Hay 10 causas abiertas contra ex funcionarios del período 2016-2017 por el manejo de fondos públicos. Sin embargo, lo ocurrido la última semana deja una sensación en la opinión pública, que podría definirse como “no va a pasar nada”.
La expectativa creada en torno a la fecha del 12 de marzo para el comienzo del juicio oral y público por la causa Embrujo, el primero de una serie de casos resonantes de corrupción vinculados a funcionarios de la última gestión provincial, se empantanó antes de dar inicio.
Como si fuera un partido de fútbol muy esperado, que ya tenía los jugadores en la cancha y la gente en las tribunas, pero que antes del pitazo inicial del árbitro, quedó en suspenso por el reclamo de la mala inclusión de algunos jugadores. Es decir que el match, o sea el juicio, no empezará hasta que no se resuelva qué jugadores van a participar.
Lo ocurrido la última semana deja una sensación en la opinión pública, que podría definirse como “no va a pasar nada”, y se escuchan frases como “al final no va a quedar nadie en cana”.
Son reflejos de la mirada del vecino de a pie que en algún momento del año pasado se asombró primero, y luego se entusiasmó al ritmo de las detenciones y los allanamientos en medio de una gran crisis económica, lo que despertó el reclamo de que un grupo de funcionarios eran los culpables a nivel provincial de haberse robado todo y la justicia debía caerles con todo el peso y hacerles pagar con años de cárcel.
Las encuestas a nivel nacional arrojan que la mala imagen que tienen los argentinos del Poder Judicial llega a cifras cercanas al 80 % (los otros poderes no están mucho mejor), a partir de denuncias y escándalos como los que se están viviendo en Comodoro Py.
PODER JUDICIAL Y CIUDADANOS
En el plano provincial, lo que se nota en estos días es el desfasaje entre los tiempos de los ciudadanos y el del sistema judicial. A pesar de que en muchos casos, luego del famoso “sobre bomba” que llegó a la Legislatura en agosto de 2017, las investigaciones avanzaron a pasos agigantados, el común de la gente cree que las causas están frenadas y que todo corre peligro de quedar en la nada.
Es difícil eliminar esa sensación, por más que se pongan ejemplos que sirven de comparación: la causa Embrujo fue llevada a juicio apenas un año después de las detenciones de Correa y su entorno, mientras que otro caso similar por tratarse también de funcionarios y empresarios locales, como fue la Megacausa del Banco del Chubut, demoró 7 años en juzgar a los culpables, que fueron detenidos en 2002 y condenados en 2009.
EL PANORAMA GENERAL
En total hay 10 causas abiertas contra ex funcionarios del período 2016-2017 por el manejo de fondos públicos, a las que podría agregarse una décimo primera contra el ex titular del ISSyS, Cristian Eguillor, en los próximos días.
De las que están abiertas, hay distinto grado de avance, en un panorama que conviene repasar por la magnitud de implicados que se pierde con el paso de los meses.
Además del juicio por la causa Embrujo contra el ex subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa y su entorno, ya fue elevada a juicio oral la causa contra el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn y el empresario Darío D´Amico por presuntas negociaciones incompatibles durante la emergencia climática. Y ya están presentados los pedidos de elevación a juicio de otras dos causas: la de enriquecimiento ilícito contra Oscar “Chito” Alarcón, y la de encubrimiento contra el empresario automotriz de Trelew, Fabricio Parra, vinculado al entorno de Correa.
Por otra parte, la causa Revelación es la más importante en cuanto a magnitud y lleva 10 meses de investigación: tiene 40 imputados pero espera la definición sobre 15 pedidos de probation de empresarios de la construcción.
En ese caso, el plazo para la acusación expira el 22 de junio, y se cree que podría ir a juicio antes de fin de año. También están avanzadas las causas de compra de elementos para la Emergencia Climática y del alimento para mascotas Royal Canin (ambas vinculadas al temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia). En estos casos también se espera que haya pedido de elevación a juicio antes de mitad de año.
Además hay otras dos causas vinculadas al área de servicios públicos, sobre las que no hay novedades desde hace un buen tiempo. Una se sustancia en Puerto Madryn, también contra el dúo Korn-D´Amico, por contrataciones del sistema cloacal de Puerto Pirámides. Y la otra contra un grupo de funcionarios que contrataron de manera directa la obra de la estación transformadora para el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia.
EL PROCESO
Todas las causas anteriores se iniciaron a mediados del año pasado. Más reciente fue la apertura de la causa por contrataciones de empresas para eventos contra ex funcionarios del IAS, que tiene 7 imputados. Y se cree que puede haber novedades en breve con la denuncia por la contratación de cámaras de video vigilancia, que aún espera peritajes en la etapa preliminar por parte de los fiscales.
