Lo dispuso el Ministerio de Transporte. Es para servicios de linea y empresas de turismo. Ya está vigente, según la información publicada por diario AND Sur.
Usar el cinturón de seguridad ahora es obligatorio para todos los pasajeros de los micros de larga distancia. Así lo determina una nueva disposición del Ministerio de Transporte que se publicó eL lunes y que ya está vigente en todo el país.
La medida se aplica a todos los servicios interjurisdiccionales, es decir, los de línea y los de empresas de turismo, como por ejemplo, las que realizan los viajes de egresados.
«La resolución establece la obligatoriedad y también, un trabajo de educación y concientización», explica a Clarín Jorge Ceballos, subdirector de la CNRT.
El ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, admitió que recibió «con mucha alegría» la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se establece que la reducción del IVA y los cambios en el impuesto a las Ganancias no pueden afectar los fondos de coparticipación, y agregó que «aguardamos una medida similar por las regalías petroleras». Antonena, en diálogo con Télam, explicó que «esto representó para nosotros una caída de entre 460 y 480 millones de pesos a lo largo de los tres meses en que la medida del gobierno nacional se hizo operativa».
Sin embargo, el ministro aclaró que «la Corte habla de la intangilibidad de los recursos que claramente son provinciales, pero no establece el mecanismo de devolución, que será motivo de una discusión posterior; aunque de ahora en más será cuestión de monitorear día a día las cuentas para saber si los ingresos por los conceptos retraídos se restablecen».
Antonena recordó que «también que tenemos un reclamo por aplicación del decreto (de necesidad y urgencia) 566 vinculado con los hidrocarburos, que también nos afectó mucho, en este caso por las regalías hidrocarburíferas».
Se trata en este último caso del DNU que estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante 90 días se pagan al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al 9 de agosto.
«Mediante ese DNU se ancló un tipo de cambio de referencia de 45,19 cuando la cotización hoy ronda los 60 pesos por dólar», manifestó Antonena, así lo informó ADN Sur.
Según el ministro, tal medida fue «una merma de ingresos para nuestra provincia de 1.900 millones en los tres meses de su aplicación».
Lo confirmó el presidente de esa repartición, Miguel Ángel Arnaudo, en diálogo con Radio Chubut.
Es por la resolución que dictó el juez de familia de Rawson, Martín Alesi, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado en torno a la falta de la prestación de la obra social Seros.
El reproche del juez es porque el directorio del instituto hizo poco y nada para cobrar los fondos que le debe el gobierno del Chubut y por esta falta le aplicó astreintes de 10.000 pesos diarios.
«Nosotros apelamos la medida por una cautelar que viene dando vueltas desde abril» recordó Arnaudo, quien consideró que el juez se guió por «los archivos periodísticos» y no por la información oficial ya que jamás requirió datos al organismo.
El contador Arnaudo reconoció que en la actualidad la Asociación Médica mantiene cortada la prestación, replicando lo que hace cada semana al cortar el viernes y retomar el miércoles, aunque el atraso en rigor es de «apenas 19 días» contado el plazo máximo de pago que opera 60 días después de la factura entregada por prestación.
El documento fue emitido el pasado jueves y lleva las firmas de Maderna, y los secretarios Eduardo Maza (Gobierno), Sergio Sardá (Hacienda) y Marcelo Montserrat (Obras y Servicios Públicos), además del asesor legal y el titular del área Transporte. Eduardo Maza se reunirá hoy a las 9 horas con los concejales para explicarles los alcances de la resolución y responder preguntas frente a los cuestionamientos que ya dejaron trascender ediles de la oposición como Simón Cimadevilla (PJ) y Florencia Rossi (UCR).
La oposición en el Concejo Deliberante pide garantías de que la empresa no va a despedir a los trabajadores, y también pretenden conocer cómo va a modificar la vida de los ciudadanos que tendrán menos frecuencias para moverse.
En su artículo 6º, la resolución del Ejecutivo Municipal deja sentado que tendrá vigencia «a partir de la fecha del presente acto administrativo», y también da intervención al Concejo Deliberante.
