La diputada del PJ-FpV, Cecilia Torres Otarola presentó un proyecto de ley para regular el régimen de responsabilidad de los Letrados que actúen en nombre y representación del Estado cuando éste sea parte en un litigio ya sea administrativo o judicial.
Sostiene que la sociedad pide transparencia y que este proyecto intenta brindar una herramienta al Estado Provincial para que tenga la posibilidad de revisar la actuación de los letrados que ejercen la representación.
En sus considerandos el proyecto indica que el letrado que representa al Estado deberá excusarse tanto en las actuaciones judiciales como las administrativas si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, tener participación directa en la persona jurídica o interés en el asunto, ser acreedor, deudor o fiador del particular interesado.
Además el letrado que representa al Estado fuera de su función oficial, no podrá ejercer la abogacía ni la procuración ante los tribunales de la provincia de cualquier fuero cuando el Estado provincial sea la contraparte.
Otarola recordó que en Chubut no existe una regulación expresa para los letrados que representan al Estado Provincial, “me interesa que los actos sean transparentes para que se produzca la recuperación del crédito social en el sistema político”.
Controles
Indicó que es muy importante realizar un permanente control sobre aquellas causas que han sido desfavorables al Estado, “con este proyecto se podrá determina si existió algún tipo de responsabilidad por parte del letrado interviniente para evitar que haya un perjuicio al patrimonio de la provincia”.
Sostiene que en caso de existir responsabilidad, al letrado se lo puede remover cuyas sanciones serán aplicadas por el Poder Ejecutivo Provincial, previa investigación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas determinara las posibles sanciones de contenido patrimonial.
Asimismo se dará intervención al Colegio Público de Abogados de la circunscripción judicial correspondiente, a los fines establecidos en su ley orgánica.
Seguridad jurídica
Destacó que el objetivo de este proyecto no es realizar un sistema de castigos sino crear una herramienta que permita el mejor desenvolvimiento de los letrados, dándole seguridad jurídica a su actuar al frente de las causas del Estado.
Otarola sostiene que la aplicación de las medidas contempladas en este proyecto de Ley no van a conseguir por si solas un cambio de actitud de los ciudadanos hacia la política pero se pueden generar legislaciones para que los gobiernos tengan mejores herramientas que propicien transparencia y se defienda los recursos de los ciudadanos, “por lo que debemos trabajarlos, debatirlos, discutirlos y consensuarlos”
La diputada cordillerana explicó que las sanciones para aquellos que perjudiquen al Estado será la inhabilitación especial para actuar como letrado y que pueden ser de 1 a 10 años, según se determine, “esta será una herramienta que deberá cumplirse porque la sociedad exige un Estado eficiente y debemos poner el ojo en la defensa del patrimonio económico que es de todos”.
Expresó que la fórmula mágica para la recuperación de la confianza de los ciudadanos no existe, “y sería iluso rebajarla al debate sólo a la propuesta y aprobación de este Proyecto de Ley”.