman parte de la maniobra”.

En la Escuela 185 Santucho se presentó pero le negaron el cheque ya que no tenía orden del Ministerio. Hasta que llegó la nota de Delegación.

En la cuenta de la Escuela 202 Educación depositó $ 112.941. Pensaron que era para el comedor, según una declaración. Hasta que se presentó Henríquez a cobrar. Les llamó la atención que el monto depositado coincidía con la boleta.

A la cúpula de la Escuela 401 no sólo le llamó la atención que primero llegara la partida para refacciones y luego Santucho a cobrar, sino que “sobre lo urgente no se hizo nada, incluso el gas en los termotanques y calefactores no fue habilitado”. Esto ponía en riesgo la seguridad de los chicos. Schmith debió llamar de urgencia a un gasista. Lo raro es que la elegida era Calypso y no Schmith.

Una referente de la Escuela 795 explicó que las refacciones cada año las hacía personal de Obras Públicas o de la delegación del Ministerio. Siempre se relevaba y se elevaba a Educación. “Pero este año fue distinto. A comienzos de año se nos asignan $ 104.000, por lo que consultamos a Delegación y se nos anotició que era para pagar las refacciones. Se presentó Lada y el representante fue Santucho. Todavía no habían cambiado los tubos fluorescentes de tres aulas y ya querían cobrar, insistían todo el tiempo con el pago”.

Tampoco en la Escuela 509 los arreglos coincidían con las necesidades. Y en la Escuela 7.705 Henríquez intentó cobrar sin la obra hecha. En ambas Santucho se presentó como encargado y dejó su número. #

“Los directores comenzaron a pedir explicaciones”

Las necesidades del “Plan Verano” no eran lo que las escuelas pedían urgente. Padecían paredes agrietadas, tableros de luz en mal estado, falta de pintura, inundaciones. “Se pudo poner en riesgo con dicho accionar la seguridad de los niños”, subrayó la Unidad Anticorrupción. En la Escuela 441 hasta decidieron no iniciar las clases al no verificarse los trabajos de gas.

El grupo imputado no atendió prioridades ni le importó recibir en condiciones a los chicos. El modelo básico fue limpiar calefactores, cambiar luces y tapas de inodoro, reponer vidrios, cambiar tomacorrientes y arreglar baños.

En una escuela se presupuestó una costosa bomba de agua por $ 11.707. Pero las que tenía funcionaban. Ni Santucho sabía porque la habían presupuestado. Por las dudas, la dejó.

El precio de los elementos fue mayor al valor de mercado. En los cambios de tubos led y limpieza de calefactores la mano de obra superó ampliamente el valor de los materiales: en algunos casos fue tres o cuatro veces más del precio de lista comercial.

En la Escuela 4 se presupuestó por limpiar cada calefactor $ 6.034,49 por unidad. Gasistas matriculados declararon que en realidad, esta limpieza cuesta entre $ 600 y $ 800. El contratado por las empresas investigadas, refirió que oscila en los $ 1.000. “Claramente deja en total evidencia el elevado precio cotizado por Santucho y la empresa Calypso (Daniel Gel), quienes cobraron los disparatados importes”. Embolsaron fácilmente entre 5 o 6 veces el precio de mercado.

En la Escuela 729 se cambiaron 79 tubos fluorescentes cobrando $ 45.790. Esos tubos valieron $ 129 cada uno. Total: $ 10.191. Gel cobró como mano de obra $ 35.605. O sea, más de tres veces el valor del material.

En la Escuela 20 se presupuestó $ 5.600 por el cambio de 2 tubos. Valían $ 219 cada uno. La mano de obra se cobró $ 5.162.

En la Escuela 509 se presupuestó $ 47.260 por el cambio de 63 tubos. Pero el precio por unidad fue de $ 129. O sea que el costo de materiales era $ 8.127. “Es excesiva la suma de $ 39.133 el valor de la mano obra, más de cuatro veces el valor de los materiales”.

Los trabajos de recambio de tubos ni siquiera se verificaron. Consta en las actas que no se sabe si se reemplazaron.

“A tal punto llegó la situación irregular que los directores comenzaron a solicitar explicaciones al Ministerio y a la Delegación para saber qué empresa era designada, quiénes realizarán la refacción y quiénes estarían a cargo, debido a que no contaban con esa mínima información”. Exigían instructivos por escrito.

