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El lunes por la tarde tres ministros del Gobierno Provincial viajaron a Pico para entrevistarse con la familia paterna de Lucio, donde se pusieron a disposición y se comprometieron a investigar a todo el personal involucrado con el caso, que podría no haber observado o denunciado el maltrato hacia el menor asesinado.

Los funcionarios provinciales, a instancias del gobernador Sergio Ziliotto, se comprometieron a «castigar a quien tengan que castigar”.

Los ministros Horacio Di Nápoli (Seguridad), Diego Alvarez (Desarrollo Social) y Pablo Maccione (Educación), se entrevistaron el lunes por la tarde con el papá de Lucio, Christian Dupuy, los abuelos Ramón y Silvia, y otros familiares. El encuentro fue luego que la familia paterna del niño se retirara de Tribunales, donde se entrevistaron con parte del equipo de fiscales que investigará el caso.

Los tres funcionarios viajaron por orden del gobernador, Sergio Ziliotto, y se desarrolló en estricto secreto. El Diario confirmó el encuentro este martes por la tarde a través de las palabras del abuelo de Lucio, Ramón Dupuy.

“Los ministros vinieron a mi casa a ponerse a entera disposición de nuestro problema”, reveló Ramón Dupuy.

Y señaló que en el encuentro los funcionarios provinciales “nos aseguraron que iban a investigar todo lo que había pasado y castigar a quien tengan que castigar”.

En ese sentido, el abuelo de Lucio indicó que “paralelo a la investigación de la Justicia sobre el hecho, desde los ministros va haber una investigación para establecer las responsabilidades en quienes no prestaron atención a la situación de Lucio. Me dijeron que ellos se iban a encargar de investigar y establecer las personas que fueron responsables”.

Fiscales

Horas antes del cónclave con los ministros en la casa del barrio Don Bosco, la familia paterna de Lucio estuvo en Tribunales con los fiscales que llevan adelante la investigación y se retiraron del lugar sin hacer declaraciones.

Consultado sobre ese encuentro, Ramón Dupuy indicó que “los fiscales nos explicaron cómo iban a proseguir con este caso, nos explicaron también todo cómo había sido, nos dijeron que todavía faltaban muchas pruebas, pero algo nos adelantaron”.

Y resumió en tal sentido que “nos quedó una buena impresión porque los fiscales se explayaron bien, les entendimos bien, y ahora esperemos que siga la causa como tiene que seguir en la Justicia”. Aunque advirtió que “faltan pruebas para dilucidar como sucedieron todos los hechos”.

Abogado

Minutos antes de la charla con El Diario, la familia de Lucio se entrevistó con un abogado de Santa Rosa, que los representará en la investigación judicial por el homicidio del niño y otras instancias necesarias en la capital.

Ramón Dupuy confirmó que el abogado Mario Aguerrido dialogó este martes a la tarde con ellos y se llevó gran cantidad de documentación para presentarse en la causa como querellante.

“El nexo entre la investigación y nosotros va a ser el doctor Mario Aguerrido, que es nuestro abogado, a través de él nos vamos a enterar sobre los avances de la causa y qué es lo que hay que hacer paso a paso”, indicó el abuelo.

Más allá de la conmoción que representa para toda la familia la violenta pérdida del menor, Ramón se mostró este martes confiado, no solo en el avance de la investigación judicial y el esclarecimiento de eventuales responsabilidades de agentes y funcionarios del Gobierno, sino también en cambios en el sistema para evitar nuevas injusticias en el marco de disputas por tenencia de menores.

Fue en el marco del desarrollo de un programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para brindar apoyo y herramientas a los cuidadores de niños con trastornos o retrasos en el desarrollo, incluyendo autismo, para la experiencia diaria.

El programa tiene un enfoque orientado a las familias y está diseñado para ser implementado por personal no especializado (trabajadores comunitarios, cuidadores informales), como parte de una red de servicios sanitarios y sociales para los niños y sus familias.

En general, los cuidadores de estos niños experimentan altos niveles de angustia, con interrupción o suspensión de los servicios de atención, con cierta dificultad en el acceso al diagnóstico y terapias oportunas, que generan complicaciones en la integración social, educativa del niño y su familia.

