Tag

debate

Browsing

La Unión Europea (UE) presentó un certificado sanitario para permitir una mejor circulación de los inmunizados contra el coronavirus, en medio de un debate a nivel mundial por esta medida que reclaman los sectores más golpeados por los efectos económicos de la pandemia como el turismo, pero que también genera rechazo con argumentos que van desde una afrenta a las libertades hasta el poco conocimiento que se tiene todavía de las vacunas.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dio a conocer el proyecto para lanzar el documento, formalmente llamado «Certificado Digital Verde», que registrará que el portador fue vacunado, es inmune o obtuvo resultado negativo de un examen de PCR, precisó la agencia de noticias AFP.

«Queremos ayudar a los Estados miembros a restablecer la libertad de circulación de una forma segura, responsable y digna de confianza», dijo la dirigente alemana.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se dedicó a aclarar que no se trata de un «pasaporte sanitario», ante la controversia que genera esta idea, y apuntó que el certificado «no será un requisito previo para ejercer el derecho a la libre circulación y no discriminará de ningún modo».

Con relación a la vacunación, el documento tendrá en cuenta las cuatro que ya fueron autorizadas para su aplicación en la UE: las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

O sea, deja afuera a otros fármacos como el Sputnik V o las de origen chino como Sinopharm que pudieron ser administradas a ciudadanos europeos que se encontraban en el extranjero o en países del bloque donde sí están autorizadas como Hungría y Eslovaquia, aunque la UE permitirá que cada Gobierno decida si acepta la certificación emitida por otras vacunas.

El documento será válido en todos los países europeos y la intención de la Comisión es que esté disponible a tiempo para la temporada del verano boreal (de fines de junio a fines de septiembre), dando cuenta que su implementación fue impulsada por los países que mayores ingresos obtienen del turismo como Grecia y España.

La iniciativa no está libre de criticas y suscita severos cuestionamientos, algunos desde un punto de vista científico.

Tampoco hay conocimientos exactos del tiempo que puede durar la inmunización tras recibir la inoculación y sobre la efectividad de todas las vacunas frente a las cepas ya detectadas y las que podrían surgir.

Además, las campañas de vacunación en la UE lograron que apenas el 3,5% de la población reciba las dos dosis, y por ello se teme una discriminación en perjuicio de las personas que aún aguardan su vacuna.

Incluso el presidente de los Aeropuertos de París, Augustin de Romanet, que ve como «favorable» la medida que ayudaría a una reactivación turística, calificó de «orwelliano» caer en un sistema «en el que por el hecho de que uno no se ha vacunado no puede ni franquear la puerta de la panadería».

El consenso no es total

Bélgica, en particular, se mostró reacia dentro de la UE a la idea de condicionar la entrada a un país europeo a la presentación de un certificado de vacunación, cuando las vacunas no son de administración obligatoria ya que muchas de ellas tienen una aprobación de emergencia ante la pandemia.

Sin embargo, este concepto no es nuevo y muchos países imponen la obligación de vacunarse de ciertas enfermedades para entrar en su territorio, como puede ser el caso de la fiebre amarilla.

En ese caso, los centros de salud entregan una cartilla de vacunación amarilla, oficialmente llamada «Certificado internacional de vacunación o profilaxis», reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la emergencia de coronavirus, China lanzó este mes un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos con el que podrán demostrar en qué situación sanitaria se encuentran cuando viajen hacia o desde el extranjero.

Según informaron fuentes del Gobierno del gigante asiático citadas por la agencia de noticias Xinhua, este «certificado sanitario para los viajes internacionales» es una aplicación para smartphones que muestra y verifica el historial de vacunación y los resultados de los test de Covid-19 (PCR y anticuerpos) del usuario.

Estados Unidos y el Reino Unido estudian lanzar sistemas similares, mientras que Estonia aprovechó que ya cuenta con su propio sistema de historiales médicos electrónicos con información sobre las vacuna, para testear su implementación.

Otra de las críticas apunta a la protección de datos personales del usuario en estos certificados, y por eso la UE aclaró que incluirá un volumen «limitado» de información a la que solo se podrá acceder para confirmar y verificar la autenticidad y validez del documento, indicó la agencia de noticias Europa Press.

