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El juez federal Gustavo Lleral informó que la justicia Federal inició unas 2500 causas por incumplimiento al decreto de aislamiento y detalló que hubo casos en los que se procedió al secuestro de vehículos que en total, suman 500, aunque algunos de ellos fueron restituidos cuando los pedidos fueron debidamente justificados.

El juez Federal remarcó en diálogo con Radio Chubut que desde el juzgado que él dirige nunca se solicitó la detención de ninguna persona que hubiera incumplido con el decreto y que sí se procedió a las demoras del caso, relacionadas más que nada con la toma de datos o la verificación de los hechos.

En algunos casos, las personas imputadas por este delito de incumplimiento al decreto de aislamiento propusieron la suspensión del juicio a prueba ofreciendo la realización de trabajos comunitarios, aunque debido a la situación que estamos atravesando, eso es de imposible cumplimento por el momento, según detalló el juez.

Lleral aseguró que no se contemplan multas y que sí podría existir una especie de resarcimiento, la donación a alguna institución de bien público, pero se trata de cuestiones que se decidirán en el futuro.

La Policía apresó ayer a cuatro ladrones cuando escapaban en un utilitario, llevándose una importante extensión de un cable telefónico que habían cortado en dos tramos, en las inmediaciones del acceso sur de la ciudad, dejando sin el servicio de telefonía fija a unos 135 abonados, pero desde la Justicia Federal de Rawson dispusieron que les secuestraran el «botín» y se los liberara.

Por lo que se supo, desde el juzgado del doctor Gustavo Lleral los citarían este lunes para notificarlos de que se los va a investigar por un delito federal; el de robo con interrupción de las comunicaciones.

La Policía sospecha que algo tienen que ver con la banda de delincuentes que con fines de robo durante los últimos tiempos vino saboteando la fibra óptica de Movistar para neutralizar los sistemas de seguridad de bancos, cajeros o lugares en donde hay cajas fuertes; y en consecuencia mientras estaban siendo identificados en la Comisaría antes de que salieran en libertad les allanaron las casas pero -lamentablemente- en esos procedimientos, no encontraron nada que los incriminara, refirió una fuente.

Los cables que habían sustraído no son fibra óptica sino conductores multifilamento de una instalación que provee de telefonía fija a un vasto sector de la zona sur de Trelew que ayer, a la mañana entre las siete y las diez se quedó momentáneamente sin el servicio, hasta que la empresa prestataria logró reemplazar la extensión de cable que había sido cortada.

El lugar en donde ocurrió ese hecho, situado en las proximidades del complejo deportivo del Club Huracán, en el acceso sur; está protegido ahora con sensores que se activaron y dieron la señal de alerta a la policía ni bien detectaron el corte. Así los ladrones pudieron ser interceptados cuando se estaban alejando del lugar.

Reconoció el “daño moral” sufrido por el oficial Marcelo Toulemonde, pasado a retiro obligatorio en 2012. La Armada aún pide su ascenso retroactivo.

La Justicia federal reconoció el «daño moral» y ordenó a la Armada y al Estado nacional indemnizar al capitán de fragata Marcelo Toulemonde, sancionado, perseguido por autoridades navales y de Defensa en los años K y finalmente pasado a retiro obligatorio en 2012, a partir de que su esposa gritara en un acto encabezado por Cristina Kirchner.

En su fallo de 28 páginas, al que accedió Clarín, la jueza federal subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, acogió parcialmente la demanda del marino, ya que si bien le reconoce el daño y fija indemnización, rechaza su pedido de ser reincorporado al servicio activo y evaluado ante la Junta de Calificaciones de la Armada. Un expediente en este sentido, que ya tiene pedido favorable de la Armada con la firma del jefe naval, almirante José Luis Villán, está en trámite hace meses en el Ministerio de Defensa,según contaron a Clarín cerca de Toulemonde.

Toulemonde era hace 12 años jefe del Arsenal Naval Mar del Plata, un cargo considerado «técnico» en la Armada, que ejercía con responsabilidad y dedicación según múltiples testimonios. Su vida y la de su familia tendría un antes y un después del 20 de diciembre de 2007,cuando a diez días de asumir su primer mandato, Cristina Kirchner presidió la ceremonia de egreso conjunto de los cadetes de las tres fuerzas, en el Colegio Militar.