En este sentido, la pediatra de la Secretaría de Salud, Florencia Jaramillo, explicó que “esta es nuestra primera experiencia, donde estamos terminando la formación y los resultados son muy positivos, sobre todo para los niños y las familias, fomentando la confianza de ellos en el cuidado de sus hijos, aprendizaje de cosas nuevas a través de las rutinas y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas”.

En este tenor –continuó- “hasta el momento, tuvimos nueve sesiones en las que trabajamos primero la conexión del niño con la familia, luego avanzamos en cómo preparar el entorno para que el niño interactúe, las habilidades comunicativas para pedir o compartir experiencias”.

“Después también nos centramos en la parte de conductas desafiantes, los llamados berrinches que los niños con dificultades en el desarrollo los tienen un poquito más marcados y son más difíciles de controlar. Y finalmente nos ocupamos en la realización de nuevas rutinas para después del programa y culminamos con autocuidado de los cuidadores”, expresó Jaramillo.

Por su parte, la psicóloga del área de Salud Municipal, Larisa Lazet, señaló que “de cada sesión ellos se llevaban actividades para hacer en la casa, para poner en práctica los conceptos teóricos y compartirlos con toda la familia, porque también los abuelos participaron de la formación y es importante que todo el seno familiar se involucre”.

Respecto a las sesiones, la profesional manifestó que “vimos muchos avances de una sesión a la siguiente y esta última fue muy importante por el autocuidado, porque es necesario que el cuidador sea lo suficientemente apto y esté en condiciones para abordar los desafíos de estos niños”, destacó Lazet.

Herramientas necesarias y orientadoras para las familias

Por otro lado, las madres y familiares que participaron de la capacitación resaltaron distintas características positivas que las ayudarán a vincularse, brindar tranquilidad a sus hijos y desarrollarse de la mejor manera frente a cada dificultad.

Al respecto, Vanesa –mamá de gemelos con diagnóstico de autismo- mencionó que “el curso me sirvió para ordenarme, me orientó en cómo enseñar el lenguaje, la comunicación y preparar los ambientes para que jueguen sin distracciones, prestándoles atención a lo que les gusta o no y continuar con la tarea que están desempeñando”.

Del mismo modo, Miriam Aquino -abuela de Simón- especificó que “nos ayudó para aprender a conocer los aspectos de la condición de nuestros niños; nos enseñaron a llevarlo a la práctica, lo cual fue fundamental porque lo que aprendíamos acá lo llevábamos a casa y ahí veíamos los resultados. Logramos Entender por qué hacía ciertas cosas, comprender y ayudarlos en sus crisis, fue importante el aprendizaje de conocimiento para aplicar”.

Por último, Mariela afirmó que fue una experiencia muy buena y productiva. “Después de cada sesión vimos los cambios en mi hija, nos llevamos muchas herramientas y nos sentimos acompañadas por los profesionales, estamos muy conforme y hasta psicológicamente me siento mejor porque nos guiaron para armarles una rutina”, concluyó.

Narciso Pino, peón rural, desapareció el 3 de Noviembre del 2020, cuando estaba haciendo sus tareas de campo en un establecimiento en la zona de Talagapa, a unos 45 km del poblado de Gan Gan. El patrón, José Alegría esperaba verlo al finalizar la jornada de trabajo, luego de la recorrida por el campo y al no llegar nunca radico la denuncia.

A partir de ahí, comenzó una intensa búsqueda por parte de amigos, familiares y vecinos del lugar. La policía organizo la búsqueda y el propio jefe de la comuna se puso a disposición para cuestiones logísticas y realizar gestiones, a los pocos días se integró a la búsqueda un helicóptero que participó del rastreo. Fueron días intensos, con varias divisiones de la policía y también allegados que recorrían por varias horas en el día, mientras otros estaban atentos a la preparación de viandas y provisión de agua. Nada resulto. Y al llegar los primeros casos de Covid-19 se frenó la búsqueda y el final de año también paralizo la exploración que se llevaba a cabo.

Luego de la primera quincena de enero, se retomó, allí unos rastros daban cuenta que Narciso se orientaba hacia Chacay Oeste, pero eran huellas que iban y venían. Fue lo último.