El grupo necesitaba que las escuelas estén abiertas, algo difícil en vacaciones de verano. Fue Hueichán quien llamó a la Delegación y los directores para que dejen entrar al personal.

Henríquez –por orden de su jefe Schmitd- en la mayoría de las escuelas pasaba a cobrar los cheques sabiendo el importe para las facturas. No podía saberlo sin datos internos del Ministerio. Y Santucho aparecía como jefe de los trabajos pero sólo recibía órdenes de Henríquez, quien a su vez las recibía de Schmitd.

La maniobra intentó replicarse en Puerto Madryn. De Lada le escribieron a Schmitd: “Vos agarrá 25 y me decís cuáles son”. Santucho contesta: “Ok, hoy me da la lista Corcho (por Care)”. Y de nuevo Lada: “Ok vas a ser 18/ de Madryn por si hablas con Corcho”

El concurso para la ciudad del Golfo se hizo pero quedaron afuera. Sus presupuestos eran muy caros.

Detrás de todas las empresas aparece Schmitd. “Su papel es clave, toda vez que el despliegue de empresas y de personas fue con un solo fin: quedarse con las partidas. Fue el último beneficiario”. También el último endosante de los cheques.

Hasta ensayó una estrategia por si la Justicia los rozaba. Se halló un manuscrito suyo con frases así: “LADA, RAMIDA, CURRUMIL, ROXANA, SANTUCHO, CALYPSO, GEFER”, “Todos contratan a Santucho como supervisor y dirección técnica de cada escuela y obra”, “ASOCIACION ILICITA?”, “Vale declaración de Díaz??”, “Lada y Ramida compiten en una misma obra que hacer” y “Qué hacer si somos citados por el fiscal”. #

“El motivo fuela codicia”

La acusación que elevó la Unidad Anticorrupción calcula unos 182 testigos sumando exdiputados provinciales, secretarios, directores, profesores y personal, entre otros. Lo más probable es que la lista se reduzca en acuerdo con las defensas. Las escuelas involucradas son las número 4, 20, 47, 167, 178, 185, 190, 306, 401, 441 459, 504, 525, 552, 509, 650, 702, 729, 752, 776, 795, 202, 404 y 7705.

Con distintos grados de participación todo el grupo será enjuiciado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

El fiscal Omar Rodríguez lo consideró “un ataque al erario” con un solo fin: “Obtener un lucro indebido. El motivo fue la codicia, toda vez que no tenían ningún tipo de necesidad”. Aprovecharon sus lugares estratégicos en el poder estatal y usaron el verano, cuando no había directores que certificaran los trabajos ni indicaran las obras necesarias.

Para Cigudosa y Care pidieron inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una pena no inferior a los 3 años y 6 meses de prisión; para Hueichan, 2 años e inhabilitación perpetua; para Currumil y Pereyra, 2 años; para Santucho y Gel, no menos de 3 años. Y para Schmitd, no menos de 4 años.

Rodríguez también reclamó el decomiso de los bienes fruto de las conductas ilícitas enrostradas: bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio, señaló Diario Jornada.

La causa tiene a 13 personas imputadas, entre ellas a Otarola, ex diputada provincial y ministra de Familia.Algunos de los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y en general estuvieron en contra de la postura de los fiscales de que la causa sea considerada compleja lo que permitiría extender el plazo de investigación. Estos dos y otros aspectos, deberán ser resueltos por la jueza de garantías Ivana González –según publica ADN Sur-.

La causa está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron llevados a proceso Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos, pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Los defensores y sus asistidos

El conocido abogado penalista Fabián Gabalachis defiende a Torres Otarola y a otros cinco imputados. No se opuso a la apertura de la investigación aunque sí rechazó que la causa sea considerada compleja, al igual que el resto de los defensores.

El defensor oficial Carlos Pericich defiende a Mara Rodera, su colega Omar López defiende a Patricia Claudina Antonio. El defensor oficial Damián Dantonio defiende a Alberto Gilardino, el abogado particular Jorge Rubiolo asiste a Pamela Matamala y Facundo Andrés Jodré, mientas que Zulma Manyauik asiste a Marcelo Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Ángel Retro Trelles y el penalista Fabian Gabalachis a Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil y Branco Rodera Neira.

La reanudación de la audiencia fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson, lugar donde el martes pasado que se inició el debate y que solo pudo ser ocupada por empleados, fiscales y trabajadores de prensa, por cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.

