Si el oficialismo logra aprobar el proyecto de Presupuesto 2019 tal como fue enviado, el gasto social tendrá un ajuste de un punto porcentual del Producto Bruto, y las áreas más perjudicadas serán Salud y Educación.
Así surge del informe que difundió el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en base a la propuesta enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, elaborada a partir de las directivas del Fondo Monetario Internacional.
Según este informe privado, «el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años» de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.
En ese sentido, se advierte que «se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales».
El programa de asignaciones familiares caerá un 3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%, según las estimaciones.
La educación será «de las partidas más afectadas» ya que «se invertirá 5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles».
El sector de la salud también será perjudicado. Allí «se invertirá 1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niño y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria».
También se explica que «se efectuará un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales» que representará una caída de 13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca.
Se invertirá 1.872 millones menos en abordajes territoriales por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones en promoción y asistencia a espacios de primera infancia.
Los principales programas destinados a la generación de empleo también serán recortados: «Se invertirá 136,4 millones menos en acciones de capacitación laboral, 414,8 millones menos en formulación y regulación de política laboral y 83 millones menos en fiscalización del trabajo no registrado».
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