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La Legislatura suma otro nuevo bloque más de Legisladores y ahora son siete en total. Esta mañana, tras la sesión, Tatiana Goic informó al Presidente de la Casa de las Leyes su decisión.

La diputada provincial Tatiana Goic confirmó y e informó ante la autoridad de la Legislatura del Chubut, Ricardo Sastre, la decisión de lanzar su bloque unipersonal, llamado «CET – Cultura Educación y Trabajo».

De esta manera, la Legislatura cuenta ahora con siete bloque de legisladores: seis diputados del PJ Frente de Todos, 12 de Chubut Al Frente, dos de la Unión Cívica Radical; cuatro de Chubut Unido, uno del bloque Visión Peronista, uno del bloque Integrando Chubut y uno del más reciente, Partido de la Cultura, Educación y Trabajo.

Fuente: El Chubut

El ex candidato a Gobernador por el PJ, Carlos Linares, dejó una sugerente frase en su cuenta oficial de Twitter sobre un persistente «olor a verde» en la capital provincial.

«Hay mucho olor a verde en Rawson, ¿por qué será?», se mostró enigmático el ex Jefe comunal de Comodoro Rivadavia.

Linares pidió en otro tweet «al Sr gobernador, vicegobernador y legisladores» que están a tiempo que «los intereses particulares no se antepongan a los de la Provincia. Debe prevalecer el interés colectivo. Solicitamos que abran un debate sincero hacia la sociedad. El futuro de Chubut lo exige».

Muchos de sus seguidores le pidieron que haga la denuncia correspondiente si tenía sospechas sobre actos de corrupción para votar una ley, pero el silencio de Linares prevaleció ante estos pedidos sociales.

El proyecto sobre elevar el piso del impuesto a las ganancias (y que luego fue incorporado como tema de extraordinarias por un DNU presidencial) sería debatido la próxima semana en comisión (en extraordinarias) y tratado las primeras semanas de marzo en sesión ordinaria, pero genera más dudas que certezas entre legisladores patagónicos e incluso dentro del mismo bloque sindical que pidieron reunirse con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados quien se muestra abierto a negociar con todos los sectores para que dejen de pagar este gravamen, trabajadores que perciban menos de 150 mil pesos.

El punto es que esta eximición de ganancias a los salarios menores de 150 mil pesos afectaría el diferencial que perciben los trabajadores asalariados en la Patagonia, y por el otro a través de una propuesta del diputado nacional Facundo Moyano (FdT) se pretende excluir  las horas extras, viáticos, aguinaldo, comida y otros componentes del salario.

El diputado nacional Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, partido que en la provincia es oposición pero que a nivel nacional acompaña al FdT, en una alianza política transversal, adelantó que la semana que viene se van a reunir con el titular de la Cámara baja Sergio Massa, para tratar estos puntos, entre ellos el diferencial por “zona fría”, y además remarcó que este proyecto “no tendría por qué contraponerse al diferencial por zona de las provincias patagónicas”. Según indicó el diputado patagónico, la idea era “debatir este proyecto en comisiones”, en período ordinario para trabajar las distintas propuestas.

-¿Este proyecto se contrapone con el diferencial de “zona fría”?

No tendría por qué contraponerse porque si estamos hablando de beneficios habría que sostener las compensaciones que ya estaban establecidas. No estamos hablando de un nuevo beneficio, ni de una prerrogativa particular ni que ahora no exista si no simplemente seguir manteniendo los diferenciales que por otra parte se mantienen en muchos ámbitos que tienen que ver con zona fría, zona riesgosa, etc. Así que vamos a solicitar que sea mantenido de la misma forma.

-¿Se tendría que incluir algún artículo especial para los trabajadores patagónicos?

Es un tema que aún nosotros no lo habíamos analizado en profundidad, porque según lo que teníamos entendido hasta la semana pasada no iba a ser tratado en extraordinarias, entonces lo habíamos dejado para debatir en comisiones en el período ordinario. Si va a ser tratado es un tema que vamos a defender porque repito, no es algo nuevo que se agrega sino una compensación por zona que existió y debe seguir existiendo…

-¿Que implica la compensación a los trabajadores patagónicos?

