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Así lo aseguró el diputado provincial Carlos Gómez, del bloque Chubut al Frente. Comparó la minería con el petróleo, “columna vertebral” de la economía provincial. Y criticó el “doble discurso” de algunos intendentes y también del exintendente de Comodoro, Carlos Linares.

El diputado provincial Carlos Gómez, integrante del bloque de Chubut al Frente, afirmó que el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta “garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, norma que desde hace 17 años establece restricciones a la actividad y la delimitación de una región para su desarrollo.

Gómez hizo comparaciones entre la actividad hidrocarburífera y la minera, dijo que la Ley Provincial de Hidrocarburos “es espejo” del proyecto de zonificación y, además, cuestionó el “doble discurso” vinculado a la industria petrolera como “columna vertebral de la economía” del Chubut y el rechazo a la minería por parte de intendentes y otros sectores de la comunidad. En este sentido, apuntó de manera directa al ex intendente de Comodoro, Carlos Linares.

“Ley Provincial de Hidrocarburos es el espejo del proyecto de zonificación”, ya que prevé “la obligación de cualquier inversor de contratar mano de obra local en un 70 u 80%, lo mismo en contratación de empresas y proveedores. Está establecido por la Ley de Hidrocarburos que se cumple a rajatabla y lo mismo ocurre en Santa Cruz”, dijo Gómez en declaraciones a FM Del Lago, de Esquel.

En este contexto mencionó que los gremios petroleros controlan el cumplimiento del cupo laboral, así como de la garantía de inversión y de estabilidad laboral previstas en los acuerdos y en las normas provinciales y nacionales.

REGALÍAS Y DOBLE DISCURSO

“Cada intendente de Chubut está al tanto de lo que produce la industria hidrocarburífera porque todos los meses consulta las regalías que le llegan”, afirmó Gómez, y sostuvo que eso genera “a veces un doble mensaje porque somos ambientalistas en algunos aspectos, pero cuando se trata de regalías petroleras no le hacemos asco a la distribución”.

“Sabemos que (la petrolera) es una actividad que tiene sus problemas ambientales, pero que tiene un estricto control de Provincia, de los municipios, de los gremios y de Nación. Y es la columna vertebral del presupuesto provincial”, indicó el legislador.

En cuanto al panorama para este 2021, dijo que al igual que el año que pasó “va a ser muy difícil”, debido a “la situación de quebranto que vive la provincia, toda la economía regional y cada municipio”, aunque celebró la reestructuración de la deuda nacional y provincial, en este último caso luego de la aprobación por parte de la Legislatura.

En este marco, en cuanto a las posibilidades de que este año, que es electoral, se trate el proyecto de zonificación minera, afirmó: “Sea en una extraordinaria o en marzo, se tiene que llevar adelante el debate”.

“En la última movilización que realizaron los trabajadores petroleros, Camioneros, la UOCRA, bancarios, Comercio en diciembre, se le ha solicitado al gobernador abrir el debate sobre el proyecto porque es uno de los pocos que garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, dijo Gómez.

Afirmó que la zonificación “genera un desarrollo sustentable y, por otro lado, la posibilidad de llevar adelante una motorización del empleo en la zona de incidencia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, todo el Valle como sector multiplicador de la actividad”.

“SER SERIOS”

“Ya han pasado 17 años en los que se tendría que haber cumplido con la obligación de la Ley 5.001. Y este proyecto se encuadra en la política minera del presidente Alberto Fernández. Entonces hay que ser serios en el momento del debate, sin fundamentalismos”, continuó.

Enumeró que “el proyecto preserva la 5.001, ríos, cauces de ríos, impone un distanciamiento de 5 kilómetros a cada costado de los ríos donde no se puede habilitar ningún tipo de actividad minera; preserva acuíferos, establece estrictos controles de ambiente con participación ciudadana”.

“En los últimos 17 años en los que hubo gobiernos peronistas se ha dejado a la Meseta que padezca y naturalice su pobreza”, dijo. “Ya lo planteamos en 2014. A la hora del debate, por lo menos los petroleros tratamos de ser coherentes y no andamos con dobles discursos”, planteó.