Antes de que se cumpla el primer mes una de las hijas de Pino, presento ante Fiscalía de Puerto Madryn una nota en la que pedía datos de la intervención que ese organismo a cargo del fiscal jefe Daniel Báez. Nunca recibió respuesta oficial.

Los hijos y el resto de la familia pidieron desesperadamente que continúe la búsqueda, que se investigue que paso, porque temían que este caso quede en el olvido y que gane la impunidad. Ya tenían la triste experiencia de Reimundo Pino, primo de Narciso, también desaparecido el 9 de julio del 2011.

En Gan Gan, durante la jornada del 3 de noviembre, familia, vecinos y vecinas harán una recorrida por el poblado para pegar unos afiches que recuerdan la desaparición y que dice que siguen buscando la verdad.

Fue la mañana de este lunes frente al edificio de tribunales en Trelew.

Los familiares se movilizaron sobre la calle 9 de Julio reclamando a la justicia que el acusado del abuso sexual, quede preso.

Así lo expuso un familiar de la víctima en diálogo con el móvil de la Radio, quien explicó que al momento de ocurrir los hechos de abuso sexual, la menor tenía 11 años, y hoy ya cuenta con 14.

El imputado del horrendo hecho, es un familiar de la víctima.

La mujer explicó que no brinda su nombre por temor a las represalias, al explicar que desde que se denunció el hecho la familia de la víctima ha sufrido de permanentes hostigamientos.

Y pidieron a la justicia que el sujeto quede detenido, ya que no toleran cruzárselo en las calles ya que vive cerca de la casa de la víctima.

La Anses oficializó el aumento del 8,07% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares universales a partir del 1 de marzo próximo.

A través de la publicación de tres resoluciones en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este domingo el aumento del 8,07% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares universales a partir del 1 de marzo próximo, afirma Ámbito.

Los documentos llevan la firma de la directora ejecutiva de la Anses, María Fernanda Raverta, y fijaron que, en cumplimento de la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria, el haber mínimo pase a ser de $20.571 y la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $4.017, entre otras prestaciones.

La Resolución 52/2021, que estuvo acompañada de las resoluciones 51/2021 y 49/2021, sostiene: “Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2021, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($20.571,44)”.

Este es el primer incremento que se realizará bajo la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria y alcanzará a 8,3 millones de jubilaciones y pensiones y 9,6 millones de asignaciones como AUH, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Embarazo (AUE).

La legislación establece que las jubilaciones se ajustarán los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en base a una fórmula que se aplicará en un 50% en base a los recursos con destino a la Anses y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables .

Los beneficios a considerar resultarán del promedio trimestral correspondiente a cada período analizado.

La norma votada por el Congreso establece que el Indec y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo proporcionarán a la Anses los valores del Índice General de Salarios (IS) y del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), respectivamente, con el fin de calcular el índice de movilidad que determina el artículo 32 de la Ley 24.241.

En tanto, la Anses publicará cada uno de los valores de las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice de movilidad correspondiente, así como la metodología practicada a tal fin. La ley de Movilidad reemplaza a la fórmula utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, que fijó a la evolución de la inflación como eje de ajuste.

La ley e aprobada por el Senado de la Nación, establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del ARA San Juan.

El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, fue convertido este miércoles en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto». Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.

«Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos», aseguró.

González también dijo que el submarino «no fue buscado por mucho tiempo» y que, luego, el rastreo se hizo «de manera irregular». Además, sostuvo que «nunca fue encontrado».

Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que «se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente, sino desde que en septiembre de 2011 la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años». «Quiero que se averigüe cuánto se pagó por aquella reparación y cuál fue el desperfecto que causó el hundimiento», destacó.

Sin embargo, su coterránea del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el gobierno de Macri «montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia». Agregó que «a veinte días de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri sabía dónde había sido la implosión y que, por su magnitud, no había posibilidad de vida».

«Esta es una manera de reparar algo que es irreparable. Estoy convencida de que una de las formas es decir la verdad de lo que sucedió. El alma se empieza a reparar cuando hay memoria, verdad y justicia», concluyó.

Los familiares del ex jefe de Policía del Chubut pidieron el cambio de carátula y ampliarán este miércoles la denuncia responsabilizando al Juez Orlando, la Fiscal y el Jefe de la Policía Miguel Gómez. Ale falleció el pasado 25 de enero por complicaciones asociadas al coronavirus mientras cumplía condena por abuso sexual a dos menores. Le habían negado la prisión domiciliaria.