Básicamente el costo de vida en la Patagonia es mucho más elevado y aumenta en la medida que vamos más hacia el sur. En algunos beneficios se incluyen distintos porcentajes según se trate de Patagonia Norte o Patagonia Austral por ejemplo. Y esto es así porque en el sur del país, los precios son más caros, los fletes son más caros… El flete es un determinante fundamental de los precios y nosotros para conseguir un insumo o un servicio tenemos que viajar cientos de kilómetros a diferencia de otras provincias que lo tienen muy cerca, sin olvidar de mencionar los factores climáticos, fundamentales en la Patagonia.

-El combustible…

La situación de tener que viajar muchos kilómetros está relacionada al combustible, por eso el costo del flete está muy por arriba de otras provincias…

Recordemos que tras un DNU que fue publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo amplió el temario de sesiones extraordinarias donde incluyó el proyecto de ley sobre impuesto a las ganancias que había impulsado días atrás el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que establece elevar el piso del impuesto no imponible a las ganancias, a trabajadores que perciban 150 mil pesos, y jubilados y pensionados a partir de 8 jubilaciones mínimas. Así quedarán alcanzados con este beneficio, 1,2 millones de trabajadores tanto en el sector público como en el sector estatal.

Fuente: Metadata

Los legisladores también dieron media sanción a un régimen de promoción para la construcción privada, a un beneficio para familiares del ARA San Juan y a una iniciativa que eleva el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves y convirtió en ley, en la primera sesión extraordinaria del cuerpo, el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública que que establece que las negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso de la Nación.

El proyecto recibió 233 votos favor, 2 en contra y 2 abstenciones, en general, y contó con el aval de la mayor parte de los bloques de la Cámara baja, salvo la izquierda.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, sostuvo que con esta iniciativa el Congreso «aprobará un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía».

El legislador precisó que la iniciativa tiene como objetivo «establecer que sea este Congreso que no sólo apruebe un acuerdo con un organismo internacional sino un plan rector para varios años que dará certeza y confianza a la ciudadanía».

Heller destacó, además, la importancia del artículo que establece que esas financiaciones «no sean utilizadas para financiar gastos corrientes» y afirmó que esa medida «es muy adecuada porque no nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos».

«Este proyecto va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país en relación con los antecedentes del endeudamiento público», continuó.

Para la diputada nacional, Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja, se trata de un tema «central» en la agenda del país y sostuvo que la iniciativa constituye «un resguardo poderoso», a la vez que destacó el anhelo de «que este proyecto, en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país, resulte un elemento constitutivo: el del NUNCA MÁS a los procesos de fuga y endeudamiento».

«Es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”, agregó.

Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, explicó que su bancada votaría a favor el proyecto en general y solo algunos artículos en particular ya que se contradice con la Ley de Administración Financiera, y sentenció que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento. Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”.

En tanto, el diputado y miembro de Consenso Federal, Jorge Sarghini, indicó que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos”.

A su turno, el legislador del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, justificó su voto negativo y explicó que “este proyecto es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.

El presidente del Interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, afirmó que el proyecto de sostenibilidad de la deuda «es un enorme paso» para la Argentina con la mirada puesta en que el «el Congreso recupere sus funciones y su poder». Al exponer en el debate dijo «vamos acompañar este proyecto con gusto» porque va «en el sentido correcto».

«La única manera de lograr estabilidad es con acuerdos serios y volviendo a un equilibrio entre los poderes. El Congreso tiene que recuperar sus funciones y su poder», afirmó.

El legislador mendocino señaló que «esa deuda es una mochila que vamos a tener que cargar durante años. Pero con este proyecto de ley corregiremos los desequilibrios de poder que permitieron ese endeudamiento, porque el Gobierno se limita a sí mismo y a los que vengan».

El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio».

En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente».

En el artículo segundo, el proyecto dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».

Durante la sesión, también se aprobó y giró al Senado el proyecto que establece un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, a modo de indemnización.

