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La Anses oficializó el aumento del 8,07% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares universales a partir del 1 de marzo próximo.

A través de la publicación de tres resoluciones en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este domingo el aumento del 8,07% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares universales a partir del 1 de marzo próximo, afirma Ámbito.

Los documentos llevan la firma de la directora ejecutiva de la Anses, María Fernanda Raverta, y fijaron que, en cumplimento de la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria, el haber mínimo pase a ser de $20.571 y la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $4.017, entre otras prestaciones.

La Resolución 52/2021, que estuvo acompañada de las resoluciones 51/2021 y 49/2021, sostiene: “Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2021, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($20.571,44)”.

Este es el primer incremento que se realizará bajo la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria y alcanzará a 8,3 millones de jubilaciones y pensiones y 9,6 millones de asignaciones como AUH, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Embarazo (AUE).

La legislación establece que las jubilaciones se ajustarán los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en base a una fórmula que se aplicará en un 50% en base a los recursos con destino a la Anses y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables .

Los beneficios a considerar resultarán del promedio trimestral correspondiente a cada período analizado.

La norma votada por el Congreso establece que el Indec y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo proporcionarán a la Anses los valores del Índice General de Salarios (IS) y del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), respectivamente, con el fin de calcular el índice de movilidad que determina el artículo 32 de la Ley 24.241.

En tanto, la Anses publicará cada uno de los valores de las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice de movilidad correspondiente, así como la metodología practicada a tal fin. La ley de Movilidad reemplaza a la fórmula utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, que fijó a la evolución de la inflación como eje de ajuste.

La ley e aprobada por el Senado de la Nación, establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del ARA San Juan.

El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, fue convertido este miércoles en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto». Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.

«Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos», aseguró.

González también dijo que el submarino «no fue buscado por mucho tiempo» y que, luego, el rastreo se hizo «de manera irregular». Además, sostuvo que «nunca fue encontrado».

Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que «se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente, sino desde que en septiembre de 2011 la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años». «Quiero que se averigüe cuánto se pagó por aquella reparación y cuál fue el desperfecto que causó el hundimiento», destacó.

Sin embargo, su coterránea del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el gobierno de Macri «montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia». Agregó que «a veinte días de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri sabía dónde había sido la implosión y que, por su magnitud, no había posibilidad de vida».

«Esta es una manera de reparar algo que es irreparable. Estoy convencida de que una de las formas es decir la verdad de lo que sucedió. El alma se empieza a reparar cuando hay memoria, verdad y justicia», concluyó.

Los familiares del ex jefe de Policía del Chubut pidieron el cambio de carátula y ampliarán este miércoles la denuncia responsabilizando al Juez Orlando, la Fiscal y el Jefe de la Policía Miguel Gómez. Ale falleció el pasado 25 de enero por complicaciones asociadas al coronavirus mientras cumplía condena por abuso sexual a dos menores. Le habían negado la prisión domiciliaria.

Familiares del ex diputado y exjefe de Policía del Chubut, Juan Ale, ampliarán la denuncia en las próximas horas y piden que su muerte sea caratulada como homicidio.

El hijo de Ale había realizado una denuncia contra el Juez que ordenó su detención, a quien también acusaron de «insensibilidad» ya que no se tuvo en cuenta su estado de salud ni edad y fue alojado en dependencias policiales, donde contrajo coronavirus, falleciendo finalmente a consecuencia de las complicaciones de esa enfermedad.

En el momento de la denuncia, Fiscalía ordenó el secuestro de la historia clínica del Hospital de Esquel y se allanó la Comisaría Primera de Esquel donde estaba detenido Ale por orden del juez Orlando de Puerto Madryn en el marco de unas sentencias condenatorias por dos casos de abuso sexual a menores, que aún no estaban firmes.

Ahora, Juan José Ale, hijo del ex jefe policial, indicó que ampliarán las denuncias, ya que consideran que la responsabilidad no sólo recae en el juez sino también en los funcionarios de Fiscalía y el Jefe de Policía de Chubut.

Según explicó Ale, el delito a imputar no sólo es el de prevaricato ( delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley), sino también consideran que hay un homicidio «al menos culposo»

Puntualizó que los responsables directos son los funcionarios judiciales que tomaron la medida: Juez Orlando y de la Fiscal Hernández, pero también que por la muerte de Juan Ale mientras estaba alojado en dependencias policiales debe responder el propio jefe de la policía de la provincia, Miguel Gómez.