Niñera y empleada

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel, según la investigación previa realizada por los fiscales.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

Mismo modus operandi

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

Transferencias

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Acción coordinada

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Este martes desde las 10 está convocada la audiencia de apertura de investigación en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que se imputará a la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas por los presuntos delitos de fraude al Estado y concusión. La jueza será la doctora Ivana González y el fiscal Omar Rodríguez tendrá a su cargo la lectura de los hechos por los cuales se pretende llevar a juicio a la ex funcionaria, que debió renunciar a su cargo a comienzos de julio.

La audiencia se realizará en la sala 2 de la Oficina Judicial ubicada en la capital provincial, con parte de los protagonistas de manera presencial y otros –probablemente la mayoría- por el sistema de videoconferencia. Según trascendió Otraola no se haría presente, sino que junto a su abogado participará desde su domicilio de manera virtual.

Oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a esa Oficina el respectivo pedido de imputación en la causa. Está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. En total son trece las personas involucradas.

Según el pedido de apertura de investigación, se acusa a Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión; Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Silvana Adriana Cañumil, con domicilio en Rawson, y Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, de Trelew.

Según el fiscal, Otarola incurrió en fraude a la administración pública como autora en 10 hechos y en concusión en 3 hechos, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Los mismos delitos para Jaquelina Rodera pero en cinco hechos. El resto será imputado por fraude a la administración pública.

COMO DIPUTADA

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

TAMBIÉN COMO MINISTRA

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

TRANSFERENCIAS

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Párrafo aparte es la situación de M.N.F., quien figura como directora en el Ministerio. Es la hija de Sandra Jaramillo, empleada doméstica en la casa de Otarola desde 2019 hasta enero. La exministro le ofreció incorporar a su hija a Familia. Le pidió foto y DNI por WhatsApp. La designó pero sólo fue a trabajar un par de días. Sucede que M.N.F. se tuvo que presentar donde funcionaban las oficinas de CORFO, justo cuando se vivía un clima de tensión. Además, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Otarola significó que la primera le dijera a su hija que no fuera más.

Según relató la testigo, Torres Otarola dijo que su hija trabajaría en la Secretaría Privada con un sueldo de $ 20.000. Sin embargo el haber real era de $ 43.558. “Esto pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario por parte de la funcionaria”. En la cuenta sueldo de M.N.F. no hubo movimiento del dinero, que sigue ahí. Madre e hija desconocían que existían pagos de haberes por el cargo.

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Una alta fuente judicial le confió a este portal de noticias que de no haber sido por la pandemia los hijos y la exmujer del millonario sindicalista Héctor Rubén González hubieran estado presos, porque son graves los delitos que les imputan en la causa por narcotráfico que les abrieron en el Juzgado Federal de Rawson.

Lisa y llanamente el juez considera a los González narcotraficantes, dado que cree –según el análisis que debe haber hecho de toda la prueba que colectó la policía– que tenían ese “bosque de marihuana” en la casa con intenciones de comercializarlo para producir droga.

Ahora trascendió que habrían pedido declarar y que en las próximas horas el magistrado los citaría a una audiencia para ampliar “lo poco” que dijeron cuando se los llamó a indagatoria.

Es que se deben estar dando cuenta de que pueden ir a prisión por unos cuantos años y hasta no suena a descabellado de que alguno de los imputados esté pensando en declarar como arrepentido, a cambio de beneficiarse con una rebaja de pena.

Si esto se llegaría a concretar al “Gordo” González, el polémico sindicalista lucifuercista, devenido ahora en empresario de medios, le podría subir bastante la presión arterial. Como aquel día en que le allanaron la mansión en donde él supo vivir y descubrieron el bosque de marihuana.  

Aquellos que conocen gran parte del expediente sostienen que la exmujer y los hijos del dueño del diario Jornada de Trelew no saben cómo zafar del concurso de delitos que les endilgan y que si no dicen la verdad: lo que saben, inminentemente van a terminar en la cárcel.

El juez no los ha metido presos hasta ahora por la pandemia, porque no quieren llevar “gente de afuera” a un centro de detención, esa es la explicación que dan allegados al magistrado con respecto a la libertad que gozan momentáneamente los González.

Después de la ampliación de la indagatoria que se les estaría recibiendo por estas horas, el magistrado tiene de nuevo diez días hábiles para resolver la situación procesal de cada uno disponiendo un procesamiento con prisión preventiva o no.

