La preocupación provino de Jujuy y fue tema de discusión en el bloque de diputados radicales: la posibilidad de que el futuro gobierno de Alberto Fernández aliente una eventual intervención federal al Poder Judicial de esa provincia, con el propósito de revisar la detención de la dirigente Milagro Sala, enfrentada al gobernador Gerardo Morales.
Las declaraciones del exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni dieron aire a las preocupaciones del radicalismo. El exmagistrado sostuvo en declaraciones radiales que, en Jujuy, el Poder Judicial está «amañado» y que, «desde el punto de vista constitucional», correspondería «la intervención federal del Poder Judicial» de la provincia. En una entrevista realizada por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, el presidente electo, Alberto Fernández, asevero que Milagro Sala «no merece estar detenida».
Sala tiene cuatro condenas a prisión. Una, por daño agravado, fue confirmada por la Corte Suprema. Ya fue condenada a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita dedicada al fraude y la extorsión. También fue condenada a cuatro años de prisión por lesiones graves a un dirigente social de la provincia.
Contra el pedido de Zaffaroni salieron al cruce el jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, y la legisladora Gabriela Burgos (UCR-Jujuy). «Dicen que vuelven mejores, pero Zaffaroni pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Los 10,8 millones de votantes de Juntos por el Cambio no permitirán este atropello. Espero que Alberto Fernández no preste oídos a este intento de avasallar a toda una provincia», enfatizó Negri. «Zaffaroni, quien tuvo el honor de haber sido miembro de la Corte Suprema de Justicia, oculta que Milagro Sala tiene en la Justicia Federal una condena por tres años dictada por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, ratificada por la Corte, que ordenó que se fije pena por amenazas coactivas, ya que la habían condenado únicamente por daños agravados», repasó el diputado radical. Por su parte, Burgos consideró que Zaffaroni «debería promover y defender la imparcialidad de la Justicia y la división de poderes».