La familia sostiene que las circunstancias en que estaba detenido tuvieron directa relación con el fatal desenlace. «La detención fue una condena a muerte», sostiene su hijo y remarca que fue privado de su libertad cuando la sentencia no estaba firme y aún se estaba analizando la responsabilidad, con la opción de recurrir en dos instancias más. «En el caso de mi padre no tenemos duda que era inocente y murió de esa forma», enfatiza.

«Tenía picos de presión, era hipertenso y tenía un problema renal probado y constatado en el expediente. Sabemos que si lo enviaban detenido a una comisaría donde había ya casos positivos de COVID previo al arribo, es obvio que existe una gran posibilidad que contraiga el virus».

Además, buscan que se investigue la actuación del Jefe de Policía Miguel Gómez, responsable de que a Ale se lo traslade a Trelew.

«Nosotros le dijimos muchas veces que en el centro de detención de Trelew había muchos policías detenidos que tenían problemas personales con mi padre» señaló y agregó luego que «no podemos enviar un detenido a un lugar donde hay problemas con otros. En todo caso que cumpla la pena, pero no enviarlo para que lo maten o lo hieran», reseña EQSNotas.

En ese sentido, Ale cuestiona la negativa de Gómez de trasladar a su padre a la dependencia de la Policía Montada, de Esquel, que evitaba el desarraigo y no tenía casos de COVID 19.

Las investigaciones vinculadas a la muerte de Ale se tramitan en Esquel, mientras que las relacionadas con la tarea de los funcionarios judiciales se realiza en Trelew, a partir de una definición adoptada por el Procurador General, Jorge Miquelarena, que separó ambas instancias.

Fuente: EQSNotas

El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, obtuvo hoy dictamen unánime de las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.

La iniciativa será debatida la semana que viene, en el marco del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.

De acuerdo con la presidenta de la comisión de Defensa Nacional, la diputada Nancy González (FdT-Chubut), ese beneficio ascendería a los siete millones de pesos.

Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».

Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

González también aclaró que los familiares de los marinos desaparecidos tienen un año para reclamar el beneficio y recordó que el presidente Alberto Fernández ya les otorgó un ascenso post mortem al grado inmediato superior a los oficiales y tripulantes del ARA San Juan de la Armada.

El senador Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio-Córdoba), manifestó que el interbloque opositor apoyará la iniciativa porque «el Estado quiere cerrar un capítulo y esto es lo correcto».

Finalmente, la senadora Silvia Sapag (FdT-Neuquén), destacó: «Nada llega a cubrir el dolor y la ausencia de los familiares que se han perdido por acciones nefastas del Estado Nacional.

«Sí me parece bien que el Estado reconozca que es responsable. Un Gobierno cometió el error, otro se hace responsable», sentenció Sapag.

Los familiares de pacientes que se encuentran internados a la espera de una cirugía se encuentran movilizados fuera de la Dirección del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, este miércoles por la mañana. Reclaman que en varias oportunidades, y pese a tener una cirugía programada, se las han suspendido.

Ingrid Ocaña tiene a su esposo internado hace más de tres semanas a la espera de una cirugía que se ha reprogramado en más de una ocasión, y pidió- en diálogo con ADNSUR- que lo operen porque su temor es que se contagie dentro del hospital de coronavirus y su cuadro se complique: “Mi esposo está internado corriendo el riesgo de que se pueda contagiar. No hay cirujanos pero sin embargo hay otros pacientes que están siendo operados. Si bien entiendo que va por turno, él tenía turno la semana pasada y lo dejaron pasar, metieron a otros pacientes”, relató.

La mujer explicó que les dieron una alternativa de que se pueda ir a su casa, pero para ello tienen que firmar un compromiso de responsabilidad propia. “¿ Pero si les llega a pasar algo quien se hace responsable?”, se preguntó sobre la posibilidad de que se vaya a su casa sin haber sido operado. “Las veces que he llamado al Hospital para comunicarse con algún médico cirujano me dijeron que no me pueden trasladar la llamada. No me quedó otra que venir y necesito que se haga la cirugía urgente para que no se contagie del covid”, dijo.

Por otro lado, Andrea Asencio, contó que se acercó a plantear la situación de su primo quien ingresó hace 9 días con una hemorragia al hospital. “Lo subieron a la sala de cirugía y ahí después no supimos más nada. Llamamos por teléfono y nos atendieron los primeros dos días, pero después no nos dieron más información”, explicó.