Todo este panorama se abrió luego de aquel sobre con documentación dejado subrepticiamente en la Legislatura hace 18 meses. En total 10 causas, que suman más de 80 imputados entre ex funcionarios y empresarios. Pero aún no hay condenados, y la opinión pública está impaciente.
EL IMPASSE EN EMBRUJO
Volviendo a la causa Embrujo, las “maniobras dilatorias” –tal como se calificó desde la querella a la estrategia aplicada por los abogados defensores- no sorprendieron y se venían adelantando desde hace tiempo.
Los litigantes que representan a cada uno de los 12 imputados argumentan que no fue algo premeditado el esperar a un nuevo tribunal para recién ahora plantear los pedidos de probation, que podrían haberse hecho en la etapa de instrucción.
Explican que el juez natural de la causa, Sergio Piñeda, jamás accedió a ninguno de sus planteos a lo largo de un año, desde aquellas primeras detenciones el 7 de marzo de 2018. Y que por esa razón, haberle solicitado la suspensión del juicio a prueba al mismo juez que mantuvo encarcelados a los imputados durante meses, era un fracaso asegurado.
Este asunto provocó un impasse con final incierto, ya que nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser la fecha de reanudación del debate, o mejor dicho, del comienzo formal, ya que por ahora se discuten cuestiones preliminares.
Hay que remarcar que el primero de los intentos por frenar el juicio se resolvió muy rápido, aunque no está cerrado del todo. Se trata del planteo que realizó el abogado Javier Romero, defensor de Federico Gatica, para esperar a que se resuelva previamente si su representado debe ser juzgado en el ámbito provincial o en el fuero federal.
Su argumento es que al contador asociado a Correa se lo acusa de lavado de activos, un delito de competencia federal, pero el tribunal resolvió en apenas dos horas que al no haber reclamo de la causa por otro juez, no hay problemas en avanzar en el debate.
Ante esta postura, Romero adelantó que en estos días hará un planteo ante el Tribunal Oral Federal en Comodoro Rivadavia, que si le llegara a dar la razón, podría derivar en un conflicto de competencia que debería ser dirimido por la Suprema Corte.
Sus colegas de la defensa coinciden con las críticas a la parte acusadora y al tribunal, ya que consideran que es una locura avanzar en un juicio que demandará 20 millones de presupuesto y 2 meses de debate, sin tener la garantía de que luego no va a declararse nulo.
LAS PROBATION
Lo que se está discutiendo en estos momentos es quién debe resolver en primera instancia los pedidos de suspensión de juicio a prueba para 6 imputados, que presentan la mitad del total de los acusados. El tribunal del juicio, integrado por Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, luego de largos debates (en los que se llegó a barajar la posibilidad de un juicio partido en dos, y comenzar con los otros 6 acusados) se declaró incompetente y decidió que lo resuelva el juez natural de la causa, Sergio Piñeda.
Pero luego éste también se excusó, al sostener que su trabajo terminó en la etapa instructoria, y que ahora la causa ya no está en sus manos.
Ante esta discusión por la competencia, deberá resolver en los próximos días la Cámara de Apelaciones de Trelew. Pero la cuestión no va terminar allí, ya que sea Piñeda o el tribunal del juicio, una vez que se realice la audiencia de los pedidos de suspensión de juicio a prueba, se abrirán una serie de caminos.
Un escenario es que no se otorguen las probation, ante las ofertas de reparación del daño que seguramente versarán sobre tareas comunitarias y alguna que otra obra. Los fiscales se van a oponer y se sabe que el dictamen es vinculante para los jueces. Pero los abogados defensores creen que tienen una puerta abierta si las negativas no están bien fundamentadas, y les quedaría la vía de la Cámara de Apelaciones, que dicen, en muchos casos suele revertir estas cuestiones.
Otra opción sería que las probation sean otorgadas, y que el juicio quede con menor cantidad de acusados. En ese caso, a los fiscales les quedaría la vía del recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, ya que no están dispuestos a que su teoría del caso se vea afectada.
En todas las alternativas, se abren un compás de espera hasta el inicio del juicio, que va como mínimo de uno a dos meses, que podrían ser aún más. Está claro que el debate oral y público por la Causa Correa no será antes de las elecciones primarias del 7 de abril, y con mucha suerte comenzaría antes de las generales del 9 de junio.
Más allá de los tiempos de la justicia, está claro que no forma parte de la agenda de los debates de campaña el compromiso de ningún candidato por reformar los organismos de control para que estos casos no vuelvan a repetirse. Pero esa es otra historia.
ADN SUR (Por Pablo Vernazza)