Bien vale recordar que ya han pasado dos meses de aquel día en que la policía allanó la mansión de los González y descubrió que en el patio principal de la propiedad tenían más de cien plantas de marihuana, varios cientos de plantines diseminados en distintos lugares y más de una decena de plantas de “cactus San Pedro”, una especie que como té o preparado es también altamente alucinógena.

Ese procedimiento fue efectuado al mediodía del 19 de mayo en una imponente propiedad de la calle Cangallo al 100 y Belgrano, a metros de un establecimiento educativo y sus moradores hasta ese entonces ni se imaginaban que iban a estar en una situación como la actual; involucrados en una causa judicial y con posibilidades de ir a prisión en cualquier momento.

Para el juez “cultivaban plantas de marihuana para elaborar estupefacientes” y por ese ardid los cree presuntos autores de los delitos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas” y hasta de “ejercicio ilegitimo del arte de curar” que estaría vinculado, según se presume, a la supuesta venta de aceite de cannabis.

Es importante aclarar que el concurso de delitos que les atribuyen en la Justicia Federal tiene un agravante y que es ser cometido por tres o más personas, y en las inmediaciones de un establecimiento educativo, como lo es la escuela primaria que funciona a metros de la mansión de los González.

El comercio de estupefacientes a gran escala es una figura muy grave que está severamente castigada en el Código Penal Argentino con penas que van de 15 a 20 años de cárcel; un futuro que puede hacerse realidad para los hijos y la expareja del millonario sindicalista Héctor González, hoy también integrante de una sociedad que tiene varios medios de comunicación en Trelew, como lo son el  diario Jornada y unas emisoras de frecuencia modulada llamadas “FM Tiempo”.

No son pocos los que se preguntan en los tribunales federales sobre qué pasaría con González si alguno de los hijos decidiera “hablar”.

Una vez más la presunta irregularidad en negocios inmobiliarios de tierras en Comarca Andina, toma estado público, esta vez a partir de la suspensión de rolando “Pol” Huisman como intendente de la localidad de El Hoyo .

El ahora suspendido Jefe comunal Afirma que la decisión de los concejales de suspenderlo de sus funciones, está vinculada a intereses personales con negocios inmobiliarios, y acusó directamente al concejal Salamín de abandonar la idea de regularizar las tierras, y prestarse “a otros intereses y al juego de negociados históricos que tiene la dirigencia política del Hoyo , y que no es lo que venimos a hacer nosotros, no es lo que hace el peronismo; acá hubo una traición absoluta por parte de este concejal , y en otra medida por el concejal Fanny Ávalos”,dijo.

Huisman asegura que los ediles que votaron por su suspensión, “estaban buscando una causa, y es esta”, dijo al remarcar que existe un plan destituyente que busca impedir que avance con investigación acerca de la venta de tierras, conocida como “Curro verde”.

“Nosotros hablamos con el concejal Salmín pensando que hablaba con la verdad, sobre otras investigaciones en curso que tienen que ver con otras tierras y ahora, claramente, vamos a impulsarla cuando esto se normalice”, dijo el intendente suspendido a tiempo que agregó que la situación que atraviesa está vinculada directamente con el “Curro verde”.

“Tanto la gestión anterior como la otra están siempre signada por inmobiliarios; el asesor legal anterior también, el intendente anterior tiene una inmobiliaria, y lejos de defender los intereses del público ellos trabajan para los suyos propios”.

En un mensaje grabado , Rolando “Pol” Huisman ratificó que continuará resistiendo en el Municipio de la ciudad del el Hoyo, hasta tanto se expida la justicia.

Es muy poco lo que se conoce del pasado de Néstor Gómez Ocampo, el actual subjefe de la policía provincial. Y, llamativamente, lo poco que hay no habla muy bien de él. Se cita, por ejemplo; una oscura amistad con un narcotraficante y las sospechas que hubo en su momento de su aparente vinculación con el caso “Langostino Santo”; el de los 110 kilos de cocaína interceptados, cuando estaban a punto de salir del puerto de Madryn rumbo a España, escondidos en cajones de langostino.

Gómez Ocampo en esos tiempos era jefe de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y hasta se llegó a decir –cosa que la Justicia no pudo comprobar— que él “en una Kangoo roja que era de la Brigada, había “movido” del lugar otra parte del cargamento que nunca habría aparecido; algo que impulsado por los detractores que tiene en la propia policía se ha venido repitiendo hasta estos días. Al igual que su inocultable relación amistosa con Omar “El Cura” Segundo, el dueño de la pesquera en donde hallaron la cocaína, que terminó condenado a varios años de cárcel y que ahora, curiosamente, está cumpliendo esa sentencia con una prisión domiciliaria.