Si se aprueba el certificado, que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, la Comisión también pide que sea una medida «temporal» que sea suspendida en el momento en que la OMS declare el final de la emergencia sanitaria, pero que podría ser reactivado en el futuro en caso de nuevas pandemias.

El Punto Digital Trelew realizó su primera actividad del año dedicada a reforzar las efemérides. Fue este miércoles por la tarde, con una charla debate dedicada al Día Internacional de la Mujer y a la reflexión sobre las problemáticas que afectan a las mujeres en el ámbito personal y laboral. El espacio de reflexión e intercambio estuvo dirigido, en esta ocasión, a trabajadoras de distintas áreas de la Municipalidad de Trelew y también del Concejo Deliberante.

Participaron trabajadoras distintas áreas del Municipio y del Concejo Deliberante. Fue la primera actividad del año dedicada a reforzar las efemérides, una de las funciones de este espacio inaugurado en 2020.Acompañaron la actividad la coordinadora General de Intendencia, Sandra Tribuzio y la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social, Mónica Montes Roberts.

Este espacio fue inaugurado al año pasado por el intendente, Adrián Maderna y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, junto a las autoridades de la Secretaría de Modernización de la Presidencia de la Nación. Funciona en Mitre 686 y, junto los 570 puntos digitales distribuidos por el país, forman una red federal que, a través de espacios públicos y gratuitos, brindan conectividad, capacitaciones, talleres y actividades culturales.

La coordinadora General de Intendencia, Sandra Tribuzio, valoró la importancia de la actividad: “Sirvió para que un grupo de compañeras trabajadoras de la Municipalidad pudieran compartir testimonios y experiencias en cuanto a la violencia laboral, la relación con sus pares y reflexionar sobra la manera de abordar la problemática desde adentro de las instituciones, para ir modificando internamente estás prácticas en el ámbito de trabajo”.

Acompañaron la actividad, además, la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social, Mónica Montes Roberts y la coordinadora de Salud, Cecilia Vera.

Gabriela Segura, coordinadora del Punto Digital Trelew, destacó que con esta charla-debate se dio inicio a “un ciclo de actividades destinadas a reforzar las efemérides, que es uno de los objetivo que tienen estos espacios que funcionan en todo el país. También pudimos inaugura el módulo de esparcimiento, con ágape al final de la charla, para que las mujeres que participaron pudieran pasarla bien y distenderse de la rutina laboral”.

La coordinación de la charla estuvo a cargo de Verónica Basso, integrante del equipo de Punto Digital, quien resaltó la relevancia del encuentro por permitir que “cada compañera pueda contar sus experiencias como trabajadoras en relación a temas como violencia de género y violencia de mujer a mujer que son problemáticas que las mujeres podemos estar viviendo en el ámbito del hogar o el trabajo”.

El próximo lunes 15 de marzo a las 09 horas se retoma la audiencia de debate por la causa Revelación, donde se prevé que declaren más testigos. Este viernes se escuchó el testimonio de Andrea Verónica Gonzalez, dio cuenta que “desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

Gonzalez, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaró en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero. También indicó que el Gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detalló que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago”, concluyó.

Algunos pagos más rápidos

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3% y 5% por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Las órdenes de pago

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detalló que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajó junto al ingeniero durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y ademas dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador». Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”.

Fuente: MPF

En la causa Revelación el testimonio de Andrea Verónica González, dio cuenta que desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

González, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaro en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca,  Víctor Cisterna y  Gonzalo Carpintero. También indicó que el gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detallo que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago concluyó.

La empresa SUDELCO tenía los certificados más rápidos.

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir  que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación  claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3 y 5 por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detallo que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajo junto al ingerido durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC  que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y además dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador» . Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”

Preguntado por el fiscal Napoli para refrescar su memoria por una entrevista que había realizado Ferrari, dijo al recordar “parte de los reclamos eran porque algunos pagos no salían y lo que yo les indicaba era que no me vengan con esas cuestiones, eso les decía a los empresarios”.

Fuente: Canal 12 web

 

Lo hizo en primer término Analía González, quien respondió preguntas de las partes con un alto contenido técnico respecto de la elaboración de los expedientes que atañen a la obra pública.

