“Hay disposición mutua para alcanzar un acuerdo”, afirmó a Ámbito una alta fuente del Ministerio de Economía al referirse a la marcha de las negociaciones del país con los acreedores externos. “Las reuniones vía teleconferencias son permanentes, como así también el contacto con Olivos”, señalan en referencia al estrecho contacto entre el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán.

Así, durante toda la semana continuarán las negociaciones reservadas entre el Palacio de Hacienda y los acreedores con el propósito de encarrilar el acuerdo, aunque ya se considera que técnicamente no será posible cerrar un entendimiento antes de la fecha límite fijada por las autoridades para el próximo viernes.

“Son varias propuestas a estudiar y tendrán sus respectivas respuestas” precisan en el ministerio de Economía, pero aclaran que “en todos los casos deberán ajustarse al criterio de sustentabilidad de la deuda”.

Precisan que “al abrirse las negociaciones se flexibilizan los tiempos, estamos pensando en una extensión corta”, sostiene una fuente oficial al referirse a los tiempos de la negociación y señalan que esta postergación (respecto del plazo original del 22 de mayo) “no sería grave porque hay disposición mutua a alcanzar un acuerdo”.

En el Gobierno se insiste con que la decisión del presidente Alberto Fernández es no caer en default y llegar a un acuerdo siempre que no comprometa la recuperación del país.

Sin embargo, se considera que operativamente ya no queda tiempo como para formalizar un acuerdo antes del 22 de mayo cuando vence la oferta oficial y el período límite para el pago de intereses por u$s 503 millones atados al bono Global. El país probablemente no pagará y que por lo tanto caería en default, sin embargo, entre los bonistas se comenta que – siempre que la negociación esté encaminada – el default del Bono Global sería irrelevante ya en este contexto sería altamente improbable que los acreedores realicen presentaciones formales por incumplimiento en los tribunales de Nueva York (aceleración).

Si la negociación se encamina, como esperan tanto en el Gobierno como entre los bonistas, es probable que la Argentina alargue el plazo frente a la Security and Exchange Comission (la Comisión de Valores de los Estados Undios) sin negociar un standstill (plazo de espera).

Pero, se insiste en remarcar que “Esto no significa que el no llegar al día 22 con el acuerdo cerrado sea una situación grave”, explican en fuentes oficiales, “es que las negociaciones se encuentran “encaminadas y con margen para hacer concesiones mutuas”, tal cual venía anticipando Ámbito Financiero en el sentido que si las negociaciones están avanzadas no se produciría el efecto “aceleración.

Diferencias en las propuestas
Las tres ofertas presentadas el viernes pasado por los bonistas para la reestructuración de la deuda argentina requirieron un valor presente neto para los títulos que supera la oferta original efectuada por el gobierno, aunque muy por debajo de la contra propuesta que hizo pública el Ministerio de Economía el pasado 5 de mayo.

En esa oportunidad, se trató de una iniciativa del fondo de inversión Black Rock que, en números gruesos, aspiraba a un valor de los títulos que duplicaba el ofrecido por la Argentina “La buena noticia es que el valor presente neto que cierra el conflicto parece estar más cerca de lo propuesto por el Gobierno que de la oferta inicial de los acreedores”, sostiene un informe de la consultora pxq.

Del análisis de las propuestas presentadas por los grupos de acreedores (ver cuadro) resulta que el valor presente neto para los títulos al que aspiran los bonistas se sitúa, en promedio, entre los 58 y los 60 dólares, es decir al menos unos 10 dólares por encima del valor máximo que estaría dispuesto a aceptar el país, según trascendidos.

En lo concerniente al cupón promedio, los intereses esperados por los acreedores varían entre el 4,44% y el 5,03%, es decir aproximadamente duplican el rendimiento promedio de 2,25% propuesto inicialmente por la Argentina.

Entre las diferencias centrales se encuentra el período de gracia y los intereses acumulados durante ese lapso. Los tres grupos de acreedores plantearon sólo un año de espera, contra los tres que aspira el Gobierno, y el pago de intereses contra el canje de títulos, mientras que la Argentina planteó no efectuar desembolsos hasta 2023. Más allá de estas diferencias, en el gobierno el ánimo es positivo, según señalaron fuentes de la Casa Rosada a Ámbito.

A diferencia de lo que sucedía semanas atrás, cuando parecía quebrado el diálogo entre el ministro Guzmán y los acreedores, ahora se considera muy positivo que la totalidad de los bonistas hayan manifestado sus pretensiones. Fuentes oficiales señalan que esta aproximación se logró tras una intervención directa del presidente Fernández. Por lo pronto, en el gobierno se considera que la respuesta de los bonistas es un reconocimiento a la buena fe y la intención negociadora de la República Argentina.