El gobierno de Chubut, en medio de la profunda crisis financiera que transita la provincia desde 2016, presentó un proyecto de ley para habilitar la megaminería en el territorio, por más que esta actividad está prohibida desde el año 2003 por la ley provincial 5001. Las asambleas del No a la Mina organizaron en la última semana movilizaciones multitudinarias y, el mismo día que el gobernador presentó la iniciativa de zonificación, ingresaron a la legislatura un proyecto de iniciativa popular que tiene el objetivo de completar los “baches” de la ley 5001, para frenar el avance de las mineras. La mesa de unidad sindical, en tanto, sigue reclamando por los salarios de los trabajadores estatales que tienen un atraso de dos meses en el pago y no cobraron el aguinaldo de julio, aseguran que la minería “es una falsa salida” y proponen una Ley tributaria de emergencia para paliar la crisis.
El 20 de noviembre el gobernador Mariano Arcioni presentó en la legislatura provincial un proyecto denominado “desarrollo industrial minero metalífero sustentable”, que plantea la realización de una zonificación para, de ese modo, exceptuar zonas de la provincia de la prohibición que rige por la ley 5001. Eso podía ser factible, según dicha ley, solo durante los 120 días posteriores a su promulgación. Arcioni quiere hacerlo 17 años después, y luego de haber ganado las elecciones con una campaña antiminera. La punta de lanza del extractivismo en Chubut sería permitir la explotación en la meseta, en en el marco del denominado “Proyecto Navidad” de la empresa transnacional Panamerican Silver, que extraería plata, plomo y cobre a cielo abierto.
En declaraciones recientes, el gobernador expresó que “somos una provincia minera por excelencia”, y puntualizó que “tenemos la obligación, quienes tenemos la decisión política de llevar adelante este proyecto, de dar la discusión sin eufemismos, sin ideologías, dejando de lado las posiciones dogmáticas y de escuchar esas miles de voces que están en silencio. A mi no me van a callar los ruidosos”.
El proyecto del gobernador para permitir la zonificación deberá tratarse en una comisión parlamentaria, mientras que el de iniciativa popular, en tres. “Es paradójico porque el gobierno dice que está abierto al diálogo, pero festejó cuando se anunció que su proyecto iba a tratarse en una sola comisión”, aseguró Pablo Lada, Integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Luego explicó que el proyecto de iniciativa popular pretende completar a la ley 5001 para prohibir otros químicos tóxicos además del cianuro y otras etapas previas a la explotación». Estiman que el gobierno tiene el objetivo de que el proyecto de zonificación sea tratado antes de fin de año en una de las tres sesiones que quedan. Este diario intentó comunicarse con el gobierno provincial para consultarle sobre esta y otras cuestiones, pero no obtuvo respuestas.
La crisis en la provincia es de larga data. En 2016, en el marco del desfinanciamiento del gobierno de Mauricio Macri, se habilitó a las provincias a tomar deuda con acreedores extranjeros. En ese entonces, el ex gobernador, Mario Das Neves, emitió un bono por 650 millones de dólares para ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública. Sin embargo, a mediados de 2018, con Arcioni como gobernador, la provincia comenzó a tener problemas para pagar los salarios a los estatales. Marcela Capón, Secretaria de Hacienda de Atech, aseguró que actualmente “la provincia está muy complicada. Tenemos dos meses de atraso en los pagos y nunca cobramos el aguinaldo. Las familias están endeudadas, los chicos sin clases y los hospitales colapsados, con médicos que no cobran”.
La propuesta de la mesa de Unidad Sindical es frenar el pago de la deuda y realizar una auditoría, porque no saben a dónde fue el dinero. Además, presentaron en la legislatura un proyecto de ley tributaria de emergencia: “hace más de tres años que estamos peleando por eso. En la provincia hay grandes terratenientes que no pagan el impuesto rural inmobiliario, no se cobra el canon pesquero, tampoco pagan impuestos las mineras o las grandes empresas como Aluar”, aseguró Capón. “En vez de apuntar a esos sectores poderosos, desde el gobierno proponen cómo salida la megaminería que traerá aún más miseria”, apuntó.
Capón expresó que tuvieron una reunión virtual con legisladores provinciales y nacionales. De los provinciales no obtuvieron respuesta, pero los diputados nacionales del FdT –Santiago Igon, Estela Hernández y Rosa Muñoz– se posicionaron en contra de la megaminería. «Además tuvimos el compromiso de ellos de avanzar con los proyectos de la mesa de unidad sindical», expresó y detalló que «los que no se posicionaron fueron Ignacio Torres y Gustavo Menna de JxC».
Lada agregó que «desde el gobierno provincial argumentan que la minería es necesaria para la gente de la meseta, cuando el propio Estado abandonó esa zona hace años y la ha dejado en manos de Panamerican, que lleva más de diez años allí. Se ha convertido en una suerte de estado paralelo: provee a los pobladores telefonía, leña, generadores eléctricos”. Luego detalló que “argumentan que hay que generar dólares, pero Chubut es la cuarta exportadora del país y tenemos solo 600 mil habitantes».
El representante de las asambleas puntualizó que «el gobierno nos ha endeudado y ahora propone que nos abracemos al ancla de la minería. Pero la población está informada y ve lo que pasa en provincias donde se desarrolló la actividad. En Catamarca, que tuvo el yacimiento más grande del país, el 67 por ciento de la población recibió el IFE, y los índices de pobreza son de los más altos del país. Estos datos no se pueden ignorar”.
Además de las masivas movilizaciones, distintos sectores se han posicionado en contra de la mina. En una carta firmada por representantes de la la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, el Conicet y el INTA, dirigida al presidente de la legislatura, indicaron que «no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley», y que «los avances en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas indican de manera categórica que no hay procesos que logren el desarrollo sustentable si no están dadas las condiciones de participación para una construcción colectiva».
Informe: Melisa Molina.