“El desarrollo minero tiene que ser sustentable porque 60.000 familias dependen de la recaudación de la Provincia, sin sumar a los empleados municipales”, dijo.

Y se preguntó: “¿De dónde recaudan el Estado Provincial y los municipios? De la actividad privada. Hoy las empresas privadas están quebradas. ¿De qué nos vamos a disfrazar?”.

Por eso, “tenemos que ser serios en el momento debate. Y leer bien el proyecto. Porque está garantizado el empleo local, el compre local, las inversiones para la infraestructura de servicios. Y el inversor va a tener que perforar sus propios pozos para poder capturar agua, igual que en la actividad petrolera”, finalizó.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia que se conoció en las últimas horas los dejó expuestos como participantes en graves delitos contra del periodista de Cholila Online, Darío Fernández, al que quisieron armarle una causa y lo detuvieron ilegalmente, en ese delincuencial procedimiento que “El Tero” Gómez Ocampo y Paulino Gómez llevaron a cabo a punta de pistola, delante de los hijos de Fernández, la noche del 27 de setiembre en cercanías de Gaiman, cuando el periodista emprendía el viaje de regreso a Cholila. A la localidad cordillerana en donde tiene su residencia.

Ahora, los Gómez y Massoni deberán prepararse para afrontar varias denuncias que les harán en la Justicia Penal los abogados del periodista Gastón Bordier y Cinthya Tamara Castro. En el caso de los jefes policiales podrían terminar presos y con respecto al polémico Massoni, el ministro de Seguridad de Chubut, habrá que ver que es lo que pasara con él en la Justicia cuando deje de ser funcionario, en unos meses.

En el accionar de “El Tero Gómez Ocampo y Paulino Gómez existe la comisión de varios delitos”, clarificó el doctor Gastón Bordier, uno de los abogados de Darío Fernández y especificó: “Porque frente a la detención ilegal calificada así por la jueza (Moreno) estaríamos hablando (por ejemplo) de amenazas con armas, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. Y todo esto a instancias del ministro Massoni porque también estaba en el lugar cuando lo detuvieron a mi cliente, y según el relato del fiscal (Osvaldo) Heiber, él nunca autorizó la persecución desde playa Unión hasta Gaiman”, indicó.

Luego acotó: “También deberíamos ver quién es el comisario a cargo de la Brigada de Investigaciones que permitió este accionar (en referencia a la persecución y detención de Fernández) que seguramente le fue solicitado) por la plana mayor de la policía, pero uno no puede ponerse a investigar a una persona a escondidas y seguirlo cuando se dirige hacia su domicilio, si no hay denuncia por algún delito”

Seguidamente, Bordier anticipó que él y su socia, la doctora Cinthya Tamara Castro se van a constituir como querellantes ni bien denuncien a Gómez Ocampo y Paulino Gómez y que van a pedirle al procurador General Miquelarena que designe a un fiscal que no sea Heiber para que los investigue y que otra fuerza será la que lleve adelante las medidas de prueba que se deban realizar en la causa contra los nombrados.  

¿Gómez Ocampo y Paulino Gómez no deberían ser apartados de sus cargos hasta que se concluya con la investigación? Se le preguntó: “Esa facultad la tiene Miguel Gómez (jefe de Policía y hermano de Paulino Gómez, uno de los que será denunciado). Aquí hay varias cosas por las que se le puede aplicar el reglamento de la policía del Chubut a Gómez Ocampo como a Paulino Gómez y, precisamente, una de ellas es iniciarles una investigación sumaria en aplicación del Artículo 29 para la destitución de ambos, porque no han cometido un solo delito sino varios, entre detener a una persona de manera ilegal y con armas”, insistió.

Pero estamos ante personajes que no son comunes ciudadanos, son los que dirigen la policía y son superiores al personal que hipotéticamente debería investigarlos o llevar adelante acciones contra ellos. Entonces, ¿no deberían ser suspendidos de sus funciones? Se le consultó, a lo que Bordier contestó: “Entiendo que sí, porque ellos pueden entorpecer la causa, la investigación, en el sentido de que son los jefes máximos de la policía”, recordó.

