Esta intención del Gobierno nacional de poner mayor control a los fondos destinados a la construcción de viviendas fue transmitida esta semana por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, que se reunieron en San Juan en marco del Consejo Nacional de Vivienda.
Debido a irregularidades detectadas, y con miras a 2019, en el gobierno de Mauricio Macri confluyeron en el cambio de postura oficial respecto de los fondos.
«Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas», afirmaron voceros del ministro Frigerio.
La puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado «evitar los abusos», que desde el ministerio del Interior adjudican, sobre todo, a «provincias gobernadas por el PJ».
Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre del año pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias.
A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.
«Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente», afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan.
El gobernador de dicha provincia, Sergio Uñac, fue el primero en confirmar su adhesión a la resolución que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deberá pasar, en primer lugar, por la administración central antes de ser adjudicado.
El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas.
«Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales», detallaron.
Según datos de Interior, actualmente hay 84.000 viviendas en ejecución en todo el país.
«Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos», ampliaron.
Algunos de los casos que ponen de ejemplo en la Casa Rosada de los desmanejos e irregularidades en la construcción y adjudicación de las viviendas, es el de Comodoro Rivadavia, en el cual el ex titular del IPV de la ciudad petrolera, Abel Reyna, se encuentra denunciado y a la espera de juicio por el delito de “cohecho, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La defensa de Reyna admitió la responsabilidad de dichas acusaciones para llevar el proceso a juicio abreviado.
Durante la gestión del ex titular del IPV de Comodoro se detectaron irregularidades en la entrega de casas entre 2011 y 2014, en las que se adjudicaban viviendas a personas que no reunían los requisitos legales para hacerlo, a partir de alteraciones en los registros y a cambio de dinero o favores sexuales de mujeres adjudicatarias.
Además de este caso, desde Nación mencionan el caso de Tucumán, donde a fines del año pasado se sucedieron denuncias contra el IPV tucumano, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores y cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.
En la misma San Juan, donde se desarrolló la reunión de representantes provinciales, hubo a principios de este año, una considerable cantidad de denuncias de beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas.
Casos similares de registraron en Jujuy, en Buenos Aires y en Río negro.
Pese a que el secretario de Vivienda Kerr encontró muchos apoyos precios al encuentro realizado en San Juan, quien expresó enfáticamente su rechazo al BUB San Luis.
Los funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría «una intromisión en los números de la provincia».
Desde Casa Rosada replican que la adhesión a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condición para recibir el financiamiento.
Para el Gobierno, otro dato que obliga a reforzar controles es lo ocurrido con el Fonavi.
«Las provincias adhirieron a la ley 24.464 que los obliga a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple», afirmaron fuentes de Nación.
«Imaginamos que habrá una amplia mayoría de gobernadores que no se opondrá a una mayor transparencia», afirmó Kerr, confiado en que la presión a las provincias rinda rápidos frutos.
Fuente: La Nación / Télam / ADN sur