Régimen de promoción de inversiones en la construcción privada

Los diputados también dieron media sanción este jueves, por 205 votos a favor, 2 negativos y 11 abstenciones, a un proyecto, impulsado por el Gobierno, para implementar un régimen de promoción de inversiones en la construcción de obras privadas nuevas en todo el país. La iniciativa propone «eximir durante dos años del pago del impuesto a los activos que se destinen a obras de construcción nuevas en todo el territorio» nacional.

La iniciativa exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

Además, determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un «bloqueo fiscal» respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas

El titular de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, el legislador del PRO, Domingo Amaya, celebró el consenso de este proyecto y señaló: “Con la pandemia hemos podido ver tanta gente que perdió el trabajo y tanta que perdió donde vivía alquilando porque no tenía para pagar. Es importante que trabajemos en conjunto para llevar soluciones”.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos, Melina Delú, destacó que ”la implementación de esta ley se encuentra en línea con el modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos”.

A su turno, el titular de bloque del PRO, Cristian Ritondo, explicó que este proyecto «reactiva un sector, da acceso a la vivienda a los sectores más populares, genera la posibilidad de invertir aquellos que tienen y crea trabajo para miles de argentinos”.

El titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, señaló que “lo sustancial de este proyecto es que viene a reactivar la economía y a generar empleo”.

Por último, dieron media sanción -con 189 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones- a un proyecto sobre desarrollo del sistema nacional de ciencia y tecnología que apunta a elevar el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología del 0,28% del PBI al 1%, en el plazo de 11 años.

Al comienzo de la sesión, debido a la activación del protocolo sanitario en la Cámara de Diputados, miembros de Juntos por el Cambio debieron retirarse a sus despachos por prevención, tras el test de saliva positivo del diputado Gustavo Menna que ya había tenido Covid-19, 14 días atrás. Tras un segundo examen negativo, realizado en su domicilio y luego de que el director médico de la Cámara baja, Marcelo Halac, explicara que partes del virus aún pueden permanecer en el cuerpo, sin poder de contagio, sus compañeros pudieron regresar al recinto.

Juramento a nuevos diputados 

También, se tomó juramento a dos nuevos diputados nacionales en reemplazo de legisladores del Frente de Todos, que renunciaron para asumir otros cargos. Se trata de Pablo González -que asumió en YPF- y Magdalena Sierra -que aceptó ser jefa de Gabinete de Avellaneda-. En su lugar, asumieron el dirigente del PJ Jorge Verón, con trayectoria en el Municipio de Río Turbio y Carlos Ortega, secretario general de Secasfpfi, el gremio de trabajadores de la ANSES, respectivamente.

diputado

Fuente: ámbito.

Un diputado solicitó que se vacune a los legisladores por ser “esenciales” y envió la solicitud correspondiente al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

Se trata del diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón, quien argumentó que el trabajo de los legisladores debe llevarse a cabo sin ningún tipo de traba.

“Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, conforme al carácter de personal esencial de los diputados de la nación y del personal necesario para el mínimo funcionamiento de la Cámara de Diputados se establezca a la menor brevedad posible la vacunación de los diputados y del referido personal”, comienza la solicitud.

“Mediante este mecanismo aseguraremos un espacio de trabajo que garantice la salud de todos los diputados y del personal de la HCDN que hace posible el cumplimiento de nuestra alta función, y evitaremos las demoras, especulaciones, trabas y condicionamientos que la renovación de otras mecánicas de trabajo, han implicado en este tiempo”, agrega el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

Por otra parte, Ramón recalcó que esto es de vital importancia “teniendo en cuenta el carácter esencial que nuestra Constitución otorga al funcionamiento de este poder del Estado, el más numeroso en su composición, así como la necesidad del trabajo en comunidad, es evidente la necesidad de proceder a asegurar las medidas sanitarias más adecuadas para evitar el contagio y propagación del virus”.

