Ayer a la mañana, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, participó de un conversatorio organizado por la Cátedra de género, sexualidades y derechos humanos de la sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y por Cladem Argentina, denominado “Sin nosotras no hay Justicia”, en el que se abordó el tema de la paridad en el Poder Judicial, haciendo hincapié en la oportunidad que tiene Chubut de establecer paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Luego de esta actividad virtual, Gómez Alcorta expresó sobre este tema de suma actualidad para la provincia: “No hay ninguna duda que es un tema que está en agenda, cuando se mide la paridad política que tiene cualquier país, no se toma solo la cuota en los Poderes Legislativo o Ejecutivos, sino que uno de los principales indicadores está en el porcentaje de juezas o magistradas en la Cortes Supremas y en los Superiores Tribunales, o sea que es un tema que está en la agenda internacional y por eso tenemos que dar una respuesta acorde al momento en el que estamos”.
INTEGRACION Y PERSPECTIVA DE GENERO
Obviamente, la incorporación de mujeres al STJ no implica sí o sí que este tribunal tenga una perspectiva de género a la hora de decidir.
Es por eso que Gómez Alcorta explicó que “la integración de mujeres no asegura de por sí la perspectiva de género. Sin embargo, cuando pensamos cuáles son los lineamientos para una administración de justicia con perspectiva de género, el impulso de políticas activas para la integración es uno de los lineamientos más importantes”. En ese sentido, la ministra destacó el hecho de que, en general, los Poderes Judiciales tienen más mujeres que varones, pero “no tienen acceso a los cargos jerárquicos, entonces hay que acomodar esa injusta distribución y después llevar adelante el resto de las cosas de un modo integral”.
DESIGUALDAD ESTRUCTURAL
Si bien el Poder Judicial es un poder independiente y depende de la provincia, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación no trabajan en ningún proyecto en particular, sino que impulsan el debate “proponiendo ideas y lineamientos generales de políticas para diseñar administración de justicia y organización judicial con perspectiva de género”.
Respecto a lo que ocurre a nivel país, la ministra resaltó que “los Tribunales de Corrientes, Formosa, La Rioja y Chubut no tiene ninguna mujer en sus Superiores Tribunales; Jujuy, San Juan y Buenos Aires tienen una sola; la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en la misma situación y después varía la participación, pero siempre es baja”. A nivel de Justicia Federal, los datos son similares a lo que ocurre a nivel provincial y Gómez Alcorta puso como ejemplo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, “donde hay 12 jueces varones sobre seis mujeres, pero además hay diez fiscales varones y una sola mujer. Esto lo que centralmente muestra es que es una desigualdad estructural, no es una situación excepcional de alguna jurisdicción”.
SIN ARGUMENTOS
Así las cosas, con la Ley de Paridad presentada por la diputada provincial Mónica Saso, lo que falta es la decisión política de votarla en la Legislatura. Sin embargo, el hecho de que esto sea Ley, podría generar rechazos en diversos estratos de la sociedad en general y del Poder Judicial en particular: “Ni desde la lógica, ni desde la razón y mucho menos desde el Derecho, se puede justificar que esto se dé así. Sin embargo, seguramente va a haber gente o sectores que no les guste, que no estén de acuerdo, porque hay que tener en claro que, cuando se avanza en este sentido, hay mucha, mucha gente que tuvo muchos privilegios durante siglos. Entonces, si cierto sector tenía asegurada la posibilidad de tener espacios, por ejemplo, en el STJ y que hoy esos espacios tengan que ser ocupados por mujeres, obviamente restringe que sean ocupados por varones, que es lo que históricamente nos ha pasado a nosotras. Ahora estamos conquistando nuevos lugares y a quienes deban retroceder en esos beneficios seguramente les va a costar. Pero argumentos racionales, jurídicos, no hay ninguno, solo es una pérdida de privilegios”.
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