Con el objetivo de acceder a información pública, el presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, elaboró, junto a la integrante de su bancada María Andrea Aguilera, un proyecto de Resolución que busca conocer el organigrama completo del Gobierno Provincial, así como los funcionarios y el personal de Gabinete designado desde la asunción de la actual gestión, el 10 de diciembre del año pasado, hasta la actualidad.

El pedido de informes invoca el artículo 13 de la Constitución del Chubut, así como la Ley de Libre Acceso a las Fuentes Oficiales de Información de los Actos de Gobierno, y deja en claro que es una facultad del Poder Legislativo prevista en el inciso 3 del artículo 134 de la Constitución Provincial “solicitar los datos e informes que crea necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, al Poder Ejecutivo y a los jefes de oficinas administrativas, quienes deben suministrarlos en el plazo que se les concede y exhibir sus libros y papeles”.

El pedido

Así, el proyecto se dirige al gobernador Mariano Arcioni para que informe, en el plazo de cinco días, el “detalle completo con discriminación por Ministerio, Secretaría y/o Entidades Autárquicas, del organigrama vigente y el/la funcionario/a designado en cada uno de los casos, desde la autoridad máxima hasta la categoría de Director, desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha”.

También Pagliaroni y Aguilera pidieron conocer el detalle de quienes han sido designados como “Personal de Gabinete, indicando para cada caso nombre y apellido, DNI y Ministerio o Secretaría en la que desarrolla sus actividades, fecha de inicio de actividades, remuneración percibida o equiparación salarial dispuesta”, también desde el día de la asunción del actual Gobierno.

Crisis de Chubut

En los fundamentos de la propuesta, los legisladores de Juntos por el Cambio hicieron alusión a “la situación de crisis económica financiera” de Chubut, situación que, describieron, “produce una deficiencia en la liquidez y disponibilidad de fondos públicos, lo que ocasiona como una de sus consecuencias inmediatas y de altísima gravedad el atraso salarial que padecen los empleados públicos provinciales, tanto activos como pasivos”.

A ellos se suma “la imposibilidad de larga data de hacer frente a obligaciones con proveedores y prestadores de servicios provinciales”.

Deuda y pandemia

Agregaron que “es a causa de la situación de asfixia financiera, que Chubut ha tenido que recurrir de forma constante a empréstitos que se asumieron a altas tasas de interés, perjudicando aún más las arcas fiscales provinciales, los que se suman al gran stock de deuda pública que se pretende, en la actualidad, renegociar en cuanto a sus condiciones con los acreedores”.

De manera complementaria calificaron como “un agravante del panorama provincial, la situación de emergencia sanitaria y las consecuentes decisiones gubernamentales a nivel nacional y provincial que paralizaron toda la actividad económica comercial”.

Esto, indicaron, produjo “una caída en la recaudación por vía tributaria, afectando a una de las fuentes de financiamiento de Chubut; sin dejar de enunciar que también los ingresos por regalías de los recursos hidrocarburíferos de la Provincia se encuentran afectados por la caída en la cotización del barril de petróleo”.

Además, remarcaron, esas regalías se encuentran “como garantías de las deudas asumidas por la Provincia”.

Déficit y ausencia de Plan de Gestión

Recordaron que antes de la situación de pandemia por el COVID 19, el ministro de Economía, Oscar Antonena, informó a la Legislatura que “el déficit para el presupuesto 2020 superaba los 30 mil millones de pesos”, y añadieron que “si se procede a recalcular ese importe arrojaría un valor claramente superior y en un contexto aún peor, con carentes fuentes de financiación a disposición de Chubut”.

En este contexto, consideraron, “resulta como una premisa de fuerza acudir a la reingeniería de fondos públicos como un elemento básico y fundamental para reorganizar la situación en el marco de un Plan de Gestión de crisis del que, a día de hoy, no conocemos detalles”.

Por el contrario, dijeron, “asistimos al incremento mensual de la masa salarial, aun cuando las negociaciones salariales están virtualmente paralizadas, sumado a incorporaciones a la plata política provincial de nuevos agentes”.

“Adicionalmente, ninguno de los objetivos planteados a inicios de este año por el Gobierno en cuanto a la reducción de personal de planta política de la administración pública y reperfilamiento de los plazos de vencimiento de deuda han sido efectivos hasta ahora, viéndose aún más agudizada la situación de las cuentas públicas, sin horizontes de recuperación y muchos menos de crecimiento”, finalizaron.