El nuevo Congreso electo en noviembre asume hoy en Estados Unidos en el inicio de una semana marcada por la tensión generada por un grupo de legisladores republicanos que intentarán en minoría boicotear la proclamación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden en una sesión conjunta el miércoles y por los dos balotajes del martes que definirán quien controlará el Senado.

La ceremonia de hoy es la única en la que no se espera ninguna sorpresa: asumirán sus bancas los congresistas y senadores electos en las elecciones generales de 3 de noviembre y, al menos en el caso de la cámara baja, donde la mayoría demócrata ya es clara, se estima que Nancy Pelosi será reelecta como la titular del pleno.

La mayoría del Senado, en cambio, aún es incierto.

Los republicanos perdieron terreno en las elecciones, pero mucho menos de lo que pronosticaban las encuestas y ahora la composición final se definirá el próximo martes con dos balotajes en el estado de Georgia.

Los demócratas pusieron a funcionar de nuevo toda su maquinaria electoral a favor de los candidatos demócratas -Jon Ossoff, un productor audiovisual de 33 años y Raphael Warnock, un pastor negro de 51 años- porque si ambos ganan, el Senado quedaría 50 a 50 y el voto del desempate sería el de la vicepresidenta electa y futura titular de la cámara, Kamala Harris.

«Vamos a hacer historia», dijo Ossoff a unas pocas docenas de simpatizantes el sábado en la pequeña ciudad de Eatonton, en medio de una zona rural donde los afiches de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump siguen siendo mayoría, según la agencia de noticias AFP.

«Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede cambiar», contó entusiasmada Patricia Ann Little, de 59 años, una de las personas que se movilizó para apoyar a Ossoff. «Realmente creo que podemos hacerlo», agregó.

De la misma manera que Biden y su compañera de fórmula, Harris, fueron a Georgia para reforzar las campañas de sus aliados, Trump y la dirigencia republicana ha destacado la importancia de esos dos balotajes.

Si los actuales senadores David Perdue, 71, y Kelly Loeffler, 50, logran conservar sus bancas, entonces la cámara alta del Congreso se convertirá en el espacio institucional de resistencia por excelencia de la nueva oposición, como la Cámara de Representantes lo fue para los demócratas desde 2018 frente al Gobierno de Trump.

Las tensiones son altas que tanto Trump como Biden volverán a visitar Georgia mañana para dar un empujón a sus candidatos en el último día de campaña antes de los balotajes.

En ese contexto, el líder de la mayoría republicana saliente del Senado, Mitch McConnell, sabe que la apertura de las sesiones en 2021 y la asunción de los nuevos legisladores podría ser su último acto como máxima autoridad del partido en la cámara alta.

«Sólo tenemos unos días para hacer todo lo posible para volver al Senado», tuiteó ayer Biden, preparando el terreno para esta semana, en la que además un grupo minoritario de legisladores republicanos decidió desobedecer al liderazgo de McConnell e intentará boicotear la proclamación oficial de la victoria presidencial de Biden en la protocolar sesión de ambas cámaras el miércoles.

Esa sesión será presidida por el vicepresidente saliente, Mike Pence, y la gran incógnita en los últimos días era si Pence apoyaría este esfuerzo minoritario en abierto desafío a los pedidos de McConnell.

Hoy, su jefe de gabinete, Marc Short, aclaró esa duda.

«Pence da la bienvenida a los esfuerzos de los miembros de la Cámara (de Representantes) y el Senado para usar la autoridad que tienen bajo la ley para plantear objeciones y presentar pruebas ante el Congreso y el pueblo estadounidense», dijo Short a la prensa y agregó que el vicepresidente comparte «las preocupaciones de millones de estadounidenses acerca de los fraudes e irregularidades en el voto», según la agencia de noticias ANSA.

Desde la noche misma de las elecciones en noviembre, Trump denunció fraude electoral y se declaró ganador. Sin embargo, desde los jueces de primera instancia hasta las cortes supremas de los estados y la federal rechazaron sus argumentos, principalmente por falta de evidencias.

Pese a esta definición judicial, Trump continúa denunciando fraude y un sector minoritario del Partido Republicano continúa apoyando esa estrategia.

