Cinco empresarios de Trelew y Puerto Madryn serán imputados en la causa que investiga las contrataciones realizadas durante la Emergencia Climática de Chubut. El monto de perjuicio a la provincia sería superior a los 10 millones.

“En la maniobra defraudatoria resultó imprescindible la intervención de empresarios que fueron contratados por el Estado Provincial, en alguno de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron”, afirmaron los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams, a cargo de la investigación.

En la causa ya se encuentran imputados los exsecretarios privados Diego Correa y Diego Luthers, el exjefe de Gabinete Alberto Gilardino, la Ministro de Familia Leticia Huichaqueo y los funcionarios del área Marcelo Suarez y Vanina Varale. Sobre ellos pesa la calificación legal por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la modalidad de delito continuado”.

Ahora se sumarán los empresarios F.F., de Madryn; y M.F., P.T., A.W., y S.S., de Trelew, a quienes se les imputará la calificación en carácter de “partícipes primarios”, ya que no son funcionarios públicos. El fondo de la emergencia climática era de 30 millones, y los fiscales sospechan que se defraudó al Estado en casi la mitad de ese dinero.

La Oficina Judicial de Rawson deberá fijar la fecha de audiencia.

Uno por uno los casos

La blanquería que vendió por casi 3 millones, antes que empiece a llover, y nunca entregó lo elementos

Una empresaria titular de una blanquería es investigada por las contrataciones por más de 2.900.000 de pesos. Ninguno de los artículos fue entregado al Estado. Una factura en el marco de la emergencia climática la presentó con fecha de antes que empiece a llover.

Fue contratada para vender colchones, frazadas y toallas por casi 3 millones de pesos, y “ninguno de los artículos descriptos en las facturas presentadas al cobro fue entregado a dependencia estatal alguna”, indica el pedido de apertura de investigación que sostiene que “provocó una defraudación de $ 2.911.845”.

El comercio de blanqueria y muebles fue contratado por el Estado Provincial por montos cercanos a los 3 millones de pesos pero ninguno de los elementos se entregó, a pesar que fueron pagados.

La primera contratación fue por un monto de $ 443.340, en razón de la venta de 180 colchones. La compra se realizó el 30 de marzo, según la factura N° 6.762, es decir se compraron 180 colchones en el marco de la emergencia, antes de que lloviera en la ciudad de Comodoro.

El 5 de abril, se la contrató por $ 566.490 para la venta de 230 colchones. A los dos días, se le sumaron $ 411.765 por la venta de 379 mantas y 261 toallas. A la semana, el 12 de abril, facturó $862.050 por otros 350 colchones. Y al día siguiente facturó por un monto de $ 234.000 por 300 mantas. Luego diversificó la producción y facturó una venta de 20 luces Led por $17.000, 50 pares de botas de goma por $ 28.000, 40 capas de agua por $ 25.600, 120 colchones por $288.000 y 80 toallas por un valor de $35.600, ascendiendo el total de la factura a $394.200. Finalmente, el 17 de Junio el Estado Provincial la contrató por un monto de $ 1.403.000, en razón de la venta de otros 300 colchones y 700 frazadas.

Ningún elemento se entregó al Estado.

La leña

La agrícola que comenzó a facturarle al Estado Provincial. Fue por 3 millones. Todas las facturas fueron correlativas, arrancando desde el cero.

La empresa agrícola fue contratada para comprar leña, módulos alimentarios, artículos de limpieza y hasta pañales. «Pero aparece suministrado mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y por último en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200%” indican los fiscales, quienes aseguran que “provocaron un perjuicio al Estado Provincial de $ 3.141.258”.

Además, también surge de “la lista de Luther”, que le entregó coima por 250 mil pesos. “Diego Luters realizaba anotaciones de manera minuciosa lo que la empresa iba cobrando, y los retornos a manos de los funcionarios que se materializaba”, afirma el escrito judicial.

El mall de Madryn

Los fiscales investigan a un empresarios de Puerto Madryn que posee un mall por provocar “un perjuicio Estado Provincial de $ 6.814.530 como consecuencia de la maniobra defraudatoria”. El “retorno” para los funcionarios fue superior a 1 millón.

El titular de la mueblería portuaria fue contratado por $ 2.368.330 para vender 629 colchones y 597 frazadas. A los pocos días se lo contrató por $ 2.690.200, para otros 580 colchones; 450 Mantas Polar de una Plaza, 450 Colchas Polar de una Plaza, 420 sábanas y 250 Toallas. A la semana siguiente, la contratación fue por 1.758.000 de pesos en razón de la venta de 600 colchones.

“Con estas contrataciones le provocaron un perjuicio Estado Provincial de $6.814.530 como consecuencia de la maniobra defraudatoria”, afirman los fiscales. Y sostienen que “no existe respaldo por parte del proveedor que justifique el volumen de venta realizado al Ministerio de Familia. Dicho en otras palabras, compro 30 colchones de 0,80 x 1,90 x 17 cm, y le vendió a la provincia 1.800 colchones de esas características”.

Además, los investigadores poseen pruebas que el empresario retornó a manos de los funcionarios la suma de $1.220.000.

