Una familia de Trelew será indemnizada con $ 521.489,87 luego de que su casa sufriera graves daños a causa de la obra de control de inundaciones conocida como Pluvial Owen.
Las empresas involucradas son Supercemento S.A.I.C. y Rovella Carranza S.A., que integraron la Unión Transitoria de Empresas que se adjudicó el proyecto.
El fallo es de Carlos María Faiella Pizzul, juez Civil y Comercial Nº 2 de Trelew.
La pareja vive en Mitre al 800. Fue a la Justicia cuando notó que la estructura de su vivienda comenzó a sufrir fisuras debido a la obra.
El proyecto se conoció como “Obra de Control de Inundaciones de la ciudad de Trelew- Sistema Owen- Sistema de canal de drenaje- Sistema Musters”.
Según la demanda por daños y perjuicios, hubo “impericia” en la construcción.
“Es su responsabilidad los daños causados a la vivienda por la depresión de napa que se realizó con la ejecución de la obra, al no haber adoptado los recaudos necesarios para evitar alteraciones en el inmueble”.
Un informe del arquitecto Guillermo Thies Kubaseck confirmó que los daños fueron por la depresión de la napa.
La obra duró de marzo de 2009 a marzo de 2010.
Las primeras fisuras aparecieron en mayo de 2010. Hubo reclamos administrativos y audiencias de mediación pero los vecinos decidieron ir a tribunales en abril de 2013.
Las firmas negaron la acusación.
La obra les fue encomendada por la Municipalidad de Trelew por licitación N° 24/2006. Consistió en un desagüe pluvial principal de hormigón armado y varios ramales secundarios.
Para verter el agua de lluvia se ejecutó un reservorio y una estación de bombeo en una zona rural cercana al río Chubut.
Y para construir los desagües hubo excavaciones con retroexcavadoras y tablestacados para evitar derrumbes que pudieran afectar al personal y locaciones linderas.
Como la napa freática estaba muy elevada, usaron bombas sumergibles y bombeadores para deprimirla.
Se montaron conductos con grúas, “lo cual favoreció a toda la población al evitar desplazamientos de todo tipo”.
La memoria de la obra figuró en la página oficial de la Gobernación: Chubut.gov.ar/ambiente.
La UTE se defendió y destacó que hubo un informe de factibilidad.
Argumentó que si como dice la familia no fue el correcto, debió demandarse a la Municipalidad.
Las empresas negaron responsabilidad en los daños y afirmaron que el informe técnico del arquitecto Kubaseck no probaba el nexo de causalidad entre los daños y quién los generó.
“Son meras suposiciones de las exposiciones de los supuestos propietarios de las viviendas afectadas”.
Las empresas concluyeron que la obra terminada se recibió y se aprobó sin observación alguna.
Reprodujeron el dictamen emitido en octubre de 2012 por la asesora legal del IPA, Mariana Chucair: “No se ha logrado demostrar la causalidad entre los hechos invocados y el accionar de la contratista. Se han presentado fotos, y constan manifestaciones de los requirentes pero ningún dictamen técnico que avale la causalidad que los mismos alegan.
Tampoco la intervención de la Inspección de Obra ha arrojado luz sobre esta cuestión”.
Pero según el abogado de la familia, Pablo Assín, en agosto de 2011 se consolidó el daño en la vivienda.
El fallo dice que la responsabilidad de la UTE “deviene de los perjuicios causados a la finca, propiedad de las reclamantes, por no haberse tomado las medidas que aconseja la buena técnica”.
Dañó la edificación consecuencia de defectos en la obra. Las demandadas no aportaron evidencias para eludir su culpa.
La pericia concluye que las grietas, fisuras y hundimientos en el inmueble de la familia se originaron en la obra, realizada “sin que se adoptaran las medidas de seguridad necesarias, como realizar varias perforaciones en la cuadra en lugar de una, y colocar filtros adecuados en cada pozo para evitar el arrastre e material fino”.
Los daños pudieron haberse evitado “realizando los trabajos de depresión de la napa ejecutando varias perforaciones por cuadra a cada lado del zanjeo, lo que obliga a utilizar más bombas, pero de una menor potencia, con lo cual se reduce el radio de influencia de la depresión.
Debió haberse sumado la colocación de caños de PVC con filtros de suelos adecuados para impedir el arrastre de los suelos finos”.
El juez consideró acreditada la relación entre la obra mal hecha y las grietas, fisuras y hundimientos en la casa particular.
Hubo más de 20 frentistas afectados.
Pero acordaron con el IPA y otros, con el municipio.
De haber seguido sus demandas, las constructoras hubiesen debido pagar una fortuna.