En total, no llegarán a 12 los senadores republicanos que, liderados por el tejano Ted Cruz, disputarán el resultado del Colegio Electoral de diciembre.

Sin embargo, los principales medios y analistas de Estados Unidos descartan que la mayoría de los legisladores de ambas cámaras ratificarán ese resultado y Pence, quien solo apoyó con declaraciones mínimas las denuncias de Trump, se verá obligado a proclamar a Biden como el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero.

La nota del Ministerio Público de la Defensa presentada ante el Presidente de la Legislatura de Chubut es a raíz del Proyecto de Ley General N° 128/2020 presentado por el Poder Ejecutivo. Ahí advierten sobre la protección constitucional y convencional que gozan los pueblos indígenas.

¨Es imprescindible hacer llegar estas manifestaciones frente a un proyecto de ley que en caso de ser aprobado, vulneraría con carácter manifiesto el derecho a la consulta y participación indígenas. El avance del proyecto generará indefectiblemente una inmediata y extensa judicialización del conflicto. El diálogo y la deliberación son siempre los caminos para encontrar el correcto balance entre democracia y límites constitucionales.¨

Al Señor
Presidente de la Legislatura
Don Ricardo Sastre
S________/_______D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a raíz del Proyecto de Ley General N° 128/2020 presentado por el Poder Ejecutivo, denominado “Bases para la ampliación sustentable de la matriz productiva de la Provincia del Chubut”. El mismo tomó estado parlamentario en la Sesión Ordinaria del día 24 de Noviembre de 2020 siendo girado a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde se encuentra actualmente.

En ocasión de ello, el día 08 de Diciembre del corriente año, integrantes de este Ministerio Público de la Defensa fueron convocados por las autoridades de varias comunidades indígenas que habitan en la meseta centro norte de la provincia del Chubut.

En territorio ancestral cercano a la localidad de Gan Gan, se participó de un encuentro junto a las máximas autoridades de la Comunidad Mapuche Tehuelche Los Pinos; Comunidad Mapuche Tehuelche Mallin De Los Cual; Comunidad Mapuche Tehuelche Chacay Oeste y Laguna Fria; Comunidad Mapuche Tehuelche Lagunita Salada, Cerro Bayo y Gorro Frigio; Comunidad Mapuche Tehuelche de Taquetren y Comunidad Mapuche Tehuelche Lof Lefimi.

Las comunidades son históricamente asistidas por la Defensa Pública en el marco de nuestras competencias y conforme a la actividad funcional de este Ministerio contenidas en las previsiones de los Arts. 1, 9.1, 9.3 y 20 de la Ley Orgánica.

El proyecto de ley 128/2020 de la Legislatura de Chubut.

Su impacto en el territorio donde están situadas las comunidades El proyecto de Ley N° 128 tiene tres partes: a) una Exposición de Motivos, b) el texto de la Ley Proyectada y c) un anexo (Zonificación para la Actividad Minera), suscripto por el Ministro de Hidrocarburos, Martin Cerda.

En el texto legal proyectado se estipula la regulación de la actividad productiva provincial, con una propuesta que establece una excepción al art. 1 de la Ley XVII N° 68 (antes 5.001) y la reglamentación de los artículos 2° inc. b) y artículo 3° de la misma Ley, que denomina zonificación minera determinada exclusivamente para los Departamentos de Telsen y Gastre. (art. 4, 5 y 6 del Proyecto de Ley).

Como es sabido, se distinguen para ambos Departamentos tres (3) escenarios o supuestos a saber:

I) Zonas de restricción para la actividad minera metalífera (Zonas 1 y 2), se refiere fundamentalmente a los cursos de agua permanentes existentes en lo Departamentos (Arroyo Telsen y Río Chubut) y los asentamientos urbanos; y la zona colindante o de protección de Ríos o cauces permanentes, en una extensión de cinco 5 kilómetros del margen de cada uno de ellos;

II) Zona donde podría habilitarse la actividad minera metalífera, siguiendo restricciones específicas (Zona 3). Se refieren a las zonas de
protección de los cauces de ríos y arroyos permanentes delimitados por las cuencas hídricas de estos.