Familiares del ex diputado y exjefe de Policía del Chubut, Juan Ale, ampliarán la denuncia en las próximas horas y piden que su muerte sea caratulada como homicidio.

El hijo de Ale había realizado una denuncia contra el Juez que ordenó su detención, a quien también acusaron de «insensibilidad» ya que no se tuvo en cuenta su estado de salud ni edad y fue alojado en dependencias policiales, donde contrajo coronavirus, falleciendo finalmente a consecuencia de las complicaciones de esa enfermedad.

En el momento de la denuncia, Fiscalía ordenó el secuestro de la historia clínica del Hospital de Esquel y se allanó la Comisaría Primera de Esquel donde estaba detenido Ale por orden del juez Orlando de Puerto Madryn en el marco de unas sentencias condenatorias por dos casos de abuso sexual a menores, que aún no estaban firmes.

Ahora, Juan José Ale, hijo del ex jefe policial, indicó que ampliarán las denuncias, ya que consideran que la responsabilidad no sólo recae en el juez sino también en los funcionarios de Fiscalía y el Jefe de Policía de Chubut.

Según explicó Ale, el delito a imputar no sólo es el de prevaricato ( delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley), sino también consideran que hay un homicidio «al menos culposo»

Puntualizó que los responsables directos son los funcionarios judiciales que tomaron la medida: Juez Orlando y de la Fiscal Hernández, pero también que por la muerte de Juan Ale mientras estaba alojado en dependencias policiales debe responder el propio jefe de la policía de la provincia, Miguel Gómez.

La familia sostiene que las circunstancias en que estaba detenido tuvieron directa relación con el fatal desenlace. «La detención fue una condena a muerte», sostiene su hijo y remarca que fue privado de su libertad cuando la sentencia no estaba firme y aún se estaba analizando la responsabilidad, con la opción de recurrir en dos instancias más. «En el caso de mi padre no tenemos duda que era inocente y murió de esa forma», enfatiza.

«Tenía picos de presión, era hipertenso y tenía un problema renal probado y constatado en el expediente. Sabemos que si lo enviaban detenido a una comisaría donde había ya casos positivos de COVID previo al arribo, es obvio que existe una gran posibilidad que contraiga el virus».

Además, buscan que se investigue la actuación del Jefe de Policía Miguel Gómez, responsable de que a Ale se lo traslade a Trelew.

«Nosotros le dijimos muchas veces que en el centro de detención de Trelew había muchos policías detenidos que tenían problemas personales con mi padre» señaló y agregó luego que «no podemos enviar un detenido a un lugar donde hay problemas con otros. En todo caso que cumpla la pena, pero no enviarlo para que lo maten o lo hieran», reseña EQSNotas.

En ese sentido, Ale cuestiona la negativa de Gómez de trasladar a su padre a la dependencia de la Policía Montada, de Esquel, que evitaba el desarraigo y no tenía casos de COVID 19.

Las investigaciones vinculadas a la muerte de Ale se tramitan en Esquel, mientras que las relacionadas con la tarea de los funcionarios judiciales se realiza en Trelew, a partir de una definición adoptada por el Procurador General, Jorge Miquelarena, que separó ambas instancias.

Fuente: EQSNotas

El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, obtuvo hoy dictamen unánime de las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.

La iniciativa será debatida la semana que viene, en el marco del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.

De acuerdo con la presidenta de la comisión de Defensa Nacional, la diputada Nancy González (FdT-Chubut), ese beneficio ascendería a los siete millones de pesos.

Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».

Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

González también aclaró que los familiares de los marinos desaparecidos tienen un año para reclamar el beneficio y recordó que el presidente Alberto Fernández ya les otorgó un ascenso post mortem al grado inmediato superior a los oficiales y tripulantes del ARA San Juan de la Armada.

El senador Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio-Córdoba), manifestó que el interbloque opositor apoyará la iniciativa porque «el Estado quiere cerrar un capítulo y esto es lo correcto».

