Sr.
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Dn. Julian CAYUN:
S. / D.
Quienes suscribimos la presente, nos dirigimos a Ud., con el fin de hacer saber nuestro interés en que se resuelvan cuestiones gravemente conflictivas en cuanto al modo de ejercerse las relaciones institucionales, entre el Intendente Municipal Raúl Aníbal IBARRA, y los miembros del Concejo Deliberante que integramos.
Por ello, SOLICITAMOS LA INTERPELACIÓN del mandatario municipal, todo ello en base a las siguientes consideraciones:
A principios de agosto de 2016, el Intendente Municipal Raúl Ibarra, presenta al Concejo Deliberante, la Resolución N° 826/2016, “ad referéndum” del Concejo Deliberante, dictada por el mandatario por la adquisición de un vehículo Camión Iveco, dominio JOR 581, con grúa, para su ratificación.
Con dicha resolución, se adjuntaba documentación que debía acreditar la fundamentación de sus considerandos, entre otras, que la unidad se encontraba libre de toda indisponibilidad y que el precio se abonaría en el mismo acto de efectuarse la transferencia del dominio.
En su momento se advirtió que se había remitido en forma “parcial” la documentación, ya que se había adjuntado tan solo la primera hoja del informe de dominio (la que indica titular y descripción de la unidad), omitiéndose acompañar el resto de las hojas, las cuales obtenidas mediante la petición de un nuevo informe, las mismas hacían referencia a CUATRO (4) inhibiciones dictadas por el Juez Federal de San Carlos de Bariloche.
Ante esta circunstancia y otras que por el momento –sin previa investigación- no se podía entender el modo de realizarse la “transacción” de compra, se solicitó al Intendente Municipal, mediante el pedido de informe correspondiente, si se había abonado el precio y remitan constancia de ello.
Ante este pedido, se hizo una reunión en la Oficina del Intendente Municipal, ya que el mismo estaba interesado en conocer los motivos del pedido de informes. En dicha reunión se destacaba la presencia del Intendente Raúl Ibarra, funcionarios del Departamento Ejecutivo, y los Concejales Julian Cayún (presidente del cuerpo deliberativo), Alejandro Marquez (edil del PJ), Maximiliano Astiazaran (edil del CHUSOTO), Maria Elena Prieto (Edil UCR), Rubén Cancino (Edil UCR) y Armando Palma (Edil UCR).
Iniciada la reunión, se denotó la irritación del primer mandatario municipal, que consideraba que se estaba cuestionando su accionar con el pedido de informes. Comenzó diciendo que conocía de las inhibiciones, pero que las mismas no revestían gravedad, luego se desdijo manifestando que desconocía de las mismas, pero que había proseguido en la operatoria de comprar el rodado y pagar el precio total, en atención a que el Escribano De Bernardi, titular del Registro Automotor le había otorgado un “Certificado de Protección”, que aseguraba la operación (¿?), siendo esta una respuesta/excusa, no solamente increíble (no existen certificados de protección), sino que además incomprensible. El Intendente Ibarra, además de buscar justificaciones absurdas, optó por una actitud violenta y chabacana, cuando se dijo que se había pedido informe, porque de acuerdo a la documentación que había acompañado, la operación no reflejaba la transparencia propia de los actos administrativos. Esto provocó una reacción violenta por parte del Intendente Municipal Raúl Ibarra, quien a más de dirigirse con insultos y amenazas contra el concejal que en ese momento había tomado la palabra, debió ser contenido por sus propios funcionarios, a los fines de evitar que alcanzara a golpear a su interlocutor.
Más allá del exabrupto detallado, que por sí solo habla de un temperamento digno de ser analizado, posteriormente a ello el mismo funcionario (Ibarra), ostensiblemente en forma “extorsiva”, le hizo saber a distintos concejales, que “tenía documentación” o “sabía cosas”, que podían a unos afectar al concejal y en otros casos a terceras personas allegadas. También señor presidente, lo hizo contra Ud., cuando sin vergüenza, recato o comportamiento digno, a viva voz le dijo que lo había “tenido que cubrir”, como presidente del cuerpo de bomberos, varias veces.
A pesar de estos ya graves hechos, en la cesión correspondiente, el Concejo Deliberante dio tratamiento a la cuestión, mediante el dictado de la Resolución nro. 18/16, por unanimidad de los miembros del cuerpo, se rechazó la ratificación de la resolución de compra del bien indicado anteriormente, y disponiéndose la remisión de las actuaciones al Tribunal de Cuentas Provincial, a la Oficina Anticorrupción y al Fiscal Penal.
