El presidente electo criticó una decisión del gobierno saliente sobre economía. Y se enfrentaron también por la situación en Bolivia.
Lo que empezó como una transición fluida entre el saliente gobierno de izquierda y el entrante Ejecutivo de centroderecha en Uruguay se tensó con acusaciones de irresponsabilidad fiscal y «mala fe», pocos días después de conocerse el resultado final del balotaje del 24 de noviembre.
El presidente electo Luis Lacalle Pou, que lidera una coalición de partidos que van desde la derecha hasta la izquierda socialdemócrata con la que desbancó al izquierdista Frente Amplio luego de 15 años de mandato, se reunió el lunes con el mandatario saliente, Tabaré Vázquez, en una cita a la que calificó de «sanadora» tras fuertes cruces entre ambos antes de las elecciones.
Pero a la salida de ese primer contacto, el ex senador de 46 años se encontró con una noticia que cambiaría el tono sereno de la transición: el gobierno anunció a la prensa mientras se desarrollaba la reunión su decisión de no ajustar las tarifas de los servicios públicos como hace cada enero.
Eso genera, según Lacalle Pou, una pérdida de ingresos del orden de 400 millones de dólares que obligará a su futuro gobierno a tomar medidas más duras para contener el persistente déficit de las finanzas públicas.
Uruguay, que creció ininterrumpidamente desde 2003, se encuentra en una fase de estancamiento económico y su déficit fiscal -financiado con emisión de deuda- roza el 5% del PBI, una cifra que pone en la cuerda floja el codiciado «grado inversor» que le otorgan las calificadoras de riesgo al país.
«Es una avivada (artimaña)», le dijo el presidente electo al canal VTV. «El gobierno entrega ‘la casa desordenada en cuanto a déficit, en cuanto a inflación, en números macro y también (…) desempleo (9,5%), inversión, cierre de empresas. (…) Nos agregan una cosa más que desordena más la casa», le dijo además a periodistas.
Las réplicas del oficialismo no tardaron. El actual gobierno había señalado en julio que no ajustaría al alza las tarifas de servicios públicos y combustibles «probablemente» hasta el final del período de gobierno.
Lacalle Pou «muestra una combinación de ignorancia y mala fe preocupante», afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori, al semanario Búsqueda. «¿No era que las tarifas no son para recaudar?», preguntó con ironía. «No se puede señalar que nuestra economía es ‘una casa en desorden’ cuando (desde) el país y del exterior la observan con respeto y, frecuentemente, con altas calificaciones», se indignó.
Sin embargo, en una nota emitida el lunes, la calificadora Fitch Ratings recordó que el bajo crecimiento, alto déficit fiscal y deuda pública crecientes le llevaron a poner en perspectiva negativa la calificación crediticia de Uruguay (BBB-) en octubre del año pasado. La situación «ha empeorado desde entonces», concluyó.
El economista Javier de Haedo, en su cuenta de Twitter, sostuvo que «el resultado fiscal de las empresas públicas» en los últimos 12 meses hace «evidente» que se «requiere el ajuste anual de las tarifas desde enero».
También en Twitter, el economista Aldo Lema sostuvo que de congelarse las tarifas, el gobierno actual terminará con una inflación más acotada que el 9% interanual con el que cerraría febrero de efectuar un ajuste por la variación del Indice de Precios al Consumo antes de entregar el poder el 1º de marzo.
Cruce por Bolivia
Si las cosas venían en malos términos, la decisión de Uruguay de pedir en el Consejo del Mercosur, el máximo órgano de decisión del bloque, que se activen para Bolivia «los mecanismos» del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, avivó el incendio.
El gobierno de Vázquez considera que la salida de Evo Morales fue un golpe de Estado, y por lo tanto pide analizar medidas que podrían llevar a suspender a Bolivia como Estado libre asociado al bloque regional.
«Más allá de su contenido, lamentamos que el canciller (Rodolfo) Nin Novoa haya tomado una decisión tan importante sobre el tema Bolivia sin consultar con el gobierno entrante. Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una ‘política de Estado», criticó en Twitter el próximo ministro de Relaciones Exteriores, el economista Ernesto Talvi, del conservador Partido Colorado.
La última vez que el Mercosur aplicó la cláusula democrática fue a mediados de 2017 ante la crisis social y política de Venezuela y, si bien no fue propuesta por Uruguay, la votó.
Por si fuera poco, el gobierno de Vázquez resolvió nombrar nuevos generales sin requerir el parecer del próximo mandatario, que será quien en definitiva coexista con esos altos cargos, lo que desató un nuevo frente de tensión en la transición, la primera desde 2005 que supone un cambio de partido en el gobierno de Uruguay.
El mandatario en ejercicio y su sucesor tienen previsto viajar juntos a Buenos Aires el 10 de diciembre para la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, informó Clarín.