III) Por último aquellas Áreas habilitadas para la actividad minera metalífera, bajo la normativa ambiental aplicable (Zona 4).

En la meseta centro – norte de Chubut, departamento de Gastre y Telsen, se encuentran asentadas al menos 8 (ocho) comunidades indígenas pertenecientes al mismo Pueblo reconocidas por el estado Nacional y Provincial siendo sus integrantes pobladores originarios de los territorios emplazados en la zona.

La ocupación tradicional de sus tierras, ejercida al menos desde el siglo XIX por sus ancestros (según los registros oficiales) y continuada pacífica y tradicionalmente por los actuales miembros de las mismas, ha sido relevada y reconocida por el Estado Nacional y Provincial en el marco del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto en el Art. 3 de la Ley Nacional N° 26.160.

Asimismo, el reconocimiento de dicha existencia como Comunidad perteneciente al Pueblo Mapuche Tehuelche por parte del Estado
Provincial se encuentra acreditada ante el Registro de Comunidades Indígenas dispuesto mediante LEY I – Nº 171 (Antes Ley 4013), en el ámbito de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut. Se advierte con facilidad del proyecto citado que los territorios de las comunidades referenciadas se verán afectados por la modificación normativa que se pretende en el proyecto de ley aludido.

 

La deficiente regulación del derecho de consulta en el proyecto. Intimaciones respecto a la falta de participación de las comunidades.

En lo que respecta al resguardo y garantía de los derechos constitucionales de las Comunidades Indígenas cuyo territorio comunitario se
ubica en los departamentos Telsen y Gastre, los tres instrumentos que integran el Proyecto de Ley 128/20 realizan menciones erráticas, inconexas y por tanto meramente declamativas referentes al Derecho de consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas.

En ninguna de las etapas o instancias de tratamiento del proyecto de ley 128/20 se dio cumplimiento al derecho a la consulta previa indígena, mas allá de algunas referencias en el texto de la iniciativa legislativa.

En este sentido, las comunidades Mapuche Tehuelches referenciadas dirigieron nota a la Presidencia de la Legislatura y a la Comisión interviniente, requiriendo que se abstenga de efectuar el tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley N° 128/2020, y/o cualquier otro proyecto referido a la actividad minera en la provincia del Chubut, hasta que se haga efectiva la Consulta y Participación a las Comunidades MapucheTehuelches presentantes y de las demás que se encuentran emplazadas principalmente en la meseta centro- norte de la provincia del Chubut, departamento de Gastre y Telsen debiendo procurarse, para posibilitar el tratamiento del mismo, contar con su Consentimiento Libre, Previo e Informado.

María Magdalena Odarda, Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha presentado en forma reciente, con fecha 14 de diciembre del corriente año, Nota N NO-2020-86794129-APN-INAI, ante esa misma Legislatura provincial, manifestando haber recepcionado el reclamo de las Comunidades Indígenas perteneciente al Pueblo MapucheTehuelche del Departamentos Telsen y Gastre por la ausencia del derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada en relación al citado proyecto legislativo.

Odarda indicó en la nota de mención que la participación y la consulta previa libre e informada son “un derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades”.

El derecho de consulta de las comunidades indígenas

El Estado provincial se comprometió a cumplir con los derechos reconocidos a las Comunidades Mapuche – Tehuelche, cuyo territorio
comunitario se encuentra en la denominada meseta central de Chubut integrada por los departamentos Telsen y Gastre.

Me refiero a los derechos a nuestra identidad, igualdad (entendida como no sometimiento), a la propiedad comunitaria sobres sus territorios, a los bienes y fuerzas naturales y al derecho a la consulta previa, libre e informada; todo ello de acuerdo con los art. 34 de la Constitución Provincial, art. 75 inc. 17, 22 y 23 de la Constitución Nacional, 6 , 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, art. 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Art. XVIII de la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional representó un cambio drástico al “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten” entre otros derechos explícitos, que han sido reiteradamente aplicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las dos últimas décadas.