Con  este caso en el que puede terminar acusado de mal desempeño, el fiscal Osvaldo Heiber amontonaría cinco pedidos de juicio político en los que se solicita que se lo eche del Poder Judicial y la pregunta que muchos se hacen es si “mandará al frente” a Massoni.

Si bien nunca lo pudieron llevar a la Justicia, dicen que habría informes secretos y testimonios de expolicías y civiles que podrían complicarlo al hacer reabrir una causa de hechos que nunca se investigaron. Ahí, el actual subjefe de la policía del Chubut aparecería involucrado hasta con un servicio de vigilancia clandestina que hacía personal policial a su cargo, en locales nocturnos que aparentaban ser pooles y bares pero en realidad eran prostíbulos.

¿Cómo era el modus operandi de los policías de la Brigada de Madryn que presuntamente custodiaban de manera ilegal estos lugares? En la mayoría de los casos “hacían de porteros”.

Dicen que hasta habría filmaciones de estos efectivos, que en vez de trabajar para desmantelar las bandas que manejaban “la trata de personas” en Puerto Madryn, les vigilaban los negocios y probablemente también les liberaban la zona.

Todo esto figuraría en unos informes confidenciales que en 2015 habrían sido enviados a la Justicia Federal de Rawson y en los mismos se detallarían varios locales nocturnos que estaban habilitados como pubs, pooles o bares pero que en realidad eran cabarets o lugares de cita camuflados, en donde se ejercía la prostitución.

Los hechos datan de cuando “El Tero” Gómez, hoy subjefe de Policía, era el máximo responsable de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y –oh casualidad– el vehículo en el que él se movía, una camioneta cuatro por cuatro que era un secuestro judicial; estaría filmado y fotografiado al momento en que visitaba esos locales casi de manera habitual.

Ahora, ¿qué paso con esa causa, en la que hubo hasta una investigación de la Regional de Policía marynense? Parece que corrió la misma suerte que otras en las que aparecería vinculado este temible personaje: habría quedado en la nada.

Aunque la novedad que ha trascendido de fuentes judiciales en estos últimos días, es que habría ex oficiales y suboficiales de la policía, como también algunos civiles que estarían dispuestos a declarar ante la Justicia.

Al “Tero” Néstor Gómez Ocampo le debe traer algún grato o ingrato recuerdo estas direcciones de Madryn: Gobernador Maíz al 800. José Menéndez al 300, en la planta baja. Manuel Belgrano al 650. O quizás se acuerde más de “Adán y Eva” o de “Zíngara”. O del link “chicas-puerto-madryn.html”.

De un relevamiento que se hizo en esos tiempos –sin que “El Tero” Gómez lo supiera—un grupo de “buenos policías” corroboró que en esas direcciones se ejercía la prostitución y que las mujeres que allí “trabajaban” eran paraguayas, dominicanas y de algunas provincias del norte de Argentina que eran traías a Puerto Madryn bajo engaño configurándose el eventual delito de “trata”, cuando en la ciudad les sacaban el documento y las presionaban para que se prostituyeran.

Otros lugares en donde se llevaban a cabo estas actividades de manera clandestina y custodiadas increíblemente por personal policial de la Brigada, según el informe policiaco secreto serían; José Menéndez al 300 y Roberto Gómez al 200. Bolívar 10, Villegas al 500, Rawson 20 y Villarino casi Juan B. Justo.

Vale destacar que las direcciones que se han consignado no tienen la numeración exacta ante la eventualidad de que allí ya no funcionen más los VIPS clandestinos.

Hoy “El Tero” Gómez –amigo de un narcotraficante de Madryn condenado a 9 años de prisión por traficar más de 100 kilos de cocaína— debería quizás estar preso si la Justicia hubiera funcionado en su momento. Ahora, habrá que esperar si se concreta lo que se viene adelantando desde hace unos días, que sería la reapertura de una causa que nunca –al parecer—llegó a ser investigada.