Gómez

Todavía anda dando vueltas por las redes sociales y en algunos portales de noticias esa fotografía en la que se los ve de jolgorio después de un asado, junto a otros invitados.

Gómez Ocampo hizo la última parte de su carrera policial en Madryn, también trabajó como investigador en la fiscalía de esa ciudad; en donde no pocos lo recuerdan como el que usaba vehículos secuestrados por la Justicia para pasear o ir a buscar a su mujer al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela.

Sería el extinto Mario Das Neves, como gobernador de la provincia, quien pondría el fin abrupto a su vida policial al ordenar que se lo pasara a retiro en 2015, en una de las últimas resoluciones que haría antes de irse el jefe de Policía de ese entonces Ricardo César Hughes.

Esto bien podría ser una pequeña reseña con lo poco que se conoce del pasado de alguien a quien el ministro de Seguridad Federico Massoni quiere designar como el máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico en Chubut.

Gómez Ocampo es posiblemente un personaje controversial, oscuro, del que algunos camaradas suyos hoy se preguntan cómo hizo para llegar a ser subjefe de Policía y otros creyendo tener la verdad aseguran que con el apoyo de un fiscal y de un legislador. Los mismos que también estarían interesados, al igual que Massoni, de que sea jefe de la Agencia Antinarcóticos.

En Chubut un funcionario público, que con solo oír una sola entrevista, denota de manera expresa su megalomanías y es quien ha dirigido y maltratado, de manera ostensible, a todos los chubutenses y ¿por quién fue designado? por un gobernador inexistente, producto de su antropofagia, delegando así todas las decisiones, en el marco gravísimo de una pandemia mundial, a alguien que no está capacitado y sufriría delirios de dictador, esto no podía tener otro resultado que el que tuvo.

Además, de haber hecho un circo en cada una de sus acciones, solo donde hay prensa y en las ciudades grandes, nunca lo vimos en el interior profundo ni en las fronteras colador de la Provincia. Su jurisdicción se subsume a las ciudades grandes y siempre que haya alguien filmándolo (abre la heladera y da una entrevista). Después del circo, lo más grave: apremios ilegales, detenciones indebidas, violaciones de domicilios, supresión de garantías constitucionales, secuestro de bienes por fuera de la norma, policías matando perros y una larga lista (muy parecida a la de la época más oscura de Argentina).

Y acá, seguramente todos pensamos «no se preocupen Chubut tiene a los representantes y funcionarios adecuados para que puedan intervenir en semejante atropello». Hablo de diputados, defensores, secretarios de derechos humanos, fiscales, jueces, intendentes, entre otros.

¡NADA FUNCIONÓ! Tuvo que venir nuevamente papá NACIÓN a resolver nuestro conflicto. De esta manera, en el día de ayer intervino la Secretaria de Derechos Humanos de Nación para que en Chubut se respete nada más y nada menos que la constitución.

A orillas del lago Gutiérrez, sobre la Ruta 82, a un paso del cerro Catedral y conectado al centro de Bariloche, la hostería El Retorno fue durante años un lugar ideal para el descanso. La calidez de la madera, las flores y los cauquenes del jardín, el muelle, la playa, el bosque ,el parque eran los ingredientes perfectos para unas vacaciones ideales y para los residentes que disfrutan del té, una de las mejores opciones de esos domingos de invierno.

Pero este pequeño paraíso no existe más. El Retorno da miedo. Y no es sólo una metáfora. El saqueo de los edificios que hasta hace meses eran una hostería y cabañas acompaña el derrumbe del pequeño imperio económico que Cristóbal López, hoy detenido por defraudación al Estado, comenzó a amasar en Chubut hace 30 años y consolidó durante los gobiernos kirchneristas.

El entonces Grupo Indalo, de López, le compró la hostería a una sociedad de capitales barilochenses en 2013. La operación -cuenta ahora en reserva uno de los que participó en  las negociaciones-.fue ardua y no se conoció al comprador hasta que se firmaron los papeles. Todo se hizo en blanco.

La razón social no cambió, es la misma porque no sólo se quedó con la estratégica y valorada propiedad sino que además recibió el fondo de comercio.

