A los riesgos habituales de la travesía, como ser víctima del crimen organizado y la trata de personas, a las caravanas de migrantes que parten cada año desde Centroamérica hacia Estados Unidos se les sumó la pandemia y el cierre de fronteras, aunque «ni la pandemia, ni sus consecuencias detienen el desplazamiento forzado», afirmó a Télam Angelita Caredda, directora de Norte de Centroamérica y México para el Consejo Noruego para Refugiados.
La última gran columna partió a mitad de enero desde el norte de Honduras, en un intento de huir de la pobreza, la violencia y la crisis dejada por el paso de dos huracanes en noviembre, y con la esperanza de que haya una flexibilización de las políticas migratorias tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca
Sin embargo, a los pocos días la procesión fue frenada a golpes de palos y gases lacrimógenos por militares y policías de Guatemala en el departamento fronterizo de Chiquimula.
La autorización para el uso de la fuerza partió de un decreto del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, con el argumento de evitar la propagación de la Covid-19 detectada en una veintena de integrantes de las caravanas de unas 7.500 personas, entre ellos familias enteras con niños.
«Las autoridades guatemaltecas identificaron casos positivos entre la población que se movilizaba desde Honduras y que se encontraba en Chiquimula. Pese a esta situación, el temor por la expansión de la Covid-19 no puede ser una causante de deportación», afirmó Caredda
«Los retos para garantizar la salud de la población pueden y deben abordarse sabiendo que personas solicitantes de asilo que huyen en estas caravanas no sólo pueden encontrar la muerte por el virus, pero también si son deportadas a sus lugares de origen», agregó la directiva de la ONG humanitaria con presencia en 30 países.
Tras la represión, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidió evitar el uso de la fuerza «injustificada o excesiva contra migrantes, solicitantes de asilo o refugiados», y el Secretariado Episcopal de Centroamérica, que representa a obispos de la región, instó a los Gobiernos a «no vulnerar sus derechos humanos y tener una actitud profundamente humanitaria».
Pese a que el derecho internacional obliga a los países a proteger a solicitantes de asilo y refugiados, autoridades de Estados Unidos, México y Guatemala acordaron prohibir el paso de las caravanas de migrantes debido a la pandemia.
«No vengan», fue el mensaje del flamante secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, un antiguo defensor de los refugiados, cuando en la audiencia de confirmación para el cargo que tuvo lugar en el Senado le preguntaron sobre la última caravana.
Sin embargo, el argumento de la emergencia sanitaria no parará el flujo migratorio, como explicó Ceredda: «Ni la pandemia, ni las consecuencias de la pandemia han detenido el desplazamiento forzado. Ni las cuarentenas, ni las medidas de distanciamiento social propuestas por los Gobiernos frenaron los reportes de amenazas, intimidaciones o extorsiones de grupos criminales».
«Una persona que durante la cuarentena es amenazada tiene dos opciones: quedarse y cumplir con las medidas impuestas por su Gobierno y pagar el precio de las amenazas o huir y romper con la cuarentena. Cientos de personas no tienen otra opción que huir», añadió.
Así como la pandemia llevó a los países a intensificar los controles en sus fronteras, también agravó la pobreza: el PBI de Honduras, punto de partida de las caravanas, se contrajo a la cifra récord de 10,5% en 2020, según admitió el presidente Juan Orlando Hernández, muy cuestionado por la gestión ante el coronavirus y la crisis económica.
En noviembre del año pasado la ya difícil situación empeoró con el paso de los huracanes Eta e Iota que afectó a al menos 5,5 millones de personas en Centroamérica, más de la mitad en Honduras (2,8 millones), según las cifras difundidas por el Consejo Noruego para los Refugiados que trabaja en el terreno para brindar asistencia.
Las consecuencias fueron devastadoras, relató Caredda: «Comunidades enteras fueron inundadas y miles de familias afectadas perdieron sus casas y todos sus bienes. Personas que no lograron acceder a los alojamientos de emergencia pasaron a vivir en la calle, debajo de puentes y en los costados de las rutas. Estas personas necesitan ser asistidas y protegidas, no es el momento de dejar a nadie atrás».
La representante de la ONG indicó que tres meses después de los huracanes hay 6.937 personas en albergues, aunque hay muchas más que «viven en condiciones aún más precarias, sin acceso a alojamiento, agua, elementos de higiene, salud o educación» de las cuales no se tiene registro.
«El número de personas que huyen a través de las denominadas caravanas puede aumentar en 2021 si la situación de violencia, los desastres y la pandemia no dan tregua a la población y si no hay una atención a tiempo y efectiva para la población», alertó.
Ante este panorama, el reclamo del Consejo Noruego para los Refugiados y de otras organizaciones humanitarias es claro: mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar la protección de quiénes huyen para salvar sus vidas dentro y fuera de su país.
«Hace casi tres años se presentó ante el Congreso de Honduras una ley para prevenir, asistir y proteger a las personas desplazadas por la violencia. Su aprobación e implementación podría brindar oportunidades a quiénes reciben amenazas de las maras y pandillas y que no encuentran más opción que dejar su país atrás para salvar la vida de sus familias», ejemplificó Caredda. Informó Telam.