Uno de los principales centros tecnológicos y financieros del mundo, donde nacieron y se asentaron grandes compañías, como Uber, parece darle un revés a la actividadde las empresas de movilidad. El Senado de Californiaaprobó una ley que, si cuenta con el visto bueno del gobernador, podría golpear de lleno al modelo de negocios de Uber, Lyft y otras aplicaciones.
La ley AB5 es una iniciativa de una legisladora de San Diego y apunta a reconocer a los conductores de las plataformas como empleados formales y no como contratados independientes, si su trabajo es habitual en la empresa. La medida se basó en una sentencia previamente emitida por la Corte Suprema de California en la que se consideró a los repartidores de delivery como empleados, según consignó el diario El País.
La principal explicación con la que se argumentó la necesidad de implementar la ley es que la llamada «economía colaborativa» con la que funcionan las aplicaciones «ha sido un factor importante en la erosión de la clase media y el aumento de la desigualdad«.
El Senado aprobó la ley con 29 votos a favor y 11 en contra. El próximo paso es contar con la conformidad definitiva del gobernador, Gavin Newsom, quien si bien manifestó su apoyo, también sostuvo que negociará con Uber y Lyft para encontrar nuevas reglas para los trabajadores.
Polémica
Pero esto generó un fuerte debate entre las empresas que se congregan en Silicon Valley, los conductores y el Estado. Por un lado están los que consideran que esta modalidad laboral permite flexibilidad, mientras que otros entienden que no les brinda la estabilidad ni seguridad social suficiente.
Entre las compañías se ha intentado presionar para que ciertos casos sean considerador excepciones dentro del marco laboral de esta normativa. Por ejemplo, los repartidores de diarios. Empresas como Uber y Lyft han intentando llegar a un acuerdo a través del establecimiento de ciertas medidas, como pagar un salario mínimo de US$21 por hora. Sin embargo, no han logrado prosperar con esas propuestas. Por eso, Uber respondió a la aprobación de la medida con la posibilidad de avanzar con una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan.
Por su parte, Lyft pronosticó que ante esta posibilidad aumentarían los costos y tiempos de espera para los clientes. En tanto, el director legal de Uber, Tony West, opinó que la ley no reclasifica automáticamente a los conductores como empleados y que la compañía ha clasificado adecuadamente a sus conductores como contratistas independientes, informó La Nación.