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Ayer a la mañana, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, participó de un conversatorio organizado por la Cátedra de género, sexualidades y derechos humanos de la sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb) y por Cladem Argentina, denominado “Sin nosotras no hay Justicia”, en el que se abordó el tema de la paridad en el Poder Judicial, haciendo hincapié en la oportunidad que tiene Chubut de establecer paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). 

Luego de esta actividad virtual, Gómez Alcorta expresó sobre este tema de suma actualidad para la provincia: “No hay ninguna duda que es un tema que está en agenda, cuando se mide la paridad política que tiene cualquier país, no se toma solo la cuota en los Poderes Legislativo o Ejecutivos, sino que uno de los principales indicadores está en el porcentaje de juezas o magistradas en la Cortes Supremas y en los Superiores Tribunales, o sea que es un tema que está en la agenda internacional y por eso tenemos que dar una respuesta acorde al momento en el que estamos”.

INTEGRACION Y PERSPECTIVA DE GENERO

Obviamente, la incorporación de mujeres al STJ no implica sí o sí que este tribunal tenga una perspectiva de género a la hora de decidir. 

Es por eso que Gómez Alcorta explicó que “la integración de mujeres no asegura de por sí la perspectiva de género. Sin embargo, cuando pensamos cuáles son los lineamientos para una administración de justicia con perspectiva de género, el impulso de políticas activas para la integración es uno de los lineamientos más importantes”. En ese sentido, la ministra destacó el hecho de que, en general, los Poderes Judiciales tienen más mujeres que varones, pero “no tienen acceso a los cargos jerárquicos, entonces hay que acomodar esa injusta distribución y después llevar adelante el resto de las cosas de un modo integral”.

DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

Si bien el Poder Judicial es un poder independiente y depende de la provincia, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación no trabajan en ningún proyecto en particular, sino que impulsan el debate “proponiendo ideas y lineamientos generales de políticas para diseñar administración de justicia y organización judicial con perspectiva de género”. 

Respecto a lo que ocurre a nivel país, la ministra resaltó que “los Tribunales de Corrientes, Formosa, La Rioja y Chubut no tiene ninguna mujer en sus Superiores Tribunales; Jujuy, San Juan y Buenos Aires tienen una sola; la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en la misma situación y después varía la participación, pero siempre es baja”. A nivel de Justicia Federal, los datos son similares a lo que ocurre a nivel provincial y Gómez Alcorta puso como ejemplo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, “donde hay 12 jueces varones sobre seis mujeres, pero además hay diez fiscales varones y una sola mujer. Esto lo que centralmente muestra es que es una desigualdad estructural, no es una situación excepcional de alguna jurisdicción”.

SIN ARGUMENTOS

Así las cosas, con la Ley de Paridad presentada por la diputada provincial Mónica Saso, lo que falta es la decisión política de votarla en la Legislatura. Sin embargo, el hecho de que esto sea Ley, podría generar rechazos en diversos estratos de la sociedad en general y del Poder Judicial en particular: “Ni desde la lógica, ni desde la razón y mucho menos desde el Derecho, se puede justificar que esto se dé así. Sin embargo, seguramente va a haber gente o sectores que no les guste, que no estén de acuerdo, porque hay que tener en claro que, cuando se avanza en este sentido, hay mucha, mucha gente que tuvo muchos privilegios durante siglos. Entonces, si cierto sector tenía asegurada la posibilidad de tener espacios, por ejemplo, en el STJ y que hoy esos espacios tengan que ser ocupados por mujeres, obviamente restringe que sean ocupados por varones, que es lo que históricamente nos ha pasado a nosotras. Ahora estamos conquistando nuevos lugares y a quienes deban retroceder en esos beneficios seguramente les va a costar. Pero argumentos racionales, jurídicos, no hay ninguno, solo es una pérdida de privilegios”.

Sepan disculparme los amantes del clan Gómez y de Federico Massoni sé que muchas veces mis palabras no son de su agrado.

