El Gobierno provincial envió en noviembre de 2020 un proyecto de ley a la Legislatura provincial denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, con el fin de hacer viable, en algunas zonas de la provincia, la megaminería que, actualmente, se encuentra prohibida. Mientras una parte de la comunidad científica ve esto como una oportunidad, algunos científicos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico, que depende del CONICET, expresaron su rechazo por el grave daño ambiental que podría provocar en la región. A pesar del enfrentamiento, el Gobierno incluyó modificaciones al proyecto original y logró los votos necesarios para debatirlo.
Desde 2003, la provincia de Chubut se opuso terminantemente a la megaminería y, actualmente, cuenta con la Ley XII N.º 68 (antes Ley 5.001) que prohíbe la actividad minera a cielo abierto en todo su territorio. Sin embargo, con el Proyecto de Ley 128/20: “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, también llamado de “zonificación minera”, la administración de Mariano Arcioni busca exceptuar de esa prohibición a los departamentos de Gastre y Telsen, ubicados en “la meseta”, una zona árida y con poca población, y así habilitarlos para la explotación metalífera a cielo abierto.
Frente a esta medida, científicos del CONICET-CENPAT que cuestionan este proyecto, conformaron la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT-CONICET-CENPAT y elaboraron un informe que expone los daños ambientales que pueden generarse si se implementa la megaminería.
Según el documento, el principal problema sería la escasez de agua, ya que para el río Chubut, que abastece a la población de la provincia en un 50% y tiene poco caudal en comparación con otros “se proyecta una disminución del orden del 40% en la disponibilidad del agua hacia finales de siglo que repercutirá en el caudal de todo el río”, esto es grave si se tiene en cuenta que la zona sufre de sequías. Así, las reservas de agua, como las cuencas de Sacanana y Gastre, que se encuentran en la región de “la Meseta”, donde se pretende implementar la megaminería y sirven para abastecer a esa parte de la población, se verían claramente comprometidas.
Con respecto a esto, en el documento se explica que, si bien la cuenca de Sacasana cuenta con una gran capacidad de reserva de agua, no existen datos fehacientes que aseguren que alcanzarán para abastecer a la población sin generar problemas de escasez, dado que “la cuantificación de estas reservas se hizo en el marco de trabajos de prospección e interés de las empresas mineras por desarrollar el proyecto Navidad ubicado en el centro-norte de la Provincia de Chubut”.
Cabe recordar que el “proyecto Navidad”, es llevado adelante por la minera canadiense Pan American Silver, que desde 2010 compró los derechos para explotar un yacimiento de plata que, de acuerdo con lo que describen en su página Web es “uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo”. Sin embargo, por la ley aprobada en 2003, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, este proyecto se encuentra hoy obstaculizado, pero podría avanzar si se aprueba las excepciones.
Por otro lado, los científicos de la CENPAT plantearon los inconvenientes que el cambio climático está provocando en esas tierras, pues además de sequía, sufren de ocasionales precipitaciones que llegan a generar grandes inundaciones. Afirmaron que permitir la megaminería allí sería perjudicial para el ambiente, pues los métodos utilizados dejarían expuestos en la superficie grandes cantidades de rocas con sedimentos que, al desprenderse, podrían ser arrastrados por las aguas de las lluvias hasta los cauces de agua y de ahí a los acuíferos, contaminando el agua para el consumo.
Ante este panorama, los científicos que suscriben este documento expresaron la necesidad de que el “manejo y la gestión de un recurso tan valioso como el agua en contextos de cambio climático, desertificación, expansión de actividades y aumento de población, deben estar acompañados por estudios transdisciplinares”, que permitan contemplar la “compleja realidad social, económica, política y ambiental”.
Por su parte, el gobierno de Mariano Arcioni, que durante su campaña se mostró opositor a la explotación minera a cielo abierto, confía en la aprobación del proyecto que le permitiría un importante ingreso de divisas a la provincia que, desde 2016, atraviesa una dura crisis económica y financiera que impidió el pago de salarios con normalidad. De acuerdo con lo expresado por la empresa canadiense, si el emprendimiento logra ponerse en práctica, le reportaría al país alrededor de 350 millones de dólares anuales en exportaciones y se generarían más de 2 mil puestos de trabajo.
Uno de los puntos por los que abogó la Red de Académicos por el Desarrollo de una Minería Sustentable tiene que ver con los beneficios que trae para la economía nacional, ya que, según expresaron, Chubut se vería favorecida igual que el resto de las provincias: “Los salarios de los investigadores del sistema científico nacional se pagan con el presupuesto nacional, el cual también se nutre de las retenciones a las exportaciones y del impuesto a las ganancias que pagan las empresas mineras que operan en provincias en las que la actividad no se encuentra prohibida. Por cierto, de dicha contribución impositiva también se beneficia la provincia de Chubut, no sólo a través de los salarios de trabajadores nacionales como los del CENPAT, sino a través de la coparticipación federal”.
Por el momento el “proyecto de zonificación” que se encontraba trabado desde el año pasado logró, en un primer paso para su posible aprobación, los votos necesarios para que se pueda debatir en la Legislatura provincial.
Fuente: APU