Estándares del derecho a la consulta indígena en instrumentos internacionales.

El derecho a la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo y cuándo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas; CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

A su vez, el artículo 7 del Convenio 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Asimismo, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establece en el Artículo 18 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.

Y en el Artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

La Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2016) DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS refiere este derecho de un modo similar en el Artículo XXIII bajo el título: “Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas”.

Este estándar de los instrumentos internacionales se conjuga con numerosas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales la más saliente en punto al derecho a la consulta y la participación indígena están desarrollados en la sentencia dictada en el caso: “Pueblo Indígena KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR” del 27 de junio de 2012, en que la Corte dijo: “Es deber del Estado –y no de los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas”.

En dicho fallo la Corte expresamente sostuvo “…a) La consulta debe ser realizada con carácter previo: En lo que se refiere al momento en que debe efectuarse la consulta, el artículo 15.2 del Convenio Nº 169 de la OIT señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Sobre el particular, este Tribunal ha observado que se debe consultar, de conformidad con las propias tradiciones del pueblo indígena, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Lo anterior puede incluir medidas legislativas y, en este supuesto, los pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa.” (el subrayado me pertenece).

Nuestro país ha tenido que responder internacionalmente por la violación a este derecho, a partir del caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. – ARGENTINA – sentencia del día 6 de febrero de 2020- en el que se reiteran los estándares aplicados en “Sarayaku”.

Epílogo

No desconozco la importancia del funcionamiento pleno de los poderes del Estado, ni pretendo de modo alguno obstaculizar el desempeño de los cargos electivos a los que han accedido quienes integran la Legislatura por el voto popular.

Pero en este caso en particular y dada la protección constitucional y convencional que gozan los pueblos indígenas, es imprescindible hacer llegar estas manifestaciones frente a un proyecto de ley que en caso de ser aprobado, vulneraría con carácter manifiesto el derecho a la consulta y participación indígenas.

El avance del proyecto, por los fundamentos expuestos a lo largo de la presente, generará indefectiblemente una inmediata y extensa judicialización del conflicto. El diálogo y la deliberación son siempre los caminos para encontrar el correcto balance entre democracia y límites constitucionales.

En este sentido el Sr. Gobernador en el día de la fecha realizó manifestaciones públicas por medio de las cuales solicita la participación de todos los sectores y actores involucrados.

En la conferencia de prensa brindada en el día de la fecha textualmente manifestó “El proyecto de Desarrollo Productivo va a continuar en la Legislatura para que se dé el debate que se tiene que dar, con la participación ciudadana, los órganos de control, y con todos los que sea necesario.”

Dichas declaraciones no hacen más que dar mayores argumentos a las comunidades de la meseta que mediante la Nota de fecha 27 de noviembre de 2020 y que tomara estado parlamentario y ya se encuentra radicada ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, solicitaron se cumpla con la exigencia legal de la consulta previa, libre e informada como parte del proceso de producción legislativa que lleva adelante dicha Honorable Legislatura.

Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración.

En diálogo con 96.1 Cadena de los Andes FM el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, opinó del plan de zonificación y habilitación de la minería en la meseta. “Me parece que esto que está pasando es un mamarracho por donde lo mires, de un gobernador que anduvo por Cholila, por Maitén, por Lago Puelo, por todos los lugares diciéndoles hace un año y medio que no iba la minería, que no era prominero y hoy es el que se levante, se inmola por la minería”.

El ex candidato a Gobernador dijo sentirse preocupado por la falta de debate “me preocupa cuando quieren sacar una ley que no es cualquier ley, sino es una ley que puede cambiar para bien o para mal según el criterio que le aplique cada uno el desarrollo de una provincia, entonces me parece que a esto le falta diálogo, consenso, le falta debate”.