Esto, no quedó así. Un mes después de la compra efectuada, el Intendente Municipal, obtiene la disposición judicial que resuelve el levantamiento de las medidas cautelares (inhibición), y a pesar de haber sido ya resuelta la cuestión, solicita la revisión del caso.
Para sorpresa de todos, se inician una serie de “movimientos”, que a la luz de los acontecimientos, pueden poner en tela de juicio, la libre determinación de las decisiones de los miembros del concejo.
En primer término se integra al cuerpo el Concejal (UCR), Ariel Solari, desplazándose con ello al suplente concejal de la UCR, Cancino. En este punto es de destacar que el Concejal Solari, siempre ha votado todo aquello que propusiera el Intendente Municipal, y para asumir, se le ha permitido que ejerza como concejal sin necesidad de asistir a las reuniones de comisión –solo hace unas circunstanciales escapadas de su trabajo- , ya que por resultar empleado del Banco del Chubut, se le superponen los horarios y no estaría dispuesto a ejercer su licencia política (¿?).
Posteriormente el Concejal de la oposición (PJ), Alejandro Marquez, a pesar de que oportunamente diera sobrados argumentos de la necesidad de rechazar la ratificación de la compra del camión, hecha por el Intendente, e inclusive haber manifestado al emitir su voto, que la situación merecía una investigación por parte de todos los organismos provinciales de control, no solo por la inhibición judicial existente, sino también por otras irregularidades que se advertían en la compra. Ahora, toma como suya la iniciativa de aprobar la compra, soslaya sus argumentos anteriores e inclusive presenta el proyecto de resolución que aprobaría la “sospechada” compra del camión.
En vista de las conductas que hemos detallado, desplegada por el Intendente Municipal, e inclusive el impulsivo cambio de paradigma articulado por algunos de los miembros del concejo deliberante en el trámite señalado, necesitamos saber –y con nosotros la comunidad que representamos- si esto (el cambio de opinión), obedeció a una extorsión, a una amenaza violenta o en su defecto a una “promesa de prevenda”, que de ninguna manera podríamos consentir.
Sr. Presidente, hemos asumido la responsabilidad ciudadana de representar a la ciudadanía, como en garantes de la transparencia de los actos de gobierno. Esto ha sido premisa de campaña partidaria y personal al asumir postulaciones políticas. De ninguna manera consentiremos con el silencio, ninguna conducta que pretenda vulnerar los derechos y deberes de los funcionarios, como así tampoco, podemos continuar consintiendo que el Intendente Raúl Ibarra, no conteste o lo haga en forma parcial los informes que se solicitan.
Por ello, le pedimos:
Se cite al Intendente Municipal, ante los miembros del Concejo Deliberante en pleno, y responda a los siguientes cuestionamientos:
1).- Que conocimiento tiene respecto a conductas ilegales o antiéticas por parte de algún miembro del Concejo Deliberante;
2).- Si ha encubierto, brindado “protección” u ocultado información respecto a conducta reprochable por parte de algún miembro del Concejo Deliberante;
3).- Si ha tomado conocimiento y consiguientemente iniciado actuaciones administrativas, por conductas ilícitas o incompatible con la función pública respecto a algún funcionario, de la administración municipal;
4).- Que plazo prudente, necesita a los fines de responder respecto a pedidos de informes efectuados por los distintos miembros del Concejo Deliberante, que alguno de ellos llevan más de cinco meses de retraso;
Sr. Presidente, a los fines de ilustrar esta presentación y tomar medida de la gravedad de la situación que se plantea, adjuntamos un CD, que contiene lo sucedido en la citada reunión entre concejales e intendente (y otros funcionarios del ejecutivo), que nos tuvo como protagonista, para que sea escuchada. El momento histórico, no nos puede retrotraer a épocas en las cuales, la república se encontraba sometida a la antojadiza y prepotente voluntad de ningún hombre.
Sin más, y esperando una pronta respuesta, saludamos a Ud., muy distinguidamente.
A pesar que este pedido fue realizado el 17 de octubre de 2016 las actitudes violentas siguen persistiendo expandiéndose a sus funcionarios municipales por lo que se presentó la siguiente resolución el 14 de Julio de 2017.