Cuando daba su mensaje «a las nuevas generaciones» referido a las tragedias del pasado a dejar atrás, en relación a los años de plomo de la dictadura, un grito retumbó en el solemne Patio de Honor: «¡Larrabure!» Clarín estaba allí ese día, y sigue el caso desde entonces. La custodia presidencial empezó a rastrear nerviosamente entre los asistentes. La autora sería identificada como Mónica Liberatori, esposa de Toulemonde. La mujer reconoció su actitud e hizo público su caso, unos meses después en una carta al diario La Nación.

El caso Toulemonde, que remite al caso Larrabure, es emblemático de los conflictos en los años de gobiernos Kirchner (2003-2015) con las Fuerzas Armadas a partir de la decisión de Néstor Kirchner de reabrir los juicios por la represión ilegal de la dictadura. Que reavivó el reclamo de la «familia militar» de tener en cuenta a las víctimas de la guerrilla. Larrabure es acaso su principal emblema.

Larrabure era el mayor Argentino del Valle Larrabure, ingeniero químico, secuestrado el 11 de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, de la que era subdirector. Estuvo 372 días cautivo en una «cárcel del pueblo» en Rosario.

El Ejército se negó a canjearlo por presos del ERP, y Larrabure se negó a colaborar con sus conocimientos técnicos con la guerrilla. Murió por asfixia, ahorcado según afirma hasta hoy su hijo Arturo Larrabure que sigue pujando en tribunales para que se considere su caso como delito de lesa humanidad (el ERP dijo que se suicidó). Su cuerpo fue hallado el 25 de agosto de 1975 en condiciones lamentables. Tenía 43 años. Historias trágicas de los 70: la familia de militantes que fueron los «carceleros» de Larrabure, fue identificada y cinco de sus miembros fueron salvajemente torturados, violados al menos en un caso y asesinados por los militares. Sobrevivió la que era una beba, Josefina Tosetto González, actual diputada de la Nación.

El fallo de la jueza Gilardi De Negre refleja el calvario personal que empezó a vivir el marino Toulemonde, y que arrancó con una sanción tras los hechos en el Colegio Militar por “no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas de comportamiento a seguir». Había un en ejercicio una presidenta (hoy vicepresidenta electa) mujer, Cristina KIrchner; y una ministra de Defensa, mujer, Nilda Garré, paradójicamente la ministra de Defensa más reformistadesde la restauración democrática. Ambas consintieron la idea de que la mujer debe ser controlada por el marido, y el escarmiento al varón, por la falta cometida por su esposa.

Toulemonde fuetrasladado a Buenos Aires, alejado de su familia en Mar del Plata. Tuvo otras sanciones, leídas por sus camaradas como parte de un claro hostigamiento. No fue considerado para el ascenso en 2008. Enfrentó con el reglamento en la mano las arbitrariedades,la falta de resolución de su caso, que lo hizo permanecer 9 años en la jerarquía, cuando lo normal son 6, según recogió el fallo de Gilardi de Negre.

Tuvo graves consecuencias para su salud que derivaron en licencias médicas. Fue pasado a retiro obligatorio en 2012.

Aquel día fatal del acto en el Colegio Militar, un hijo del matrimonio Toulemonde-Liberatori egresaba como cadete naval; otro era escolta de la Bandera. Ninguno sigue hoy en la Armada.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, en una decisión simbólica y reivindicatoria, revocó hace exactamente un año una resolución de la ministra Garré, de 2010, y ordenó pagar los sueldos retroactivos a una treintena de oficiales de las tres fuerzas pasados a retiro por» por portación de apellido». Eran primeros o entre los más destacados de sus promociones, pero eran hijos o parientes de militares connotados durante la dictadura. Por eso el kirchnerismo, en una polémica decisión política, les clausuró sus carreras.

Toulemonde no entró en este beneficio, porque ya había acudido a la Justicia, según se explica en voz baja.