Y si bien le dieron la posibilidad de que vuelva a su casa, la mujer explicó que “nunca le pudieron calmar la hemorragia y no lo vio el gastroenterólogo por lo que no sabemos que tiene”.

Las autoridades del hospital por estas horas se mantienen reunidos con cirujanos, y podría haber novedades al mediodía, según informaron los familiares, que aseguraron que se quedaron en el lugar hasta tanto tengan una respuesta concreta.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, recibió a los familiares del grupo J.E.N que se encuentran recorriendo la comarca a 10 años del incidente vial causado por un conductor en estado de ebriedad que se cobró la vida de los tres jóvenes Juan, Eugenio y Nehuén.

«Estamos formando un cuerpo de inspectores nuevos con vialidad provincial para trabajar en los controles de alcoholemia y que no se repitan tragedias que pueden evitarse. Pero es también muy importante la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual a la hora de manejar. Desde nuestro lugar buscamos trabajar con todos los actores de la sociedad para abordar esta problemática», remarcó Augusto.

«El estado puede implementar ordenanzas, puede poner controles. Pero es importante la responsabilidad de cada uno, entender que si se toma alcohol y se maneja puede haber consecuencias graves» agregó Enrique Esteban Schott, miembro del grupo J.E.N.

Asimismo, María Cristina Hernanz, integrante de J.E.N aseguró que «es muy difícil darse cuenta de la gravedad del asunto del alcohol al volante cuando uno no lo vivió. Yo misma no imaginaba que pudiesen matar a Juan. Los jóvenes pueden pensar que no les va a pasar y por eso hay que empezar a educar y concientizar sobre el tema en los colegios».

Durante la reunión se entregó a los familiares de las víctimas una copia de la ordenanza municipal 091/20 sancionada el 18 de diciembre de 2020 por el Concejo Deliberante de Lago Puelo que instituye el último sábado de enero como una “noche sin alcohol” en la localidad, mediante la cual queda prohibida la venta, el expendio o el suministro de bebidas alcohólicas entre las 20:00 horas de dicho día y las 8:00 del día siguiente.

En el encuentro también participaron Pablo Ceraci, subsecretario de Inclusión Ciudadana y Políticas Comunitarias de El Bolsón y Luciano Troglia, consejero en adicciones del programa el Altillo.

Luisa Cedrón fue inspectora de tránsito en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lamentablemente este año falleció, producto del Coronavirus.  Sus familiares la honraron haciendo el tradicional pesebre.

Ella era del barrio San Cayetano y tenía como costumbre organizar todos los años, en las vísperas de Navidad, un pesebre. En esta ocasión fue organizado por los hijos de Luisa en el polideportivo.

Participación todos los vecinos del barrio y durante el desarrollo del evento se ofrecieron choripan, gaseosas y Papá Noel entregó golosinas.

Fuente: El Comodorense

 

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, agrupados en la querella que representa el abogado Luis Tagliapietra, negaron hoy haber reclamado al Estado una indemnización de 44 millones de dólares, al salir al cruce de una publicación periodística.

«Nosotros, que nucleamos once familias y no hemos realizado pedido alguno de índole económica, solo luchamos y exigimos verdad y justicia. No abonamos este tipo de reclamos y menos aún en este momento decisivo en distintos ámbitos», señaló este grupo de familiares a través de un comunicado.

En ese sentido, el grupo patrocinado por Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, oficial a bordo del sumergible siniestrado en noviembre de 2017, aseguró que se supeditan «a lo que la justicia determine oportunamente, independientemente de la propuesta que el poder ejecutivo realice por fuerza de ley».

“Por último, queremos decir que este tipo de manifestaciones es de una enorme irresponsabilidad en virtud de la situación de inseguridad que vive nuestro país. Noticias de este tipo pueden inferir que poseemos dinero que no tenemos ni tendremos, porque apelamos a la responsabilidad de las partes para que, quien considere hacer un reclamo de este tipo, lo realice por las vías correspondientes y la reserva correspondiente», subrayó el grupo de familiares en esta comunicación.

La misiva lleva la firma de Jorge Lucio Suarez Maria Rosa Belcastro Rumi Esther Rojas Luis Antonio Niz Claudio Rodríguez Ramos Vero Lazarte Miguel Toconas Luisa Alfaro Rodríguez Andrea Mereles Isabel Vilca Daniela Mariana Leiva Gustavo Leiva Martin Rodriguez Poly Celeste Alfaro Esther Alfaro Jesica Paola Medina Rafael Medina Marisa Tomaba y Luis Tagliapietra.