La testigo dijo que dependía funcionalmente del subsecretario de coordinación de dicho ministerio que en ese entonces era Franco Ferrari y era quien determinaba la planilla con las distintas ordenes de pago que le acercaban al ministro Pagani, para que éste las revise. A veces volvían igual y otras veces tildadas algunas ordenes de pago en particular para que se prioricen.

Asimismo explicó mediante la utilización de un cuadro, cual es el camino crítico que sigue un expediente normalmente.

Por su parte, la segunda testigo del día, Sra. Silvana Bogarín, dijo ante la requisitoria fiscal, que algunos certificados corrían mas rápido que otros, en cambio había empresas chicas que debían tranquilizarlas para que esperen. Hizo mención en cuanto a la confección de listas, algunas veces el Ministro “retaba a mi jefe” en alusión al subsecretario Franco Ferrari.

Por último, describió que llevaban todas las ordenes de pago sintetizadas en una planilla excel. De esa listado el subsecretario Franco Ferrari decía “vamos a poner a este o a este otro” y de ahí se lo llevaban al Ministro. A veces volvían con correcciones, era difícil que en esas listas pusieran a las empresas constructoras chicas.

Las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor se reúnen para escuchar a más de diez expositores sobre el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

Este martes las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor se reúnen para analizar la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. El proyecto sancionado por el Senado busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz. Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. La obligación de etiquetar los alimentos con los octógonos alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización e importación.

Diputados se refirieron a la iniciativa y expresaron sus posturas en DTV. “Ha habido resistencia de sectores, y es lógico, porque las productoras de alimentos deben adecuarse. Pero la ley va a ser muy beneficiosa para la salud”, consideró el diputado Guillermo Carnaghi (FdT) en relación al proyecto. Por su parte, Eduardo Fernández (FdT) opinó: “La competitividad de las empresas no puede estar basada en la falta de información o en el incumplimiento de normas”.

Los expositores convocados para opinar sobre el proyecto son el Presidente del Centro de la Industria Lechera, Ercole Felippa; la directora de la Federación Argentina de Licenciados en Nutrición (FAGRAN), Andrea Graciano; y el cofundador de Consciente Colectivo, organización socio-ambiental de juventudes, Mijael Kaufman Falchuk.

También fueron invitados la Responsable de Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Naciones Unidas, Elizabeth Kleiman; el consultor nacional sobre enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Panamericana de Salud, Sebastián Laspiur; y el Jefe de La Oficina de Representación para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), José Luis Londoño.

La lista de invitados también incluye a la directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, Gabriela Marcello; al presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina, Carlos Otrino; al Director Ejecutivo de SANAR, Ignacio Porras; a la titular de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, Susana Socolovsky; y a Mabel Vucko, de la de la Unión de la Industria Cárnica Argentina.

La reunión se efectuará bajo la modalidad de videoconferencia y será conducida por la titular de la Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), junto a sus pares de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (FdT), de Defensa del Consumidor Diego Mestre (Juntos por el Cambio), y de Industria Alejandro Garcia (JxC).

El diputado Roddy Ingram señaló a través de unas declaraciones a través de La Cien Punto Uno que “tal vez se debatió mal, hoy estamos tratando de demostrar cómo se proyecta… todo esto hace que no tenga mucha credibilidad”.

Explicó que “los presidentes de la Cámara y del bloque son los que plantean las formas de sesionar. Hoy como están la situación, no están dadas las condiciones para sesionar, acá prendieron fuego la Legislatura”.

Adriana Casanovas, presidente del bloque del PJ en la Legislatura, explicó a través de La Cien Punto Uno que “hasta ahora lo que hemos manifestado junto al Presidente del Partido, es pedir un debate de cara a la sociedad. Dentro del bloque hay diferencias”.

En ese sentido, Casanovas recordó que conocerán las modificaciones del proyecto después de hoy. “Seguramente nos informará Eliceche o Goic”, dijo.

Aclaró que “nosotros somos muy respetuosos en el bloque, y fuimos muy cautelosos al expresar en medios y demás. Así que estamos totalmente convencidos, incluso cuando Carlos Linares, se expresó, es que este tema merece un debate más extenso”.