La medida del Ejecutivo tiene pedido de «Urgente Tratamiento» al Concejo Deliberante, por lo que podría quedar vigente si los ediles no lo trataran en el recinto en los debidos plazos.
En los sondeos previos, la votación en el recinto quedaría empatada en cinco votos y definiría con voto doble la presidenta del Concejo, Leila Lloyd Jones, a favor de su aprobación.
CAMBIOS EN EL SERVICIO La resolución del Ejecutivo Municipal establece una reestructuración de cinco líneas de colectivos de «EL 22», que funcionarán con menos unidades de lunes a sábado, mientras que domingos y feriados no prestarán el servicio. También contempla unidades de refuerzo para tres líneas, de lunes a viernes, en horario escolar.
Asimismo, el Ejecutivo municipal convoca a la Comisión Revisora del Contrato de Concesión del Transporte Urbano de Pasajeros, creada por ordenanza, para hacer las modificaciones necesarias.
En tanto, el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (Omresp) liquidará las diferencias de costos que surgieren de los estudios realizados tomando como base el mes de enero del corriente año.
Dirigentes de las vecinales, encabezados por Daniel Alfaro, ya se expresaron en contra de estas modificaciones en el servicio, y están preparando una presentación colectiva que pretenden llevar a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
LOS FUNDAMENTOS En la fundamentación, la gestión de Maderna pone de relieve que «los grandes desequilibros producidos en los últimos años en todos los ámbitos de la economía nacional tuvieron un fuerte impacto en la ciudad de Trelew, y generaron una situación de crisis general de tal gravedad y magnitud que atentaron contra una adecuada prestación de los servicios públicos en general y en el caso del transporte en particular».
También subraya el Ejecutivo la decisión del Gobierno Nacional de dejar sin efecto los subsidios que aportaba para hacer sustentable el servicio, que permitían equilibrar la estructura de costos.
Además, sostienen que los 5 millones de pesos mensuales que comprometió la Provincia en subsidios al transporte en Trelew, cubren un porcentaje menor en comparación con el impacto que tenían los subsidios nacionales en la estructura de costos. Por último, entre otros fundamentos, el Municipio no soslaya que la misma empresa manifestó que corre riesgo la prestación del servicio si no se toman las medidas correspondientes.
Tampoco pasan por alto que este riesgo del «colapso del servicio» podría perjudicar a los trabajadores de la empresa si no se toman medidas urgentes contra la crisis.
La juez Carina Estefanía realizó un cuarto intermedio para escuchar los audios de la audiencia preliminar, analizar los planteos de las Defensas y las respuestas de la Fiscalía. Su decisión se conocerá el jueves a las 10 hs.
Al pedido de declaración de nulidad del allanamiento que permitió la identificación de los imputados y la constatación de la posible comisión de los delitos de abigeato y tenencia compartida de arma de fuego, el fiscal Marcelo Crettón opuso varios argumentos. En primer lugar explicó el origen y derrotero de la información que fundamentó el pedido de allanamiento, originalmente basado en la sospecha firme de que en el lugar estaría Facundo Jones Huala, sobre quien pesaba un pedido internacional de captura tramitado en Interpol. El acusador relató que al ingresar al predio, además de corroborar su presencia, se halló un arma de fuego y animales recientemente faenados que tendrían la marca de la Compañía de Tierras. La evidencia de la posible comisión de otros delitos es la que permitió ampliar el objeto del procedimiento, aunque era imposible que dicha ampliación estuviera por escrito simultáneamente.
También rechazó el planteo de la existencia de apremios respecto de la persona que brindó información sobre la presencia de Jones Huala en la zona, para ello se refirió a las evidencias colectadas al formar legajo para investigar esa situación y a los elementos que llevaron a desestimarlo.
En relación al planteo de nulidad de la audiencia preliminar, Crettón desmenuzó su derrotero, defendió el criterio del juez actuante y del Procurador, indicando cuáles irregularidades observó en relación al accionar de los fiscales que intervinieron en aquella audiencia.
