En Chubut hay una serie de casos que pueden servir como banco de prueba para la aplicación de una ley de extinción de dominio.
El debate por la llamada ley de extinción de dominio, por la que el Estado apunta a recuperar bienes y dinero producto de hechos de corrupción, tiene en Chubut una serie de casos que bien pueden servir como banco de prueba, aun con el riesgo de que en algunos casos se sobre actúe la postura en aras del obvio rédito político en un año electoral que ya comenzó.
Las causas “Embrujo” y “Revelación”, como también el de las coimas en el IPV local, son escenarios en los que se juega la posibilidad de que se recupere parte importante de los fondos que fueron birlados, con distintas modalidades, a toda la ciudadanía.
Diputados provinciales del radicalismo impulsan en Chubut un proyecto similar al que se discute en el ámbito nacional, con el fin de recuperar bienes adquiridos a partir de hechos de corrupción. En la iniciativa se contempla promover la demanda civil contra personas “humanas o jurídicas que ostenten un patrimonio que no sea compatible con los normales y habituales de la actividad que desarrollen, se hallen o no imputados en una investigación penal”.
El último punto es uno de los que abre el debate jurídico, ya que la norma, tanto nacional como provincial, habilita la quita de bienes aun cuando los sospechados de haberlos obtenido en hechos delictivos no hayan sido condenados por tales delitos.
Quienes rechazan esta tesitura, señalan como ejemplo que una norma así podría habilitar a que alguien que no fue condenado, o incluso sobreseído en un juicio por corrupción, podría posteriormente demandar al Estado para que le restituya y repare el daño causado por tal accionar.
Los que defienden la “extinción de dominio”, mencionan que el mecanismo está previsto por el Código Civil, además de que el país ha adherido a una serie de pactos internacionales que lo comprometen en la lucha contra la corrupción a través de un sistema judicial capaz de sancionar tales actos.
ADN Sur