Entonces “hoy la oposición trabajaría para sacar el dictamen, nosotros si participaríamos, para imponer nuestro pensamiento con respecto al proyecto”, concluyó Casanovas.

Fuente: La Cien Punto Uno

El supuesto “inicio del debate” sólo fue una puesta en escena para poner punto final y cumplir el capricho de imponer la megaminería trasnacional en Chubut, sin licencia social y en contra de lo que indican los sectores científicos y académicos.

Mientras los aliados hacían la pantomima, Arcioni, Sastre y Eliceche se fotografiaban con Sergio Massa en Buenos Aires. El verano y la pandemia como última chance de los promineros para imponer la zonificación antes de que lleguen las elecciones y antes de que se cumpla el plazo legal para el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular.

Según indicaron medios como Jornada y Metadata, el gobierno buscaría aprobar la zonificación este jueves 28 de enero. Si bien hasta que no esté convocada no se puede esperar nada confiable de políticos operadores de las mineras, existe la posibilidad de que reuniendo 14 bancas, se convoque a una sesión extraordinaria. En pocos meses se cumple el plazo legal para que la Legislatura deba tratar un proyecto presentado por iniciativa popular avalado por 30.916 firmas (el doble del porcentaje mínimo que estipula la Constitución Provincial). En lugar de respetar el proyecto popular, gobierno nacional, provincial y mineras buscarían aprobar un proyecto completamente opuesto: en enero, con una sesión extraordinaria, en plena pandemia y de manera virtual. Si a esto le agregamos que gran parte de quienes lo llevarían a cabo, en elecciones prometieron lo opuesto, podemos comprobar que de democracia sólo ha quedado el nombre. Mientras tanto en Canadá, siguen de cerca la política chubutense y Pan American Silver le indica a sus accionistas que con la zonificación, a más tardar en un año comenzaría la construcción del Proyecto Navidad.

El debate que no fue

Finalizó la semana de “mesas de trabajo” en donde se suponía que distintos sectores sociales participarían de un “debate” sobre el proyecto de ley del ejecutivo. Nunca se puso en discusión el proyecto, sino que desde el principio estaba convocado para “buscar aportes para mejorar el proyecto”. Así fue que se ignoró la Iniciativa Popular y a quienes la impulsaron, se bajaron todos los sectores que no son promineros, fueron exposiciones cerradas con preguntas al final (por parte de quienes ya de antemano buscan imponer la megaminería) y los únicos medios que “la cubrieron” son quienes se dedican a reproducir gacetillas oficiales, recibir pauta del gobierno y plata de las mineras. El resto, no pudo acceder y se dedicó a mostrar la otra cara, la de los actores sociales, políticos, académicos y científicos que se diferenciaban de la convocatoria denunciando la truchada.

La semana pasada, tras enterarse por los medios de que eran parte de las jornadas, distintos sectores se posicionaban o adelantaban sus probables posturas (leer más acá). La sorpresiva convocatoria, cerrando la primera quincena de enero, imposibilitaba una participación genuina de sectores que podrían haber acudido a manifestar una posición sobre un tema que se debate en la provincia hace más de 18 años.

Esta semana, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco le respondió a Arcioni que este tipo de convocatorias deberían ser el inicio de un proceso de debate, y que este primer llamado formal que se le hace a la universidad requerirá un tiempo prudencial para poder remitirle una opinión institucional,dado que el funcionamiento interno de una universidad nacional requiere la deliberación y el debate de los distintos claustros en los órganos de cogobierno. Pese a ello, en el comunicado le recuerdan al gobernador que “la UNPSJB se ha expresado en numerosas oportunidades sobre los proyectos de zonificación minera, manifestando que la preservación del agua y demás recursos ecosistémicos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a estrategias para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut también respondió a la convocatoria de Arcioni. En un comunicado con la firma de su decana, la ingeniera Diana Bohn, indican que “la participación colaborativa que requiere este tipo de proyectos debe ser planteada desde el inicio del proceso, y no sólo a fin de emitir opiniones sobre proyecto ya definidos”. La institución decidió no participar de la jornada y se mostró a disposición para trabajar en políticas públicas provinciales de desarrollo integral con el agua como punto de partida, para garantizar un futuro próspero para toda la provincia.