Quiero aprovechar el momento para mandarle mi más profundo respeto y admiración a todos los policías de la provincia del Chubut que esperan por Justicia, quiero que entiendan del porqué de mis palabras ya que no es de mal intencionado y nada que se le parezca, solo son las palabras de un hombre que en estos últimos tres años ha trabajado y luchado junto a varios compañeros de distintas puntos de la provincia en mejoras la calidad de vida y el bienestar de los policías del chubut, en recomposiciones salariales, en mejorar la horario de trabajo, y solucionar problemas habitacionales, y que aun estando fuera de la fuerza sigo trabajando por estas causas.

Al ver algunas noticia cómo estás donde a JP1, sale prometer y a querer dividir a los empleados estatales en el reclamo por el salario, realmente causa mucha gracia el hecho de que la jefatura de policía siga tratando de ignorantes al sector policial y a todos los Chubutenses.

Lo incluyo al ministro seguridad Federico Massoni porque la jefatura de policía no hace nada que no sea ordenado por él, creo fervientemente que el líder del clan Gómez, Miguel está muy próximo a recibirse de PAYASO del Circo que impuso Federico Massoni en el Ministerio de seguridad.

 Entiendan esto compañeros; Depende de los propios policías la mejora en su salario NO DE LA JEFATURA NO DEL MINISTRO DE SEGURIDAD, este CLAN ha demostrado que no les importa el sector, sino simplemente acomodarse ellos seguir en el poder y peor aun siendo cómplices de quienes incumplen con sus deberes intentando sofocar todo justo reclamo.

Primero: el gobierno debe cumplir con los policías en el pago de las cláusulas y los retroactivos de dichas cláusulas año 2019 hasta Enero 2020, ya que de incumplirse esto se sumaría a uno más de los tantos incumplimientos de este gobierno y esta jefatura con el sector policial

Segundo: No depende de JP1, el incremento salarial qué podrían recibir los empleados policiales, sino depende de los nuevos Representantes que sean elegidos por el voto de sus compañeros, me refiero a los nuevos Representantes del Consejo de Bienestar Policial, son ellos quienes llevaran adelante la propuesta de la mejora salarial ante el consejo y llegar a un acuerdo con el gobierno en el salario del policía.

Tercero: Es más que evidente que debe haber un aumento salarial al sector policial y no solamente a este, sino a todos los empleados estatales ya que desde el mes de enero 2020 a la fecha el salario del policía ha perdido valor ante la inflación mensual, quienes lleguen a ser Representantes de los policías debe tener en cuenta el porcentaje de esa inflación y de ahí pelear por un real incremento en el salario.

Por: Christian Montesino

En tiempo record reintegran al servicio al Jefe Policial responsable de balear en el rostro a vecino de Trelew

Gran sorpresa causa inclusive dentro de las mismas fuerzas policiales la velocidad con la que reintegraron al Servicio al SubCrio. Herrera, Jefe de la División Infantería de Rawson quién comandaba al grupo el nefasto día en que balearon al vecino Gabriel Fredes en el rostro.

Lo más llamativo, es que no solo lo reintegraron al Servicio, sino que lo volvieron a incorporar al mismo grupo de Infantería Rawson, lo que resulta bastante llamativo porque como ejemplo tenemos el caso de la Comisario Laura Mirantes quien fuera puesta en disponibilidad en una causa ya desestimada por la justicia relacionada a la detención Ilegal de vecinos, actos a los que ella se opuso y como consecuencia de ello fuera puesta no solo en disponibilidad, sino también alejada de su cargo aún a pesar del reclamo social que pedían por su restitución en la Comisaría Rawson.

Es claro el mensaje que envía la Jefatura de Massoni y Gomez, que mientras el empleado se subordine a la intención represiva que pretenden ellos para la función de seguridad, serán apañados y respaldados, aún cuando cometan una falta grave.

Las declaraciones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, por primera vez desde que está a cargo de la Seguridad de la Provincia del Chubut, se contraponen a la voluntad del Jefe de Policía. La necesidad de salvar sus dichos y preparándose para el juicio político que se le avecina con un marcado pronóstico de destitución y el no poder respaldar sus dichos con evidencias fácticas, lo lleva a una movida que lo enfrentará ideológicamente a su archicompañero Miguel Gómez.