Por su parte el fiscal Fidel González se refirió al planteo de incongruencia realizado por la Defensa, al cuestionar que el juez declaró abierta la etapa de juicio por usurpación en relación a siete imputados, con la misma plataforma fáctica que rechazó en relación a quien al momento del allanamiento era menor de edad. Gonzáles detalló la secuencia histórica que pudo reconstruir a partir de escuchar los audios de las audiencias, indicó que el hecho descripto en la acusación es el del pedido de allanamiento, no el expuesto oralmente por la fiscal Banfi en la audiencia de formalización de la investigación. Sobre esa descripción el juez requirió un ajuste al respecto del joven, la corrección no se realizó y finalmente fue acusado únicamente por los delitos de tenencia compartida de arma y abigeato. El acusador concluyó que no es aplicable su situación al resto de los imputados.
El fiscal federal Fernando Gélvez indicó a RADIO 3 que el domingo pasado se apeló la medida de incompetencia del juez federal Gustavo Lleral, quien rechazó la causa por los “narcocrímenes” de Puerto Madryn. El recurso se presentó ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que deberá resolver si da la razón o rechaza la resolución del magistrado de Rawson.
Al respecto, el fiscal federal Fernando Gélvez (foto – derecha) explicó que juez federal de Rawson, Gustavo Lleral (foto – izquierda), rechazó investigar los denominados “narcocrímenes” de Héctor López y Federico Lomeña ocurridos el mes pasado en Puerto Madryn tras desestimar que los hechos sean competencia Federal.
Gélvez precisó a RADIO 3 que “el domingo presenté el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ahí se tendrá que resolver si se confirma la resolución del Juez Federal o, si me da la razón y a la Jueza (Stella Maris) Eizmendi; y queda radicada (la causa) en el Juzgado Federal Nº 2 de Rawson”.
El fiscal federal informó que los fundamentos del Magistrado “se refieren a los elementos de juicio que reunió la investigación en Puerto Madryn respecto a los dos homicidios y la vinculación con hechos de infracción a la Ley de Estupefacientes”.
Consideró al respecto que los mismos “no son exiguos, sino que estamos transitando una etapa del proceso que requiere determinados elementos de juicio y evidencias, que no es la prueba propiamente dicha que se debe encontrar en un juicio oral y público”.
Añadió que además de esto, “había en el Juzgado Federal de Rawson una investigación, que dirigía Lleral, que data de mediados de 2018; donde un arrepentido mencionó a las dos luego víctimas de homicidio como personas dedicadas a la venta de estupefacientes”.
Por ello el fiscal Gélves sostuvo que “hay vinculación directa con los elementos de juicio que a mi criterio existen”, con la causa existente en el Juzgado Federal.
En el terreno de las posibilidades, Gélves indicó que el caso eventual que la Cámara de Apelaciones se le dé la razón, el Juzgado Federal de la Capital provincial deberá tomar totalmente la causa.
Por otra parte, respecto a la causa primigenia que se encuentra en trámite, donde se mencionan a las dos víctimas de homicidio de Puerto Madryn, Gélves reprochó que “esas personas debieron haber sido convocadas a indagatoria porque el arrepentido los había sindicado como proveedores de estupefacientes”.
Añadió que a esto se le debería de agregar “todo lo que los investigadores y la fiscal de Madryn investigaron en cuanto a los homicidios”, además de “otras circunstancias que surgen de legajos de investigación anexos a las causas”.
“Hay varios elementos, que no quedan en dos causas, que se deben tener en cuenta para observar que esos hechos no pueden separarse”, sentenció.
Respecto a la situación de los detenidos, explicó que como la resolución del juez Lleral fue apelada, los aprehendidos “están bajo la jurisdicción federal porque cuando se remitió la causa, también se puso a disposición de la Justicia Federal a todos los detenidos”.
En otro tramo de la comunicación con RADIO 3, el fiscal Gélves se refirió a los tiempo para que la Cámara resuelva y precisó que “cuando hay detenidos, los plazos no se detienen (ya actualmente se encuentra la feria judicial) y siguen como si no estuviésemos en feria”.
Finalmente, una vez que resuelva la Cámara, Gélves detalló que en caso que no se haga lugar al recurso de apelación y se le dé la razón al Juez Lleral, la jueza de Puerto Madryn Eizmendi remitiría la resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación.