A orillas del lago Gutiérrez, sobre la Ruta 82, a un paso del cerro Catedral y conectado al centro de Bariloche, la hostería El Retorno fue durante años un lugar ideal para el descanso. La calidez de la madera, las flores y los cauquenes del jardín, el muelle, la playa, el bosque, el parque eran los ingredientes perfectos para unas vacaciones ideales y para los residentes que disfrutan del té, una de las mejores opciones de esos domingos de invierno.Pero este pequeño paraíso no existe más. El Retorno da miedo. Y no es sólo una metáfora. El saqueo de los edificios que hasta hace meses eran una hostería y cabañas acompaña el derrumbe del pequeño imperio económico que Cristóbal López, hoy detenido por defraudación al Estado, comenzó a amasar en Chubut hace 30 años y consolidó durante los gobiernos kirchneristas.El entonces Grupo Indalo, de López, le compró la hostería a una sociedad de capitales barilochenses en 2013. La operación -cuenta ahora en reserva uno de los que participó de las negociaciones- fue ardua y no se conoció al comprador hasta que se firmaron los papeles. Todo se hizo en blanco.La razón social no cambió, es la misma porque no sólo se quedó con la estratégica y valorada propiedad sino que además recibió el fondo de comercio.

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 26 de enero de 2020

 

La Argentina dio un paso al frente durante 2019 en el índice anticorrupción anual que elabora la ONG Transparencia Internacional (TI). En su último año, Mauricio Macri obtuvo la mejor calificación de su gestión en el ranking, aunque el país continúa lejos de los primeros lugares.

La Argentina escaló en 2019 al puesto 66 del Índice de Percepción de Corrupción, un ascenso de casi 20 lugares en el ranking global. El país obtuvo 45 puntos sobre los 100 posibles (el año pasado consiguió 40 puntos) y superó, así, la media de todo el estudio, compuesto por 180 países.

¿Cuál fue el principal motivo del ascenso? El avance judicial de los cuadernos de las coimas, un caso que trascendió fronteras y que involucró en los tribunales tanto a funcionarios públicos como a empresarios, indicó la abogada argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción califica a los países en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de 13 evaluaciones que se hacen a través de encuestas a especialistas en la materia y empresarios.

Pese al avance en el ranking, la Argentina no solo continúa lejos de los primeros lugares en materia de transparencia a nivel mundial. En América Latina, se ubica en el puesto 13 sobre 32 países. El primer lugar les corresponde a Uruguay (21º) y a Chile (23º), dos países limítrofes.

Pero el estudio muestra un mejoría de la Argentina en comparación con Colombia (96º) Brasil (106º) y México (130º), países con más equivalencia en cuánto a la cantidad de población. Entre los más opacos latinoamericanos aparecen Venezuela (173º), Haití (168º) y Nicaragua (161º).

«La mejora de la Argentina se relaciona especialmente con el avance de causa de los cuadernos de las coimas. El proceso generó expectativa sobre la posibilidad de poner fin a la impunidad. La Justicia no solo alcanzó a los funcionarios públicos, sino también a los empresarios», dijo Ferreira Rubio. La especialista, además, advirtió: «La corrupción no se terminará si la resolución de los casos judiciales demora años en la Argentina y los procesos terminan prescriptos».

Con el ascenso de 2019, la Argentina supera un período de estancamiento durante los anteriores dos períodos. El último gran salto se había dado en 2016, cuando, tras la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada, la percepción sobre la corrupción en la Argentina había bajado, un tendencia que también se repitió en 2017.

A escala global

El Índice de Percepción de Corrupción lo lideran Nueva Zelanda y Dinamarca, ambos con 87 puntos, seguidos por Finlandia (86), Singapur y Suecia. En el otro extremo, los países percibidos como más corruptos son Siria, con 13 puntos, Sudán del Sur (12) y Somalia (9).

Como lectura global, Transparencia Internacional hizo hincapié en que «más de dos tercios de los países -incluidas las economías más avanzadas del mundo- muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción». Este fenómeno contribuyó también al marcado ascenso que registró la Argentina.

La ONG alertó además que los países donde las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos «son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares tienen menos posibilidades de reducir la corrupción».

En cambio, los países que cuentan con «regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática», tienen una puntuación sobre la percepción de la corrupción mucho más alto que la media, señalaron desde la organización civil, informó La Nación.