La ex jueza de cámara en lo penal de Trelew, Mónica Rodríguez, hizo conocer su «más profunda preocupación» por el mecanismo que «habría diseñado el Gobernador de la Provincia» para seleccionar los nombres de quienes cubrirán los cargos actualmente vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.
«Se ha convocado a una mesa de «acuerdo político» para definir esos nombres y los medios de comunicación, explícitamente, indican que en dicho ámbito el mandatario tratará de «conseguir los votos» que le aseguren en la Legislatura la aprobación de los respectivos pliegos», repasó Rodríguez. Consideró que el mecanismo pareciera que «se tratará de un poroteo o un toma y daca de cúpulas partidarias de los distintos sectores de la política provincial».
Sin desconocer el sesgo político que tiene este tipo de designaciones, y «aún a riesgo de parecer ingenua», sostuvo la ex camarista, «el mero anuncio del mecanismo ideado debería provocar un escándalo público si no fuera porque hemos naturalizado en este país todo tipo de atropello a las instituciones», agregó. A su entender, no se puede asistir impávido a «la configuración de una «mesa judicial», traslado de jueces por decreto, presiones públicas a magistrados para que fallen en determinado sentido o que renuncien a sus cargos, y varios etcéteras que hoy más que nunca es preciso desterrar».
A LA CLASE POLITICA
Con ese planteo, Rodríguez apuntó a la clase política chubutense que pareciera «legitimar» este tipo de proceder «porque es evidente que la profunda crisis por la que atraviesa el Poder Judicial de la provincia, se agravaría mucho más si el Tribunal que lo gobierna se integrara con personas seleccionadas de una manera tan oscura». Y más aún teniendo en cuenta que «es esta una oportunidad histórica, pues implica que un gobernador pueda seleccionar una cantidad de miembros que configurarán la mayoría absoluta en la Corte provincial».
Recordó «la vocación republicana» del entonces presidente Néstor Kirchner cuando por decreto «autolimitó su poder con el objetivo de concretar valores como los de transparencia y participación ciudadana en la selección de aquellos cuya función sería, ni más ni menos, que el gobierno del más alto tribunal judicial del país».
Rodríguez resaltó la transparencia «surgida del escrutinio público sobre la idoneidad, el compromiso con los derechos humanos, la sensibilidad social y la independencia de criterio frente a los poderes fácticos de cada uno de los candidatos, y que avanzara en el camino de lograr igualdad de género en su integración. Participación ciudadana, garantizada con la aportación de los colegios de magistrados y funcionarios, de abogados de la matrícula, de universidades, de organismos de derechos humanos y de toda organización social representativa de los intereses públicos que la cuestión involucra».
Por eso, insistió en su mensaje a la clase política «en el absoluto convencimiento de que quienes tienen un rol de protagonismo institucional en la cuestión deben estar a la altura de las circunstancias y ejercer su rol político, de cara a la sociedad toda, con la responsabilidad y la transparencia republicanas que exige la hora. Sólo así podremos comenzar a transitar una senda virtuosa que permita revertir el desprestigio que sufre el poder judicial de la provincia».