Con respecto a la postura de los diputados provinciales Linares dijo “esperemos que los legisladores escuchen a la gente y que entiendan que esto necesita un debate”

Fue en un encuentro realizado este viernes a través de la plataforma Zoom y denominado “Taller de Movilidad Sustentable en la Provincia del Chubut”. Participaron diputados provinciales, concejales, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y representantes de las empresas Toyota, Renault, Iveco y Mercedes Benz que hablaron de los desafíos de la industria automotriz en ese campo.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) encabezó este viernes un encuentro a través de la plataforma Zoom sobre la movilidad sustentable, con la participación de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), representantes de las empresas Toyota, Renault, Mercedes Benz e Iveco, diputados provinciales de Chubut y concejales de distintas localidades de la provincia que han presentado iniciativas vinculadas con la temática.

Menna presentó en junio de este año, con acompañamiento de diputados nacionales de otras provincias, un proyecto de Resolución para pedir al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue las alícuotas reducidas para la importación de vehículos híbridos, eléctricos y a celda de combustible, con el fin de reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero, y generar la diversificación de la industria automotriz, en el marco de la necesidad de la definición de la política climática de la Argentina.

En la misma línea, el diputado nacional presentó también en el Congreso un proyecto para actualizar y mejorar la Ley Nacional de Hidrógeno, para incentivar la producción y utilización de esta energía verde.

Al abrir el encuentro, llamado “Taller de Movilidad Sustentable en la Provincia del Chubut”, Menna agradeció a ADEFA y destacó las presencias de los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni; así como de concejales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Lago Puelo, entre otras localidades.

Al introducir el encuentro, Menna resaltó que el mismo fue organizado con la intención de “tener el acercamiento al concepto de movilidad sustentable como transición desde la tradicional”. En este sentido agregó: “ADEFA está trabajando en esta temática y nosotros hemos planteado la prórroga del decreto 331 del año 2017 para promover la introducción de vehículos híbridos y eléctricos en el mercado argentino”, al tiempo que instó a que “a nivel provincial y municipal se generen este tipo de incentivos”.

Menna recordó que “en la Cámara de Diputados de la Nación hay otros proyectos, como uno de Juan Carlos Villalonga, para declarar esta cuestión de interés nacional, ya que promueve un plan estratégico para la movilidad libre de emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030”.

Enfatizó que “los legisladores tenemos la responsabilidad de hacer normas que generen estos incentivos, y los municipios en particular tienen una autonomía muy potente en materia tributaria y en cuanto a normas de circulación” para llevarlas adelante.

 

Este lunes al mediodía se concretó el Zoom por el cual los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical se conectaron digitalmente con diputados y senadores nacionales de Chubut, quienes se comprometieron en trabajar para salir de la crisis económica y financiera de la provincia.

Del encuentro participaron casi la totalidad de los legisladores de todos los partidos, quienes manifestaron por momentos sus distintos puntos de vista, pero en general se pusieron a disposición para recibir las propuestas de los gremios y trabajar en mejorar las iniciativas.

Se resolvió un nuevo encuentro pero quedó pendiente la fecha, aunque desde los gremios se solicitó que no supere los diez días.

Marcela Capón, de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, en principio celebró que haya ocurrido el encuentro “porque no lo habíamos conseguido y es un primer paso”.

Durante el mismo, según relató, “avanzamos en decirle las propuestas que teníamos: la Reparación Histórica, la Tributaria Extraordinaria, cambios a la Ley Guinle y acordamos en mandarles las propuestas y que ellos nos envíen en lo que podamos avanzar”.

También le solicitaron si tiene la posibilidad en las reuniones periódicas “que dicen tienen con el gobernador Mariano Arcioni, aunque ellos mismos dicen que hace tres meses que no logran tenerlas, que le pidan que éste es el camino, sentarnos todos a dialogar”.

Remarcó la sindicalista que ahora esperan “que los legisladores provinciales también imiten a los nacionales en recibirnos y avanzar”.

En cuanto a los planteos realizados, el tema prioritario “es el salarial, tanto de activos como pasivos, que se mantiene el escalonado y nos deben dos meses y aguinaldo”.

“También le planteamos el posicionamiento por el tema minero y todos expresaron que no estaban de acuerdo que la salida sea la megaminería, y que incluso lo expresaron al Gobierno nacional”. Resta ahora aguardar los encuentros futuros.