El presidente Alberto Fernández cumple este domingo cinco meses de gestión que comenzó con un plan para sacar al país de la recesión y la inflación, con foco en la asistencia a los sectores más vulnerables y políticas solidarias y, en poco menos de tres meses, debió dar un golpe de timón para hacer frente a la peor pandemia de la historia mundial reciente.
«Me siento un jugador de ajedrez, jugando 20 partidas simultáneas. Salto de la deuda a los bonos, de los bonos a la pandemia, de la pandemia a la educación, de la educación a los jubilados. Es lo que me tocó en suerte», dijo el mandatario esta mañana, en una extensa entrevista a la radio FM Futurock, al cumplir mañana cinco meses de gobierno desde que asumió el 10 de diciembre pasado.
Reorientar el Estado hacia los más vulnerables
El eje de gestión de los primeros 150 días fue el de reorientar el rol del Estado hacia los sectores más vulnerables, casi hundidos por la recesión y la inflación, con la meta de diseñar políticas inclusivas.
Esa convicción de un Estado activo le permitió, el 11 de marzo, con la declaración de la pandemia del coronavirus, reaccionar rápidamente para empezar a diagramar una red sanitaria nacional para contener la propagación de la enfermedad, una amenaza latente que dejó a un costado las iniciativas en las que venía trabajando el gobierno nacional.
Cuando llegó a la Casa Rosada, y desde las antípodas del pensamiento de su antecesor Mauricio Macri, comenzó a rediseñar todas las políticas para tratar de favorecer prioritariamente al casi 50% de la población en estado de pobreza.
Un eje inevitable de su Gobierno, tal como lo dijo Fernández al asumir, era la deuda externa. En ese marco, ratificó desde el inicio de su gestión que estaba dispuesto a darle una solución y no a patear el problema para adelante, como su antecesor quien concentró los mayores pagos en el 2020 y 2021.
En el frente interno, Fernández impulsó una relación institucional dinámica con los 24 jefes de distritos del país, tanto oficialistas como opositores, a quienes los convocó a establecer un esquema federal de decisiones que se acentuó aún más con la pandemia.
De hecho, lo primero que hizo fue aceptar una propuesta de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño de reformar la ley de Consenso Fiscal, para obtener mayor recaudación para sus alicaídas arcas, carcomidas por la alta inflación.
La recesión galopante y los números en rojo del Tesoro lo llevaron a proponerle al Parlamento una ley de emergencia para redireccionar la política económica y destinar los recursos en favor de los jubilados y las familias de bajos ingresos y de millones de trabajadores informales.
En enero se potenciaron los anuncios del cambio estructural que Fernández había propuesto en campaña: ya estaba en ciernes una quirúrgica reforma judicial para democratizar el poder de Comodoro Py, los tribunales utilizados por la política para dirimir poder.
La cuestionada AFI, la central de Inteligencia, fue intervenida y eliminados sus gastos reservados, sospechados de ir a parar a espías de políticos y periodistas.
Una gestión con sello igualitario
La formula presidencial estuvo equiparada entre un hombre -Fernández- y una mujer -Cristina Fernández de Kirchner-, y ese sello igualitario distinguió hasta ahora a su gestión y tuvo su punto más alto con la creación del Ministerio de las Mujeres y la Diversidad.
El tema del aborto y su abordaje institucional, inevitable por parte del Estado, había quedado pendiente de la gestión de Cambiemos, cuando un proyecto de ley en ese sentido fue bloqueado en 2018 por el Senado, tradicional ala conservadora de la política parlamentaria.
El 1 de marzo, al inaugurar en el Congreso el periodo de sesiones ordinarias, el Presidente anunció el pronto envío de un proyecto, que quedó en carpeta al avanzar en forma explosiva el coronavirus e instalarse como primera prioridad.
La pandemia
El presidente Fernández recogió a tiempo el guante y puso al frente de la emergencia que se venía al ministro de Salud, Ginés González García, quien armó un comité de científicos epidemiológicos e infectólogos -la mayoría reconocidos mundialmente- que diseñó un plan integral para estudiar la propagación del virus y las formas de tratar de contenerlo.
El plan fue bifronte: por un lado, se diagramó la ampliación de la red sanitaria de atención pública y privada en todo el país, concretamente con más camas para internaciones y más personal e insumos: y la otra cara fue el novedoso aislamiento social, preventivo y obligatorio, que paralizó en consecuencia alrededor del 90% de la actividad económica.
El plan permitió ralentizar la velocidad de la propagación de contagios y la cuarentena estricta empezó a dar resultados para la salud de los argentinos, según las estadísticas nacionales y comparativas internacionales.
Ante la paralización de la actividad productiva, ya golpeada por la crisis heredada, el Gobierno elaboró un abanico de medidas que le inyectó a la economía aproximadamente un 6% del PBI, con medidas destinadas a los monotributistas, los jubilados, los comercios y las grandes empresas privadas.
El lunes comienza una nueva etapa del confinamiento, iniciado el 10 de marzo y extendido hasta el 24 de mayo, «sin grandes cambios» en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con algunas excepciones que se analizarán para flexibilizar actividades, mientras que el resto del país iniciará la fase 4 de «reapertura progresiva».
Como reafirmó anoche Fernández, el objetivo central sigue siendo la salud, pero a la par se viene el apuntalamiento de la reactivación de la economía nacional y, también el de afrontar el problema de la deuda.
El Presidente hizo su oferta «sostenible» –con una fuerte quita de intereses y un período de quita de tres años para primero iniciar una etapa de crecimiento- y le tiró la pelota a los bonistas tenedores de la deuda que, por ahora, están renuentes a un acuerdo, aunque saben que la pandemia abrió un escenario de crisis económica mundial de características imprevisibles.
Mientras tanto, el país cerró filas detrás de la propuesta de restructuración de la deuda pública: recibió el apoyo coincidente de las asociaciones empresariales más importantes; de la CGT, los gobernadores y los intendentes del país.