También desde el IPCSH-CONICET decidieron a través de su Consejo Directivo declinar la convocatoria a participar “en concordancia con otras instituciones científicas […] en virtud de la celeridad que se le busca imprimir a un debate que, por su relevancia, requiere mayores plazos de tiempo y una convocatoria amplia a otros sectores de la comunidad. La invitación al sector científico se da en un proceso avanzado del tratamiento legislativo, y no en sus fases iniciales” indican, y agregan: “Esta convocatoria es informativa, con una modalidad que solamente permite la realización de preguntas sobre aspectos de una decisión que, a nuestro entender, ya ha sido tomada”.

Trabajadorxs de Ciencia Chubut volvieron a expresarse con un comunicado en el que solicitaron un derecho a réplica y una rectificación a distintos medios provinciales (El Chubut, El Patagónico, ADN Sur) quienes habían indicado que el gobierno se reunió con representantes académicos y científicos de Chubut. “Todas las instituciones universitarias y científico-tecnológicas de la provincia objetaron el PL 128/20 y pidieron que sea retirado de la legislatura provincial” expresan en el comunicado, y agregan: “aclaramos que a pesar de que un grupo reducido de profesionales del sector asistió a la mesa a título personal, las instituciones científicas de Chubut no avalan el proyecto de zonificación minera”.

En contraposición a lo que indican los medios de comunicación sostenidos por la criminal pauta oficial del gobierno provincial, quienes trabajan en espacios académicos y de ciencia se han reunido desde abajo y han reafirmado su negación a la imposición de la megaminería. Se trata de un grupo constituido a partir de la nota consensuada y presentada en la Legislatura Provincial en noviembre del 2020, cuyos contenidos y avales están plasmados en este enlace: bit.ly/3p72fBP. Quienes sí participaron, son investigadores y técnicos ligados a la actividad megaminera, sobre los cuales se puede conocer más en esta nota de Con Sello Patagónico.

Comunidades originarias de la meseta centro norte (el territorio a sacrificar según el proyecto de zonificación) reafirmaron su posición, reclamaron la Consulta Previa, Libre e Informada y repudiaron las “mesas de trabajo”. Son las comunidades Mallín de los Cual, Los Pino, Ñuke Mapu de El Escorial, Laguna Fría – Chacay Oeste y Yalalaubat quienes también exigieron que se retire el proyecto de ley 128/20 y que se trate y apruebe sin modificaciones la Segunda Iniciativa Popular.

Desde Greenpeace Argentina acusaron a Arcioni de armar un debate falso: “Los chubutenses no van a dejar que Arcioni Mariano siga poniendo presión para obligarlos a exponer su agua. El debate estuvo caracterizado por reunir sectores afines a la minería” expresaron, y agregaron:”el río Chubut está en juego, en una provincia donde ya falta el agua y se hacen cortes en varias localidades”.

La UCR , a través de su presidenta Jacqueline Caminoa, rechazó el llamado a las “mesas de trabajo” y reclamó que se les llame para discutir otros temas más importantes para la provincia. La Mesa de Conducción del Partido Justicialista de Chubut expresó que “no formará parte de esta aceleración de tiempos sin formas para sacar una Ley que acredite, sin un análisis profundo y participativo, otra forma más de extractivismo de los recursos naturales sin agregado de valor y con pésimas condiciones que solo buscan mayor deterioro de la calidad de todos en beneficio de pocos”. El Bloque de Diputados, Intendentes, Legisladores Municipales y Nacionales de dicho espacio no participó de las jornadas, con la excepción del diputado Carlos Eliceche, que estuvo junto a Arcioni y Sastre en la gira por la capital nacional pese a representarse a sí mismo, dado que ni siquiera es presidente de su bloque en la Legislatura Provincial.

Nuevamente Alberto Fernández confunde el logrado apoyo político con licencia social. El llamado a aprobar la zonificación cuanto antes sumirá a Chubut nuevamente en movilizaciones masivas en medio de una pandemia de la que el gobierno provincial lejos de ocuparse, busca utilizar para imponer la rechazada megaminería. Si los gobernantes no comprenden la firme decisión del pueblo chubutense, impondrán un escenario de alto conflicto como lo fue la imposición del Pacto YPF-Chevron en Neuquén en 2013 y la modificación de la Ley 7722 en Mendoza a fines de 2019. A ello hay que sumar la pandemia y la crisis en la que sumergieron a Chubut desde hace ya tres años y se profundiza día a día. Lejos de poder esperar algo de representantes que ya dinamitaron todo su capital político, otra vez se vislumbra que sólo el pueblo salvará al pueblo.