El actual jefe de la Armada, almirante Villán, es compañero de promoción de Toulemonde. Conoce el caso al dedillo.El 19 de abril pasado, Villán envió una nota a Aguad con la postura de la Armada: consideró «sobresalientes» los antecedentes de Toulemonde, y le pidió a Aguad«equidad» en el tratamiento frente a los llamados «portadores de apellido». Por eso, pidió el aval a la decisión de la Armada de computar haberes de servicios reconociendo a Toulemonde el tiempo pasado “en retiro” como “en actividad”; y continuar con el trámite de ascenso retroactivo al 31 de diciembre de 2008. La decisión final está a consideración del ministro que se despide el 10 de diciembre, informó Clarín.

El secretario general de la Atech, Santiago Goodman, se presentó ayer en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, donde fue convocado a prestar declaración como procesado por los cortes de rutas registrados en 2018 en la provincia, uno el 4 de abril y otro en el mes de mayo del mismo año.

A las 10 de la mañana concurrió el sindicalista al Juzgado, y estuvo acompañado por representantes de diferentes gremios que le manifestaron su apoyo.

«Planteamos claramente que lo denunciado por los gendarmes tiene que ver, nada más ni nada menos, que con la criminalización de la protesta social del gobierno provincial», dijo Goodman. Y aseguró que el gobierno busca «tratar de callar a los trabajadores».

En diálogo con la prensa, el dirigente de Atech informó que «expusimos ante el Tribunal todas las mentiras planteadas en el escrito y defendemos nuestra posición del reclamo», así lo informó el chubut.

Y concluyó que «ahora tienen que deliberar los tres jueces de Cámara y después tendremos lugar al veredicto».

Los recibió el juez Julián Ercolini, quien investigó el caso de Oil Combustibles, considerado una investigación de corrupción y no un delito tributario.

La justicia federal ya investiga 1.200 casos de violaciones a la legislación tributaria de los dueños del Grupo Indalo, un conglomerado de 170 empresas. Según denunció la AFIP, diferentes compañías de Cristóbal López -que por estos días presentó recursos para ser liberado- no pagaron IVA, el Impuesto a las Ganancias o retuvieron indebidamente los aportes de la seguridad social.

Esas denuncias fueron enviadas desde el fuero Penal Tributario hacia los tribunales de Comodoro Py en más de 90 cajas de documentos para que queden relacionadas procesalmente con la causa por la defraudación contra el Estado que implicó la deuda impositiva de $ 8.000 millones generada con Oil Combustibles, de López y Fabián De Sousa, que se apropiaron de lo que le cobraban en concepto de impuesto a la transferencia de los combustibles a sus clientes de las estaciones de servicio. La causa de Oil ya está en manos de un tribunal oral, de modo que ahora todos esos expedientes se encuentran en los tribunales federales.

Las más de cien causas que reflejan esos más 1.200 hechos que se tramitaban en el fuero penal tributario habían sido remitidas -en cajas numeradas y atadas con hilo sisal y bolsas que contienen carpetas rotuladas, expedientes con poco avance y documentación secuestrada- hace varios meses al juez federal Julián Ercolini, quien procesó y ordenó detener al empresario K como parte de su investigación por la defraudación en Oil. Sin espacio para almacenar la cantidad de expedientes ni recursos para procesar los miles de documentos que estas causas representan, Ercolini decidió delegar estas causas en el fiscal Gerardo Pollicita, quien también llevaba la investigación sobre la defraudación multimillonaria de López, De Sousa y Ricardo Echegaray (titular de la AFIP durante el kirchnerismo) al Estado.

Hoy, las cajas que habían sido enviadas al juzgado de Ercolini, aguardan un espacio físico para ser derivadas a la fiscalía, que ya comenzó a notificar a los acusados en esas causas. La justicia ya determinó a qué lugar mandará esos papeles: están aguardando que sean retiradas de una pequeña habitación en el Edificio Libertad (la sede de la Armada Argentina, ubicada frente a los tribunales federales), más de 80 cajas de la causa Hotesur SA, la empresa hotelera de la familia Kirchner. Paradójicamente, Cristóbal López también es investigado en ese expediente.

Los papeles de las causas acumuladas contra Cristóbal López por denuncias de la AFIP.

Los papeles de las causas acumuladas contra Cristóbal López por denuncias de la AFIP.

Las 1.200 denuncias por falta de pago de diferentes impuestos fueron presentadas por la AFIP como principal perjudicado, y quedaron radicadas inicialmente en el edificio de calle Inmigrantes donde funciona el fuero Penal Económico.