El Consejo General de Guerra que investiga la responsabilidad de ocho oficiales de la Armada Argentina en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, recibió esta semana el alegato de apertura, escuchó a las defensas de los imputados e inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.

Las actuaciones del Consejo General de Guerra comenzaron el 25 de noviembre pasado en el Edificio Libertador para investigar la responsabilidad militar en el siniestro del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes.

En la audiencia del lunes, el Oficial Auditor Instructor, comodoro Ricardo Méndez, realizó su alegato de apertura «pronunciándose en orden respecto de los presuntos infractores», informó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esa oportunidad, también hicieron uso de la palabra las defensas de las partes, quienes alegaron en relación a los hechos imputados, mientras que en la audiencia del miércoles se inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.

El Consejo investiga la responsabilidad del exjefe de la fuerza Marcelo Srur y los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.

También son investigados Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.

Además, se sigue una causa judicial por el hundimiento en la que instruye la jueza federal de Caleta Oliva Marta Yáñez, cuya competencia en el caso fue ratificada por un fallo de Casación.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó en noviembre pasado determinar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.

En tanto la jueza María Eugenia Capuchetti investigan las posibles irregularidades ocurridas en el trámite de la contratación directa 4/2018 a través del sistema Comopr.ar mediante la cual se sugirió la pre-adjudicación de Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del submarino que había desaparecido.

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan piden que el 15 de noviembre sea declarado feriado nacional “para hacer honor a los 44 héroes”. La petición.

“El 15 de noviembre en este momento de mi vida representa orgullo y quiero que sea un día representativo a nivel nacional”, aseguró Anabella Aguirre, la viuda del cabo principal Enrique Damián Castillo, en diálogo con Info Región.

Compartió que “la iniciativa está desde siempre latente” y si bien hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, buscan “acelerar los pasos” para que este próximo aniversario de la tragedia ya sea decretado feriado nacional. Ese es el objetivo de la petición que circula en redes.

Muy consciente de que “hay que aprender a vivir con el dolor”, Anabllea considera que un día para recordarlos sería “un mimo y un abrazo” para quienes perdieron un ser querido en el submarino. “Yo perdí al amor de mi vida en ese submarino”, insistió.

En la misma línea, Itatí Leguizamon, viuda del sonarista del ARA San Juan Germán Suárez, explicó que la iniciativa surge para “que los recuerden y que estén presentes en la memoria de la sociedad”. “Que los reconozcan va a ser algo gratificante dentro de lo malo, me va a hacer sentir mejor que los recuerden”, consideró.

“Todavía no me recupero, no estoy bien, sigo como puedo. No pude reconstruirme totalmente después de esa fecha”, expresó a Info Región la mujer, que comparte el dolor. “Aunque parezca que un marido vale menos que un familiar sanguíneo, a mi me arruinó la vida”, sentenció.

“A pesar de sentir la soledad del olvido, vivimos para resguardar su memoria”, señalan los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Piden que no los olviden y con ese objetivo, esperan que el 15 de noviembre sea declarado feriado. Para ello, pusieron en circulación una petición en Change.org.

El 15 de noviembre de 2017 el submarino ARA San Juan se contactó por última vez con tierra. Navegaba hacia Mar del Plata y se encontraba a la altura de la ciudad de Puerto Madryn, a unos 432 kilómetros de la costa. Tras meses de no saber nada, los restos fueron hallados a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia.

Juan José Rivera, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rada Tilly, aseguró que se reforzarán los controles en toda la localidad durante el fin de semana. Y explicó que si bien se rehabilitó la libre circulación el domingo, sin restricción de terminación de DNI, las reuniones sociales y familiares continúan prohibidas.

“No están permitidos los eventos sociales donde la gente pueda reunirse en domicilios, sobre esto se hará mucho control porque ya hemos visto que después de los hechos importantes como día del padre o del amigo, han habido repunte de casos de coronavirus”, lamentó el funcionario.

Asimismo, aclaró que ante la posibilidad concreta de que esto suceda, se realizarán controles sobre reuniones sociales “pedimos que sean respetuosos con esto, seremos estrictos porque en las últimas semanas la veleidad de contagio se ha desacelerado y esto tiene que ver con las medidas de restricción y la conciencia ciudadana”, indicó.

Rivera afirmó que “no vamos a dejar que esto se tire por la borda. Habrá controles en plazas y playas entendemos que el fin de semana estará muy lindo, los controles también serán en los espacios en los que no se pueden permanecer”, manifestó.