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Justicia Federal

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La Justicia Federal a través del juez Gustavo Lleral, dictó el procesamiento contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, por el corte de la ruta 3, en abril del año pasado, en el marco de una protesta de la Mesa de Unidad Sindical. Fue el único imputado. Lo embargaron en $ 100.000.

La denunciante fue Gendarmería Nacional, que se apostaba sobre la ruta cuando transcurría el reclamo. La carátula por la cual está procesado en la causa es “Entorpecimiento de la vía pública”, fijado dentro del artículo 194 del Código Penal.

El titular de ATECh indicó que “me procesaron por el corte de ruta de abril del año pasado, donde estábamos todos los de la Mesa. Es más de lo mismo. Los gendarmes me sindican como el responsable del corte. Eran los días que cortamos la Ruta 3 e hicimos movilización en Rawson y en este caso dicen que además la ruta fue cortada hasta las 2 de la tarde de forma ininterrumpida. Mienten descaradamente, pero ya sabemos cómo es esto”.

Indicó que hasta el momento no está pautada ninguna audiencia. “Entiendo que nos vamos a presentar colectivamente con la Mesa y quienes estuvimos en esa acción”. Consideró que “desde el Gobierno nacional buscan amedrentar el reclamo de los trabajadores. Hay un reclamo que no fue atendido. Fue el 4 de abril, veníamos reclamando desde febrero, acciones colectivas en las cuales lo que hace la Justicia en esta acción y los denunciantes siempre los mismos. El Gobierno nacional que pretende amedrentar a los trabajadores procesando a mi persona, y poniendo en esta posición y en vez de atender el reclamo, pretender criminalizar la cuestión procesando a un trabajador para que cause temor”.

Acotó que “si uno no hubiese reclamado, no podríamos haber arribado a acuerdos”. Y sobre el embargo, opinó que “se avanza sobre el trabajo y salarios de los trabajadores, que tiene carácter alimentario. Tengo 4 hijos, pero parece que es la forma de la Justicia para hacer justicia”.

Con un comunicado el gremio docente manifestó su repudio: “Vemos que una vez más se intenta castigar y perseguir a quienes luchamos por los trabajadores y trabajadoras”. Expresaron que se “intenta aleccionar las voces de la protesta cuando ha sido el mismo Estado el responsable de las situaciones de conflicto que atravesamos los trabajadores de la provincia durante 2018”.

 

 

Diario Jornada

En total declararon 20 afiliados a Chubut Somos Todos. Reconocieron los aportes de campaña y presentaron recibos de sueldos para justificar el financiamiento. La documentación fue girada a los auditores de la Cámara Nacional Electoral que determinarán si hubo o no inconsistencias. Oca, Bohe, Salto, Amhed y Arzán fueron algunos de los testimonios que reunió el Juzgado Federal de Rawson.

Por primera vez en Chubut, la Justicia Federal con competencia electoral llamó a declarar a autoridades actuales y exfuncionarios por los aportes a la campaña de 2017. En este caso, se trató del partido Chubut Somos Todos, aunque también habría alcanzado a dirigentes del Frente para la Victoria.

Esta metodología se puso en práctica por primera vez en las elecciones primarias y generales de 2017.

La solicitud de expresión de consentimiento de aportes privados para la campaña de las elecciones legislativas 2017 a la que accedió en exclusiva diario EL CHUBUT, contiene la lista de los 20 funcionarios y exfuncionarios de la gestión del actual gobernador que declararon por los aportes a la campaña justamente de Mariano Arcioni y Rosa Muñoz como candidatos a diputados nacionales.

El llamado a declarar fue solicitado por el juez federal de Rawson con competencia electoral, Hugo Sastre, y en estricto cumplimiento con pautas fijadas por el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral.

Los exfuncionarios y actuales que declararon fueron el exministro de Economía, Pablo Oca; el exministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe; el actual ministro de Ambiente, Juan Carlos Arzán; el exsubsecretario de la cartera de Infraestructura, Emilio Cisterna; el exsubsecretario de Información Pública, Francisco Salto; y el subsecretario de Desarrollo Social, Alberto Amhed, entre otros.