El destino de esas carpetas comenzó a modificarse cuando la Cámara de Casación Penal dictaminó que la causa por la retención del impuesto a la transferencia de combustibles por parte de Oil Combustibles (el principal activo que tenía el grupo) debía investigarse como un delito de corrupción y no tributario, ya que consideraron que el plan de López y De Souza fue financiar con esa evasión la expansión del holding. Así, Casación ordenó que Ercolini recibiera todas las causas de evasión de Indalo que tramitaban en otros fueros.

Más denuncias acumuladas contra los dueños del Grupo Indalo

Más denuncias acumuladas contra los dueños del Grupo Indalo

En Comodoro Py se resistió ese planteo, pero sin éxito, y de ese modo quedaron allí las causas que Pollicita terminó ordenando en grupos. Así, quedaron por un lado los expedientes que están para ser elevados a juicio oral, por otro aquellos en los que se indagó a los acusados pero que tienen no resuelta su situación procesal, y por último un tercer grupo cuyos casos fueron enviados a la AFIP para que analice si la suma por la que se formuló la denuncia sigue siendo punible.

Un problema adicional que detectó la justicia federal con estos 1.200 casos es que muchos de los hechos no se encuentran vinculados al período en el que se investigó la defraudación que juzga el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3). “La causa de Oil Combustibles plantea que toda la maniobra no se podría haber generado sin la connivencia de Ricardo Echegaray, pero hay muchos hechos que son posteriores a 2015, con lo cual no corresponde la misma figura, porque Echegaray ya no estaba en la AFIP”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Los dueños del Grupo Indalo están presos desde el año pasado, pero el TOF 3 les otorgó la excarcelación tras un sobreseimiento a favor de López y De Souza en una investigación sobre el intento de venta del holding. Pese a ello, los empresarios cuentan con prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa de los Cuadernos de las Coimas y el viernes pasado el juez Claudio Bonadio rechazó liberarlos. Será la Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la que decida si concede la excarcelación o no en este último caso, lo cual podría implicar la salida en libertad de López y De Souza.

«La Justicia Federal tiene que tomar una determinación para evitar este nivel de conflicto entre trabajadores», reclamó ayer el ministro Coordinador, Federico Massoni, a raíz de la violenta situación que se dio durante la madrugada cuando petroleros atacaron a manifestantes estatales en un piquete cerca de Comodoro Rivadavia.

Massoni se refirió al conflicto entre gremios de la educación y petroleros, por el acceso a los pozos en la intersección de las rutas nacionales Nº 3 y 26 en Comodoro Rivadavia, indicando que «Comodoro debe estar en paz, por eso mañana (por hoy jueves) voy a tener reunión con la Ministra de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich). Necesitamos que cada uno de los actores de los tres poderes trabaje con responsabilidad», señaló.

El ministro de Coordinación de Gabinete dijo estar preocupado por los hechos sucedidos en la intersección de las rutas 3 y 26, en Comodoro Rivadavia, producto del corte de ruta que mantienen los docentes, y que derivó en un enfrentamiento con el gremio de petroleros por el acceso a los pozos. Reseñó El Chubut.

CONTRA LA JUSTICIA FEDERAL

Dijo Massoni que el motivo de la reunión con Bullrich es porque «necesitamos que cada uno de los actores de los tres poderes trabaje con responsabilidad. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra función, pero es la Justicia Federal, que nunca se quiso meter en la problemática, la que tiene que tomar una determinación para evitar este nivel de conflictos entre trabajadores».

Asimismo, el funcionario provincial sostuvo que «se trata de una ruta nacional, es competencia federal, por lo que la seguridad la tiene que brindar Gendarmería, Prefectura o Policía Federal, y acá hay muchos que están mirando para otro lado. Nosotros no podemos permitir que comprovincianos se estén peleando entre ellos, sin tomar una intervención». Y agregó que «se hicieron las presentaciones y actas de todos los cortes, está en manos del Juzgado Federal, pero hasta ahora no se tomó intervención».

«Esperábamos que después de la conferencia que dio el Gobernador ayer (por el martes), en donde llamó a la unidad, con la premisa de que es la única forma de salir de esta crisis financiera, se revea esa situación de los cortes. Como Estado no podemos permitir que existan este tipo de confrontaciones violentas entre trabajadores», concluyó Massoni.