Finalmente, la senadora Silvia Sapag (FdT-Neuquén), destacó: «Nada llega a cubrir el dolor y la ausencia de los familiares que se han perdido por acciones nefastas del Estado Nacional.

«Sí me parece bien que el Estado reconozca que es responsable. Un Gobierno cometió el error, otro se hace responsable», sentenció Sapag.

Los familiares de pacientes que se encuentran internados a la espera de una cirugía se encuentran movilizados fuera de la Dirección del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, este miércoles por la mañana. Reclaman que en varias oportunidades, y pese a tener una cirugía programada, se las han suspendido.

Ingrid Ocaña tiene a su esposo internado hace más de tres semanas a la espera de una cirugía que se ha reprogramado en más de una ocasión, y pidió- en diálogo con ADNSUR- que lo operen porque su temor es que se contagie dentro del hospital de coronavirus y su cuadro se complique: “Mi esposo está internado corriendo el riesgo de que se pueda contagiar. No hay cirujanos pero sin embargo hay otros pacientes que están siendo operados. Si bien entiendo que va por turno, él tenía turno la semana pasada y lo dejaron pasar, metieron a otros pacientes”, relató.

La mujer explicó que les dieron una alternativa de que se pueda ir a su casa, pero para ello tienen que firmar un compromiso de responsabilidad propia. “¿ Pero si les llega a pasar algo quien se hace responsable?”, se preguntó sobre la posibilidad de que se vaya a su casa sin haber sido operado. “Las veces que he llamado al Hospital para comunicarse con algún médico cirujano me dijeron que no me pueden trasladar la llamada. No me quedó otra que venir y necesito que se haga la cirugía urgente para que no se contagie del covid”, dijo.

Por otro lado, Andrea Asencio, contó que se acercó a plantear la situación de su primo quien ingresó hace 9 días con una hemorragia al hospital. “Lo subieron a la sala de cirugía y ahí después no supimos más nada. Llamamos por teléfono y nos atendieron los primeros dos días, pero después no nos dieron más información”, explicó.

Y si bien le dieron la posibilidad de que vuelva a su casa, la mujer explicó que “nunca le pudieron calmar la hemorragia y no lo vio el gastroenterólogo por lo que no sabemos que tiene”.

Las autoridades del hospital por estas horas se mantienen reunidos con cirujanos, y podría haber novedades al mediodía, según informaron los familiares, que aseguraron que se quedaron en el lugar hasta tanto tengan una respuesta concreta.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, recibió a los familiares del grupo J.E.N que se encuentran recorriendo la comarca a 10 años del incidente vial causado por un conductor en estado de ebriedad que se cobró la vida de los tres jóvenes Juan, Eugenio y Nehuén.

«Estamos formando un cuerpo de inspectores nuevos con vialidad provincial para trabajar en los controles de alcoholemia y que no se repitan tragedias que pueden evitarse. Pero es también muy importante la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual a la hora de manejar. Desde nuestro lugar buscamos trabajar con todos los actores de la sociedad para abordar esta problemática», remarcó Augusto.

«El estado puede implementar ordenanzas, puede poner controles. Pero es importante la responsabilidad de cada uno, entender que si se toma alcohol y se maneja puede haber consecuencias graves» agregó Enrique Esteban Schott, miembro del grupo J.E.N.

Asimismo, María Cristina Hernanz, integrante de J.E.N aseguró que «es muy difícil darse cuenta de la gravedad del asunto del alcohol al volante cuando uno no lo vivió. Yo misma no imaginaba que pudiesen matar a Juan. Los jóvenes pueden pensar que no les va a pasar y por eso hay que empezar a educar y concientizar sobre el tema en los colegios».

Durante la reunión se entregó a los familiares de las víctimas una copia de la ordenanza municipal 091/20 sancionada el 18 de diciembre de 2020 por el Concejo Deliberante de Lago Puelo que instituye el último sábado de enero como una “noche sin alcohol” en la localidad, mediante la cual queda prohibida la venta, el expendio o el suministro de bebidas alcohólicas entre las 20:00 horas de dicho día y las 8:00 del día siguiente.

En el encuentro también participaron Pablo Ceraci, subsecretario de Inclusión Ciudadana y Políticas Comunitarias de El Bolsón y Luciano Troglia, consejero en adicciones del programa el Altillo.