Massoni expresó a medios de comunicación, que se está apoyando fuertemente en el trabajo de la Policía Comunitaria y que ellos fueron quienes elaboraron el informe que expresaba que en el Barrio Inta de Trelew se encontraba un tranza por cuadra.

El 29 de Septiembre de 2018, Massoni declaró: “La Policía Comunitaria es una de las divisiones que estoy analizando” en clara muestra del desagrado que le provocaba una fuerza que tuviera como eje central de su función el acercamiento social. Es conocido el desprecio que siente por este tipo de funciones el Jefe de Policía quién considera esta policía como “blanda”, la antítesis de su criterio netamente reactivo y apuntado a la saturación de policías y a la represión del delito.

Inclusive varios de los Grupos de Policía Comunitaria ya han sido desarticulados o diezmados, por tanto esta acción de ampararse en los otroras despreciados es un verdadero manotazo de ahogado.

Habrá que esperar ahora, qué integrante de la Policía Comunitaria se va a animar a firmar el Informe que tanto menciona Massoni sobre los tranzas del Barrio Inta y qué va a responder si en el marco del Juicio político al actual Ministro de Seguridad es llamado a declarar para respaldar su informe.

Mientras tanto, se lo ha visto al ladero de Massoni, Federico Mariani, buscando desesperadamente en la Jefatura de Policía datos sobre procedimientos de drogas que puedan justificar los dichos de Massoni sobre la relación de la droga y el poder, e inclusive se lo ha visto implorando a alguna fuerza federal que le brinde algún tipo de información que pueda “salvar” a su Jefe por haber hablado de más sin respaldo evidencial.

Ha quedado en evidencia que el allanamiento que le hicieron la madrugada del miércoles a Gabriel Fredes y su familia en el barrio INTA de Trelew fue como se dice entre el común de la gente: “una gran metida de pata” que es imposible arreglar. Realizaron un procedimiento utilizando “un testigo trucho”, en procura de dar con una persona vinculada a un hecho de violencia de género que no viviría ahí y buscando un arma de fuego que no encontraron.

La extraña casualidad es que justo fueron a allanarle la vivienda a un hombre que es querellante en una causa judicial contra la policía y que también ha denunciado públicamente al polémico ministro de Seguridad Federico Massoni, cuando comandó aquel brutal y delictivo operativo de la noche del 14 de junio, en el que un grupo de policías atacó e hirió a vecinos del barrio INTA disparándoles a mansalva con munición antitumulto.

Gabriel Fredes, precisamente, fue uno de los heridos que salió en los medios nacionales a contar lo que había sucedido en Trelew. Generó incluso con su testimonio que organizaciones de Derechos Humanos se involucren en la investigación de lo ocurrido, y ahora sugestivamente se le introduce al domicilio un pelotón de policías que le rompen las puertas, lo reducen a él, su mujer y sus dos hijas como si fueran delincuentes, arrojándolos al piso y atándolos con precintos; en un procedimiento que lógicamente lo lleva a pensar que se trata de una represalia, encima con un policía que le sugiere a su mujer que se cuide.

En ese contexto el jefe de Policía Miguel Gómez salió públicamente a tratar de desmentir a Fredes y a justificar el operativo, pero originó el efecto contrario.

Dijo, por ejemplo, que fueron a la casa del albañil a buscar a un tal Darío Omar Huilipán, que había sido denunciado por su expareja por haberla amenazado a ella y a su pequeña hija con un arma de fuego, y resulta que la mujer de Fredes (supuestamente madrastra del nombrado) asegura que nunca vivió ahí.

Gómez, por culpa de Massoni, está cayendo en el descredito incluso entre los mismos miembros de la institución que dirige y se arriesga a terminar en cualquier momento procesado por la Justicia, vinculado a alguno de los procedimientos en los que hasta han llegado a equivocar el domicilio a allanar, como pasó el otro día en Rawson con esos 9 allanamientos que hicieron para secuestrar un revolver o como el supuesto operativo antinarcótico de Trelew en el que estigmatizaron a tres jóvenes para incautarles del auto “un porro de marihuana”.