LOS PIQUETES

«Esto lleva tres semanas de cortes que son férreos, ya que los manifestantes no permiten pasar a nadie relacionado con el petróleo, avasallando el derecho a transitar e incluso se reservan la facultad de pedir documentación al que quiera pasar», sostuvo el ministro.

Señalando una vez más a la Justicia Nacional, dijo Massoni que «nosotros desde el Gobierno siempre le dimos participación a la fiscalía federal, y nos encontramos con algo extraño: la misma fiscal que nos pedía intervenir, de la forma menos violenta (para levantar los piquetes) luego decía que retrocedamos y que no pusiéramos frente a los manifestantes a ningún efectivo policial».

Y agregó que «en el último oficio que nos mandan desde la fiscalía, se agregó un párrafo donde nos decía que antes de actuar teníamos que llamar al fiscal. Y cada vez que la llamábamos, nos decía que no se deje a ningún grupo policial a la vista de los manifestantes, o sea, nos hacía retroceder».

 

La secretaria electoral del Juzgado Federal, con sede en Rawson, Betina Grosman, advirtió a los directores de las escuelas que «el sábado a más tardar» deberán entregar las llaves de cada establecimiento escolar al comando electoral para llevar adelante los comicios.

La advertencia fue ratificada a Télam por la funcionaria quien recordó que «nosotros no nos metemos en la autenticidad del reclamo que lleva a una medida de fuerza porque es un derecho constitucional, pero también votar es un derecho constitucional y una carga pública».

Grosman recordó que «las elecciones se harán y los directores serán los responsables de entregar las llaves en las condiciones que estén los establecimientos que serán devueltos en las mismas condiciones».

Los auxiliares de la educación se encuentran con medidas de fuerza desde el miércoles de esta semana y el jueves decidieron extender la medida para la semana próxima por falta de pago de los salarios de julio.

La acción gremial despertó la inquietud sobre el estado de las 229 escuelas donde se colocarán las 1338 mesas electorales para las PASO en las que se elegirá presidente y vice, diputados nacionales (3), más intendentes y concejales en 14 localidades.

La especialista en temas electorales aclaró que «estamos en contacto con todos los actores, desde hace por lo menos dos semanas y venimos sorteando las dificultades, tanto con el ministerio de Educación como con los propios directores».

Servicoop informó que se hizo lugar a la medida cautelar presentada en el día de ayer ante el Juzgado Federal, por lo cual no se podrá aplicar la resolución 124/2002 de la Secretaría de Energía que habilitaba a Cammesa a disminuir la tensión de la energía el día viernes 26/7.

De haberse concretado la medida de Cammesa, se habrían vulnerado derechos esenciales con riesgo sanitario cierto por afectación a Centros de Salud, bombeos cloacales y redes de agua entre otros. Por una deuda comercial que involucra al Estado, en tanto poder concedente, no deberían ser penados los ciudadanos y ciudadanas, sus propiedades y la salud pública.

Consultada la Gerencia Técnica sobre las posibilidades de administrar dicha reducción de energía el informe fue terminante: “Es inaplicable la posibilidad de realizar cortes o disminución de la demanda de energía eléctrica, realizando cortes selectivos a fin de cumplir con tal solicitud, sin afectar a los usuarios que tal solicitud pretende salvaguardar de tal evento”.

El informe continúa: “Las redes de distribución tanto en media tensión (que abastecen a diferentes centros de transformación dedicados a Hospitales, Clínicas, Escuelas, Comisarías, Juzgados, Usuarios Residenciales, Comerciales, etc.) como los centros de transformación de distribución para las redes de baja tensión que abastecen a todo tipo de usuarios, y a su vez a las cajas de comando del alumbrado público, no pueden ser selectivas a fin de elegir a qué tipo de usuario abastecer y a cual no”.

En caso de que Cammesa decida aplicar de facto la disminución de la energía suministrada a través de la transportista Transpa S.A. a las redes de media tensión de las cuales se abastece Servicoop “se afectaría a la totalidad de los usuarios de la misma, incluidos hospitales, juzgados, comisarías, escuelas. Esto puede resultar en daños irreversibles a los aparatos domésticos, hospitalarios, informáticos, de fuerza motriz, de comando del alumbrado público, etc., dado que no están diseñados para trabajar con niveles de tensión que puedan dañar sus componentes o la totalidad de los mismos”.

