Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad de la Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), denunció que el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila no aceptaron recibirlo hoy en Esquel para entregar los resultados de un “primer trabajo de geolicalización” del celular de Santiago Maldonado que aportaba “datos de antena y zona” donde fue activado el 2 de agosto pasado, es decir un día después de su desaparición.
“Intenté aportar datos de antena y zona donde estuvo el celular de Maldonado el 2 de agosto, pero el juez y la fiscal no quisieron recibirme”, aseveró el ingeniero electrónico y en comunicaciones, quien ayer viajó a Esquel para, en calidad de perito de las querellas representadas por la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), realizar un trabajo de geolocalización del celular de Maldonado que -según indicó- “está comprobado que el 2 de agosto se encendió”.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el especialista de la UTN afirmó que, incluso, la fiscal Silvina Ávila, quien interviene en los expedientes de los hábeas corpus y la presunta “desaparición forzada” de Santiago Maldonado, “tampoco” lo dejó “aceptar el cargo de perito de parte” en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, encabezada por el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
“Vuelvo a Buenos Aires indignado”, indicó Garbarz, quien, luego de los trabajos de geolocalización realizados ayer, aspiraba a entregar hoy su informe ante la Justicia y a solicitar “medidas urgentes” en función de los resultados obtenidos que -según indicó- “prueban que el celular se encendió el 2 de agosto” por lapso de “22 segundos”, al responder una llamada que realizó un amigo del joven, desde El Bolsón.
En este sentido, en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Mundo, Garbarz afirmó que se trata de “la punta del ovillo para analizar” qué ocurrió con el joven, a partir de la geolocalización del celular que, según aseguran testigos, llevaba consigo en el momento en el que fue visto por última vez, el 1 de agosto pasado, durante el operativo de Gendarmería Nacional en el Pu Lof de Cushamen.
“Trabajamos todo el domingo con las antenas de Esquel y tenemos datos muy importantes para aportar”, aseveró Garbarz luego de afirmar que “está comprobado que el celular se encendió el 2 de agosto, cuando recibió un llamado de de su amigo desde El Bolsón”.
Además, en la entrevista con radio El Mundo, Garbarz indicó que “lo único seguro es que había un celular que Santiago Maldonado tenía encima en el momento que lo detienen” -una hipótesis que es investigada en la causa pero sobre la que aún no hay certeza- y sostuvo que “los otros dos celulares que se conocen en el expediente pueden ser celulares viejos, dado que no hay ninguna constancia de que hayan estado encendidos”.
En este sentido, el especialista indicó que aspiraba a entregar ante la Justicia la precisión de “cuál es la antena que atendió ese llamado y hacia dónde prestaba servicio”, lo cual -consideró- constituye “un paso muy importante para determinar dónde podría estar él y, lo más importante si es que él no fue el que encendió el celular, qué otros celulares estaban encendidos alrededor de ese punto geográfico”.
“Para poder terminar ese trabajo y tener una localización precisa, utilizando la tecnología que tenemos en la UTN de geolocalización o triangulación fina, con errores de metros y no de kilómetros, estaría faltando información de Movistar (la prestadora de esa línea), imprescindible para terminar el trabajo”, sostuvo Garbarz en la entrevista.
En ese punto, buscó poner la atención en el hecho de que, “cuando se investiga cualquier delito, sobre todo en la vía pública y se tienen que saber los posibles sospechosos o testigos, una de las primeras medidas que se hace es solicitar la triangulación y geolocalización” de los teléfonos celulares, algo que no ocurrió en este expediente, según dijo.
No obstante, cuando explicó que el juez Guido Otranto rechazó días pasado su incorporación en el expediente como perito de oficio, Garbarz contó que fue el propio magistrado quien le sugirió presentarse como perito de parte, algo que finalmente hizo en nombre de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellantes en la causa.