Desde la Justicia Federal con competencia electoral ratificaron a EL CHUBUT que el llamado a declarar fue en el marco de la ley de Control de Financiamiento de los Partidos Políticos. Sin embargo, es la primera vez que sucede en la provincia del Chubut.

EL CUESTIONARIO QUE RESPONDIERON

El interrogatorio que llevaron adelante las autoridades del Juzgado Federal de Rawson estaba compuesto por ocho preguntas. EL CHUBUT accedió al documento de las preguntas que tuvieron que responder los actuales funcionarios y ex del gabinete de Arcioni.

La primera de ellas era «si en el trancurso del 2017 trabajaba, dónde y cuál era su ingreso mensual aproximado». La segunda indagaba sobre «si es afiliado a alguna agrupación política», y la tercera iba al grano: «si realizó alguna contribución o donación a la agrupación».

La cuarta pregunta ahondaba si la contribución «fue realizada con los fondos propios o de la empresa o entidad de la que forma parte; si alguien solicitó que efectuara la misma; y si recibió alguna bonificación salarial o reintegro de parte de la empresa para compensar la contribución o donación económica realizada».

En quinto lugar las autoridades del Federal indagaron sobre «el medio por el cual materializó la contribución», con el agregado que debían exhibir el procedimiento del pago. Asimismo, tuvieron que presentar el recibo de sueldo con el fin de justificar los aportes a la campaña de Arcioni.

«Demuestre la tenencia previa de los fondos que dice haber aportado», era otra de las consultas a los funcionarios de Arcioni.

La séptima pregunta estaba orientada a acreditar de manera fehaciente sus ingresos anuales por todo concepto. La octava y última pregunta era «si fue obligado a realizar el aporte por su superior jerárquico o empleador».

Ninguno de los afiliados a Chubut Somos Todos que declararon negó que hicieron aportes. En la mayoría de los casos, la cifra rondó en los 10.000 pesos, con la excepción de Amhed y Bohe que ofrecieron 5.000 pesos.

AUDITORES DARÁN SU VEREDICTO

Con todas las testimoniales reunidas, el Juzgado Federal de Rawson remitirá las declaraciones y documentación presentada al Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral para que determinen exhaustivamente si hay o no inconsistencias en los aportes para la campaña del actual gobernador Arcioni, que busca la reelección.

El Chubut

Desde la fiscalía de Madryn se realizó una crítica a la falta de respuestas de la justicia federal en narcotráfico o narcomenudeo, que se traduce en la carencia de investigaciones trascendentes en esta línea de trabajo.

El fiscal Daniel Báez reconoció que “en los últimos dos años no hubo ninguna actuación que indique que se está combatiendo el narcotráfico y el narcomenudeo”, además de plantear que esto ya lo había advertido meses atrás y nada cambió. “En agosto dije que observaba poco interés de la justicia Federal en abordar los temas del narcotráfico. El tiempo me dio la razón porque ocurrió este caso gravísimo con dos homicidios, varias personas detenidas”.

En su análisis Báez planteó sus coincidencias con el fiscal Federal –Fernando Gélvez- que “ha sido muy claro respecto a que las investigaciones no avanzan o que no se les permite el avance o que cuándo se quiere avanzar se las demora”. Desde su perspectiva está situación “no es un dato menor” porque “cada día que pasa en una investigación como estas es tiempo que se pierde y, fundamentalmente, la prueba”.

En el caso específico de los asesinatos de López y Lomeña, ocurridos en diciembre último, el fiscal jefe ratificó que por los datos recolectados la causa tiene vinculación con delitos federales. Desde allí que la fiscalía solicitó la competencia de la justicia federal aunque el juez Gustavo Lleral la rechazó. Báez recalcó que “en este último caso se vio reflejada en la cantidad de participantes y el resultado de estas conductas porque estamos ante el comercio y tráfico de estupefacientes”.

noticiasPMY

Este mediodía se dio a conocer la resolución de la Jueza Penal Stella Eizmendi por la cual declaró que el fuero povincial no tiene competencia en la investigación de las muertes de Héctor López y Federico Lomeña relacionadas por la venta y comercialización de drogas.

Así, la causa por el doble crimen de los hombres y por las cuales están detenidos mientras se investigue la causa seis jóvenes, pasará a la Justicia Federal.

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