El Sindicato de Vialidad presentó en la justicia federal una denuncia por sobreprecios que apunta a la gestión Cambiemos y que particularmente se mete con una de las empresas emblema del entorno presidencial, la siempre sospechada de corrupción: IECSA.

En el escrito judicial se especifica que el tramo más importante de la construcción de la ruta 8, entre Pilar y Pergamino, que fue licitado por el kirchnerismo, en 2015, por 285 millones de pesos, pero ahora se pretende pagar nada menos que 2.500 millones de pesos. Se trata de un nuevo monto nueve veces mayor del valor original.

La beneficiaria de la maniobra denunciada por la organización que comanda Graciela Aleñá es la empresa que fuera del primo de Mauricio Macri y el sorteo judicial determinó que la causa recaiga en manos del juez Julián Ercolini, el mismo que instruyó la causa de la obra pública contra el kirchnerismo por la obra vial de Santa Cruz, que esta semana tuvo a CFK en el banquillo de acusados.

La obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos: a los dos tramos contiguos al de Iecsa se les autorizó un aumento del 35 y el 45 por ciento, mientras que el de IECSA recibió un incremento del 120 por ciento y en total, con la actualización por inflación y costos más altos, el aumento es del 877 por ciento.

El argumento para el nuevo monto es una modificación del trazado. Sin embargo no se licitó nuevamente y el proyecto incluye menos recorrido, menos puentes, e inexplicablemente un valor sensiblemente mayor.

En la denuncia del sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio de las proyectos, comparados con las obras que se están haciendo, son un 37 por ciento más altos. La conclusión de la Oficina de Costos es lo que convierte a la presentación en una denuncia de sobreprecios.

 

 

InfoGremiales

El secretario general de ATE Esquel, Félix González, fue motivo de un embargo de 50 mil pesos dictado por la Justicia federal a partir de su participación en una de las manifestaciones sobre Ruta 40, en el acceso a Esquel, que se llevó a cabo el año pasado contra las políticas nacionales y el pago escalonado implementado por el gobierno provincial.

A González se lo acusa de “impedimento y/o entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra”, delito por el que se encuentra procesado.

“Es otro hostigamiento más contra los trabajadores y contra quienes repudiamos esta política que se viene llevando adelante a nivel nacional”, dijo el propio González.

“Más allá del procesamiento por la manifestación del año pasado, ahora me encontré con una notificación del juez Guido Otranto en mi domicilio particular con un mandamiento de embargo por 50 mil pesos. Un atropello más en estos tiempos que estamos sufriendo”.

El dirigente gremial dijo que “es repudiable esta actitud, esta política que se está llevando adelante, y muy por el contrario, en lugar de bajar nuestra lucha, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y nuestra dignidad como trabajadores”.

Asimismo, apuntó que “la manifestación que llevábamos adelante por aquel entonces era contra la política del gobierno de Macri y por el pago escalonado que se daba a nivel provincial. Pero para ellos es delito la defensa de los trabajadores. Toman como delito esa manifestación donde se pudo visibilizar los conflictos que teníamos, con el vaciamiento de las instituciones, despidos masivos en Agricultura Familiar o en otros organismos, a nivel provincial la pérdida del poder adquisitivo y el pago escalonado”.

González agregó que desde el Juzgado federal de Esquel “consideran un delito la manifestación y la panfleteada por el corte de ruta, cuando fue de público conocimiento que no se cortó la ruta, sino que se trató de una manifestación pacífica”.

En Esquel, “soy el único al que procesaron por esa protesta, pero la política es ir contra quienes encabezan los sindicatos, esto no es novedad y el Gobierno sigue sosteniéndolo. Por algo vinieron en esta semana tres embargos a Chubut.

Apelación

Adelantó que la intención es apelar, “hoy (por ayer) estuve en el juzgado federal porque la intención es apelar. Esto es un atropello muy grande, encima dicen que tengo que hacer un depósito de 50 mil pesos porque si no me embargan algún bien de mi propiedad. Por eso nuestro total repudio a esta política que lleva adelante el Gobierno nacional”.

 

 

El Chubut