No son pocos los que formando parte de la misma fuerza sostienen por lo bajo que “los Gómez” le están haciendo mucho mal a la Policía del Chubut, en el afán de acompañar en sus desquiciadas ocurrencias al caprichoso e histriónico Federico Massoni.

…“Notificamos en su momento al titular de la Unidad Regional Comisario Mayor Fernando Mora, pero no cumplió”…

En declaraciones públicas, el Jefe de Policía, Miguel Gómez, aseveró que se le informó con antelación al Crio. Fernando Mora de que estaban incurriendo en irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Seccional 4ta. de Puerto Madryn. Situación que lo dejó expuesto ya que no denunció en tiempo y forma la presunta comisión delictual que estaba ocurriendo. Esto infringe claramente el Decreto 1162/2000 ya que la obligación de denunciar es un deber que nuestro Código Procesal Penal le exige a todo funcionario.

Si el Jefe de Policía tenía conocimiento de que se estaban cometiendo ilegalidades en el manejo de los fondos públicos y no actuó en consecuencia, cometió una omisión que debe ser investigada y juzgada. Estos hechos se suman a los que ya tiene en su haber el, por ahora, Jefe de la Policía. Sospechosamente, al Jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, lo desplazó del cargo, algo que no ocurrió por ejemplo con uno de sus “entrenados”, el Crio. Lucas Cocha quién fuera suspendido por malversación de adicionales, hechos cometidos en Comodoro Rivadavia y aun así fue nombrado Jefe de la Comisaría Rawson, dónde le pidieron que se tomase 20 días de vacaciones para cumplir con la suspensión y así luego regresar a la mencionada dependencia.

Es muy poco lo que se conoce del pasado de Néstor Gómez Ocampo, el actual subjefe de la policía provincial. Y, llamativamente, lo poco que hay no habla muy bien de él. Se cita, por ejemplo; una oscura amistad con un narcotraficante y las sospechas que hubo en su momento de su aparente vinculación con el caso “Langostino Santo”; el de los 110 kilos de cocaína interceptados, cuando estaban a punto de salir del puerto de Madryn rumbo a España, escondidos en cajones de langostino.

Gómez Ocampo en esos tiempos era jefe de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y hasta se llegó a decir –cosa que la Justicia no pudo comprobar— que él “en una Kangoo roja que era de la Brigada, había “movido” del lugar otra parte del cargamento que nunca habría aparecido; algo que impulsado por los detractores que tiene en la propia policía se ha venido repitiendo hasta estos días. Al igual que su inocultable relación amistosa con Omar “El Cura” Segundo, el dueño de la pesquera en donde hallaron la cocaína, que terminó condenado a varios años de cárcel y que ahora, curiosamente, está cumpliendo esa sentencia con una prisión domiciliaria.

Gómez

Todavía anda dando vueltas por las redes sociales y en algunos portales de noticias esa fotografía en la que se los ve de jolgorio después de un asado, junto a otros invitados.

Gómez Ocampo hizo la última parte de su carrera policial en Madryn, también trabajó como investigador en la fiscalía de esa ciudad; en donde no pocos lo recuerdan como el que usaba vehículos secuestrados por la Justicia para pasear o ir a buscar a su mujer al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela.

Sería el extinto Mario Das Neves, como gobernador de la provincia, quien pondría el fin abrupto a su vida policial al ordenar que se lo pasara a retiro en 2015, en una de las últimas resoluciones que haría antes de irse el jefe de Policía de ese entonces Ricardo César Hughes.

Esto bien podría ser una pequeña reseña con lo poco que se conoce del pasado de alguien a quien el ministro de Seguridad Federico Massoni quiere designar como el máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico en Chubut.

Gómez Ocampo es posiblemente un personaje controversial, oscuro, del que algunos camaradas suyos hoy se preguntan cómo hizo para llegar a ser subjefe de Policía y otros creyendo tener la verdad aseguran que con el apoyo de un fiscal y de un legislador. Los mismos que también estarían interesados, al igual que Massoni, de que sea jefe de la Agencia Antinarcóticos.