Facturó por 2 millones, pero no entregó los colchones

El cuarto hecho está investigada una firma que fue contratada por más de  2 millones por la compra de colchones, que nunca se entregaron. “Fue una venta que en realidad no se realizó”, dicen los fiscales.

El 2 de Mayo, el Estado Provincial contrató a una colchonería de Trelew por un monto de $ 1.200.000, en razón de la venta de 800 colchones con un valor unitario de $ 1.500. Y el 27 de Junio, volvió a ser contratado por $ 900.000, en razón de la venta de 300 colchones con un valor unitario de $ 3000

“De los 800 colchones vendidos al Estado solamente tiene el respaldo documental por 40 colchones”, indicaron los fiscales para asegurar que “la firma no entregó la mercadería reflejada en los expedientes”.

Además agregan una pericia informática sobre el teléfono de Luters, de la que surge como acordaban el retorno a cambio del pago al proveedor. “El responsable de la firma retornó a manos de los funcionarios la suma de $210.000”.

El kiosco que revendió 1500 botellas de agua

El quinto hecho que investigaron está relacionado a un pequeño kiosco que vendió 1.500 botellas de agua. Se las compró a otro proveedor y las re-facturó a un 200%.

El 4 de abril, la titular del kiosco fue contratada por 57.750 pesos para vender mil quinientas botellas de agua mineral. Los fiscales aseguran que “existiría un sobreprecio que le originó a la proveedora un redito casi del 200 % de ganancia”. Y agregan que “no poseía siquiera la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia, las cuales las compró a otro proveedor”.

La emergencia climática

En el marco del temporal de lluvia que afectó a la provincia del Chubut a fines de marzo de 2017, y del cual resultó principalmente afectada la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por ese entonces, Mario Das Neves suscribió el decreto de emergencia climática en toda la provincia por el plazo de 120 días y creando un Fondo de Emergencia Climática por la suma de diez millones de pesos.

El decreto permitía contratar de forma directa, a los fines de la ejecución de las obras necesarias para afrontar el Estado de Emergencia Climática. En abril se extendió el crédito por otros 10 millones.

En este contexto, según los fiscales, “Diego Correa, Diego Luters, Alberto Gilardino, Marcelo Suarez y Leticia Huichaqueo, pergeñaron un plan para defraudar al estado provincial”.

El modus operandi

Marcelo Suarez solicitaba las compras. Y la documentación pasaba por las manos de Diego Correa y Alberto Gilardino quienes autorizaban lo solicitado para que el trámite administrativo sea pagado.

Pero, según aseguran los fiscales, “las compras se canalizaron a través de la Unidad Gobernador. Desde allí se seleccionaba a los proveedores con quienes contratar. Estos presentaban la documentación apócrifa, consistente en Remitos y Facturas,  las cuales eran ingresadas por la Unidad de Gobernador, sea porque la llevaban de manera personal o porque previamente se la entregaban a Diego Luters”.

Luters le enviaba la documentación a Suarez, y este le ordenaba a su secretaria la confección de los memorandos donde solicitaban el pago de la mercadería descripta en los remitos y facturas, como si hubiese sido su área los responsables de dichas compras.

“Para darle una vuelta más a la maniobra, y perfeccionar la misma, era necesario que el remito aparezca firmado por la encargada del depósito Vanina Barele, con pleno conocimiento que mucha mercadería no ingresaba al ámbito del cual ella era responsable, estampaba su firma en los distintos remitos. Esta conducta fue llevada a cabo por la funcionaria por expresas indicaciones de Huichaqueo y Suarez”, estiman desde la Fiscalía.

Marcelo Suarez complicado con una firma

“Suarez refrendó los memorandos y conformó las facturas a sabiendas que nunca el área a su cargo había realizado dichas compras. Un detalle no menor es la aparición de la firma del funcionario aludido en un remito de mercadería entregada en Comodoro Rivadavia el día 5/04/17,  siendo que, de todas las constancias obrantes en autos el nombrado no arribó a dicha ciudad hasta la noche del día 6 de abril del 2017”.

“Todo ello lo hacía bajo el pleno conocimiento, y bajo las directivas, tanto de la Ministra Huichaqueo”, expresaron desde el Ministerio Público y afirman: “Por citar algún ejemplo, hemos de mencionar la supuesta recepción de 112.000 Kg de Leña, o los 10.000 fardos de pasto, que aparecen firmado por Barale, cuando en realidad de las constancias del caso, surge que dicha mercadería nunca pasó por las manos de la funcionaria aludida, toda vez que el propio proveedor nunca adquirió dicha mercadería”.

Otras de las irregularidades de los funcionarios es la existencia de remitos y facturación consecutivas, en algunos casos con fecha de un mismo día. En el expte. 721 hay un remito de entrega de mercadería nro. 679 de fecha 5/4/17, y el el Expte. 722 hay un remito de fecha posterior esto es del 6/4/17, la lógica indica que el remito debería ser superior al 679, sin embargo es inferior, lleva el nro. 674, de lo cual se infiere que dichos expedientes fueron armado ex profeso.