Para sorpresa de muchos algunos de los científicos e investigadores que se sumaron al debate privado del gobierno del Chubut pertenecen a la Universidad Tecnológica Nacional, institución que desacreditó el encuentro, también hay ex ministros de minería de otras provincias entre los profesionales convidados al debate.

Jorge Zavatti, investigador de la UTN y consultor ambiental

Sergio Kain, es un geólogo de la cordillera que conformó una agrupación prominera para apoyar el proyecto Suyai cuando este pretendió hacer base en Esquel. En esa búsqueda llegó a reunirse con el secretario de MIneria de la Nación.

El Dr. Aldo Bonalumi también mencionado entre los científicos que acompañaron el encuentro es secretario de Minería de la provincia de Córdoba. Ha llegado a escribir «Otras actividades que contaminan más que la minería».

Pedro Barón, investigador independiente del CONICET, otra institución que se manifestó en contra del debate.

Hugo Nielson es ingeniero de Minas y dirige el Centro de Estudios Para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional de San Martín. Se ha manifestado a ha favor de una «minería sustentable»: «La minería es imprescindible para la vida. Entonces, hay que hacer minería, pero no a cualquier precio. Hay que tomar todas las precauciones necesarias, igual que con cualquier otra actividad. Yo quiero que en mi país siga habiendo agricultura, pero una agricultura sustentable. Quiero que se explote el petróleo con los nuevos yacimientos no convencionales, pero que se haga de manera sustentable. Y lo mismo pretendo para la minería».

Fernando Locci, presidente del Colegio de Geólogos del Chubut ha promocionado varios comunicados a favor de la zonificación minera.

La gacetilla oficial del encuentro 

A continuación reproducimos sin ningún tipo de modificación la información del gobierno provincial, dado que la prensa tiene vedado el encuentro al «debate».

Como ha venido ocurriendo desde el lunes, el Gobierno de la Provincia realizó ayer una nueva ronda de conversaciones con distintos sectores, para exponer y escuchar propuestas en torno al proyecto de Ley para la zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre.

Los funcionarios provinciales detallaron las características centrales del proyecto, explicando los alcances de la zonificación propuesta en la Meseta Central, con la aplicación de los controles para el cuidado del ambiente y la renta y «el efecto multiplicador proyectados», según indicaron.

Se informó además que en la página www.lameseta.org se encuentran disponibles documentos técnicos y académicos que acompañan el proyecto de zonificación.

Durante la exposición oficial, la subsecretaria Domínguez explicó los alcances de la zonificación propuesta y aclaró que la misma se planteó «resguardando los ambientes naturales y el patrimonio cultural», remarcando que «queda excluido el río Chubut del área de zonificación».

La funcionaria indicó que «se busca el desarrollo productivo equilibrado geográficamente, con cuidado del agua, la creación de un observatorio permanente, control con participación ciudadana y de organismos internacionales y la conclusión de un legado productivo».

«Ese legado productivo es un verdadero motor de desarrollo, sin considerar la actividad sólo de manera extractivista», puntualizó.

Tuvieron una activa participación Jorge Zavatti, investigador de la UTN y consultor ambiental, quien manifestó que la iniciativa «satisface y contribuye positivamente con todos los criterios para el desarrollo sostenible 2030». Aseguró además que se trata de un proyecto que «va a contribuir al desarrollo de la Meseta, la provincia y la región».

También tuvieron una activa participación Alicia Sansinena, Aldo Bonalumi, Sergio Kain, César Navarrete, Pedro Baron, Hugo Nielson y Fernando Locci, entre otros.

El ministro Cerdá anticipó que «con todas las propuestas e ideas que van planteando los asistentes se va a elaborar un documento que las contenga y se enviará a la Legislatura para que esté a disposición de los diputados provinciales».

Fuente: Con Sello Patagonico