Propuso reformas sobre la actual. Las marchas callejeras demandan una nueva Carta Magna.

Eran cerca de 400 las personas que se enfrentaban con Carabineros por calle Vicuña Mackenna la tarde del viernes en Santiago. Justo detrás de ellos, y como telón de fondo en Plaza Italia, 300.000 manifestantes protestaban pacíficamente entre manifestaciones culturales y pancartas. Una universidad ardió en llamas, la residencia del embajador argentino fue apedreada y una Iglesia saqueada. Ni la movilización social ni la violencia dan tregua en Chile.

Desde el miércoles el nuevo foco de violencia fue la emblemática comuna de Providencia, una comuna de altos ingresos donde la imagen de barricadas en sus esquinas y saqueos a sus tiendas sólo habría tenido cabida en una novela de ficción.

Si la estrategia de seguridad no da resultado, la política tampoco avanza al ritmo que espera el movimiento pacífico de la protesta. Ayer por la mañana, en entrevista del diario El Mercurio de Chile, el presidente Sebastián Piñera manifestó que ya se encuentra trabajando junto a su equipo “en reformas constitucionales”, descartando la idea de una nueva Constitución por, en cambio, un proceso ciudadano. “La intención que tengo como Presidente es poder discutirlo y enviar al Congreso, que es el lugar donde se tienen que discutir los cambios constitucionales”, declaró.

El panorama no es tan simple, pues en su propia coalición la estrategia parece ser distinta. El viernes, el diario La Segunda publico una entrevista a Mario Desbordes, presidente del partido del mandatario, quien remarcó que esta a favor de una nueva Constitución y de la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente, una fórmula distinta a la que plantean algunos sectores de izquierda. Pero que es un lema de las movilizaciones en relación a modificar la Carta Magna heredada de la dictadura.

Evolución Política, otro partido dentro del gobierno, acordó en su comisión política, también, impulsar una nueva Constitución como ya lo hiciesen el año 2017, cuando fueron el único grupo de derecha que participó en el proceso constituyente de Bachelet.

Si el escenario con su coalición es complejo, se suma el acuerdo transversal de todos los alcaldes de Chile, donde el oficialismo es mayoría en número de vecinos gobernados en total, los que realizarán una consulta nacional para preguntar a la ciudadanía si desea una nueva Constitución. Una especie de plebiscito en menor escala, una propuesta solicitada hace varios días por los manifestantes y a la que Piñera no respondió.

Hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido limitada. Piñera anunció una agenda de seguridad que, entre otras cosas, aumenta las penas a barricadas, saqueos y tipifica como delito el usar capucha en las protestas. Adicionalmente, y a modo de mea culpa, anunció la modernización de la inteligencia nacional por su incapacidad de anticiparse a los actos más importantes. ¿Por qué? Porque según revelan fuentes en el Palacio de Gobierno a Clarín, existe la convicción que hubo y sigue habiendo organización detrás de ciertos disturbios. Algunos ligados al anarquismo, otros al narcotráfico y otros a las barras bravas del fútbol.

Tras los anuncios del presidente el jueves, la calle se hizo sentir. “Habló 20 minutos en la televisión de violencia, no dijo una sola palabra de los problemas que tenemos, hay que seguir protestando”, explicó a Clarín, Helena Romero, una vecina que salía con su cacerola hacia el Parque Inés de Suárez en Providencia. La actitud del mandatario también fue refrendada por la oposición: “El Presidente Piñera apuesta por polarizar la situación. Ese no es el camino”, le señaló Vlado Mirocevic, diputado del Partido Liberal en sus redes sociales. “Lamento que siga escuchando a los nostálgicos de la dictadura”, agregó el Senador socialista Alfonso de Urresti.

En efecto, lejos de calmar la situación, el ambiente se polarizó. Según cifras entregadas por el ministerio del Interior, los civiles lesionados el viernes aumentaron de 33 a 40 y los policías de 58 a 80. La calle volvió a reunir más de 200.000 personas, como no lo hacía hace una semana y la imagen de Plaza Italia repleta recorrió el mundo nuevamente.

“Es un círculo vicioso. Mire, el presidente habla de seguridad porque la cosa está desbandada, pero como no habla de los problemas de fondo y parece disco rayado con los criminales, esto se le desbanda y más y más rabia hay”, comenta Juan Arroyo, de 52 años mientras veía pasar una columna de manifestantes por frente a su negocio en Los Domínicos, en Las Condes.

Sin salida política la movilización ciudadana continuará y con ello se seguirá dando el contexto preciso para que un grupo minoritario realice desmanes en ciudades de Chile montados en la protesta popular. Por otra parte, sin un control claro del orden público la solución política parece ser más lejana. Una relación de causalidad que explica 22 días de constantes actos de violencia que empañan el masivo despertar ciudadano que vive el país, informó Clarín.