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Durante la mañana de este martes, el STIA intimó a empresas de la ciudad para que regularicen la situación contractual de trabajadores que ingresaron a prestar servicios en los establecimientos situados en el Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn y en la localidad de Dolavon. La intimación se hizo extensible a la empresa que les provee la materia prima a estos establecimientos.
Tal como habíamos anticipado en la publicación del día “29 de Diciembre del 2020“, los miembros de la Comisión Directiva tomaron conocimiento, de que personal que estas empresas habían contratado con motivo de la actual zafra provincial, no habían sido registrados y que se les abonó salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo vigente, por lo que precarizan a los trabajadores, violando sus derechos en materia laboral y sanitaria y además evaden al fisco.
La intimación fue ejecutada desde nuestra entidad sindical por José Luis Díaz y dirigida por el Secretario General, Luis Núñez, luego de una investigación donde se pudo tomar conocimiento que se abonaron sueldos que estaban por debajo de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 372/04 actualizado, con una diferencia de hasta el 50% de lo que debe abonarse, es decir que “salarialmente estos trabajadores cobraban sus haberes en razón de la mitad de lo que corresponde por convenio”, manifestó Luis Núñez, y aseveró que, “No vamos permitir que estos pseudo empresarios se aprovechen de la necesidad de trabajo que existe y si quieren seguir trabajando que cumplan con sus obligaciones como patrones y que respeten los acuerdos que firman”.
Luis Núñez, confirmó que, “se intimó a las empresas a que en un plazo de 48 horas registren a sus trabajadores desde la fecha de ingreso real y abonen las diferencias de haberes existentes a aquellos trabajadores a los que les corresponda”. Pero si las empresas mencionadas no cumplen, se trasladará la responsabilidad a las que les envían la materia prima y podrían adoptarse medidas de acción directa para con estas, hasta tanto se regularice la situación.
Si bien se cuenta con el acompañamiento del organismo laboral local, los trámites por ante el mismo llevan un tiempo (denuncia, inspección, presentación de documentación, etc.) y esto genera demoras que perjudican a los trabajadores. Pero con la decisión adoptada por el sindicato y previo al trámite administrativo, se las intima y se concretan las medidas de acción directa si no cumplen. “Es lo más rápido para solucionar la situación de los trabajadores y queda claro que la responsabilidad ante un conflicto en plena zafra, es exclusiva de los empresarios, por violar la ley”.
Cadena de precarización
La provisión de materia prima para llevar adelante la producción en los establecimientos de Cañupez y Las Bardas de Gaiman, nombrados anteriormente, la realiza el grupo Iberconsa S.A. para la cual trabajan estas otras haciendo fasón. Si bien Iberconsa es solo una de las grandes empresas, que envía materia prima para su elaboración a otros establecimientos cuando su propia capacidad se satura, esto no quiere decir que les esté permitido pagar menos a los empleados de las fasoneras o que no tengan responsabilidad legal por los incumplimientos de aquellas que elaboran a fasón su materia prima. La obligación es de las dos empresas. Por eso desde el sindicato se adoptó esta modalidad, la cual consiste en reclamar tanto a la empresa que no cumpla con sus obligaciones laborales, como también a aquella que le entregue materia prima para que se la procesen. En este caso Iberconsa proveyó materia prima a Las Bardas y Cañupez y es tan responsable como ambas por sus incumplimientos. Si con esto Iberconsa o cualquier otra, cree que va a poder minimizar sus costos, precarizando, a través de terceras, el salario de nuestras compañeras y compañeros, se equivoca.
Así mismo desde la entidad sindical se solicita nuevamente a cada trabajador y trabajadora, que haga respetar el convenio colectivo y los acuerdos salariales logrados por la entidad. A los que ingresan por primera vez les decimos que es imposible terminar con el flagelo del trabajo no registrado si no contamos con la firme decisión de cada uno de denunciar su situación laboral. Proteger nuestros derechos es un deber de todas y todos.
