¿Cuántas personas que están hoy en su etapa activa podrán jubilarse en la Argentina? Dar una respuesta a esa cuestión –idealmente, para trabajar en una estrategia que mejore las cosas– requiere mirar varios aspectos de la realidad y de la dinámica del mercado laboral, más allá de analizar los requisitos –rígidos frente al escenario social– de la ley previsional.
El desempleo y la informalidad son los factores con impacto negativo (en este y en otros temas) que surgen a primera vista. En el primer trimestre de 2020, un lapso mayormente al margen de la cuarentena que distorsionó los índices, la mitad de los ocupados (asalariados y cuentapropistas) era informal, según estimaciones basadas en la estadística del Indec.
Pero, más allá de esos datos y de la caída de la tasa de actividad que trajo la pandemia (menos gente busca trabajo y eso oculta parte del desempleo), hay tendencias dentro del universo formal que desafían al sistema jubilatorio. La estadística publicada por el Ministerio de Trabajo muestra que entre diciembre de 2012 y ese mes de 2020 el número de asalariados del sector privado cayó 4,8%. En cambio, sí crecieron las cantidades de monotributistas (más de 20%), monotributistas sociales y empleadas de casas particulares.
En esos regímenes se hacen aportes previsionales, pero la inclusión se da bajo esquemas considerados subsidiados, en función de la relación entre los montos de las contribuciones y la promesa de pago futuro, según lo que advierte, por ejemplo, un estudio publicado por la OIT con la autoría de Oscar Cetrángolo, Pablo Casalí y Fabio Bertranou. Lo cierto es que el monotributo fue pensado como un puente desde la inactividad o la informalidad hacia los sistemas generales de impuestos y de la seguridad social, pero en la práctica quedó como un espacio de permanencia. Alguien podría, entonces, transitar toda su trayectoria laboral en ese esquema.
Mientras tanto, la relación entre el monto del aporte mensual pagado dentro de este sistema y el haber previsional mínimo (el beneficio prometido) se fue alejando. En los primeros tiempos de vigencia del monotributo se contribuía con $33 y el haber mínimo era de $150. La relación entre las variables era de 22%. Actualmente, los pagos representan entre 3,6% y 9,4% de la jubilación básica (esos índices llegarán a 4,9% y 12,7% cuando se concrete la actualización de las cifras, prevista en la ley aprobada el jueves último por el Senado). Por otra parte, tal como destacó en una presentación la abogada previsionalista Ana Britos, si bien desde hace unos años se aporta más dinero cuanto más alta sea la categoría en la que se está, resulta que cuando se observa qué porcentaje del ingreso máximo mensual de cada casillero de la tabla se destina al aporte, se concluye que cuanto más elevada la categoría, menor la tasa del aporte jubilatorio. La “progresividad” que parece haber si se mira cuántos pesos se pagan en cada escalón, resulta no ser tal cuando se analiza el vínculo del aporte con lo posiblemente facturado.
En rigor, las jubilaciones y pensiones se financian en parte con aportes y contribuciones y en parte con impuestos generales. Incluso, una parte importante de lo que se recauda por el componente tributario del monotributo se destina al pago de las prestaciones. Pero la demanda de recursos del sistema es creciente y, mientras no muestra mejoras el mercado laboral ni se expande la economía, el camino de las moratorias previsionales tomado en los últimos años no parece ser la solución: no hace nada por resolver los problemas de fondo, discrimina en el acceso al derecho según la fecha de nacimiento, es burocrático, y no tuvo en cuenta los costos de mediano y largo plazo ni cómo cubrirlos. Para reemplazarlas, se creó en 2016 la PUAM, equivalente al 80% del haber mínimo, a la que se accede con cero o con, por ejemplo, 15 o 20 años de aportes. En este punto, es un problema que el sistema no prevea pagos proporcionales para quienes no reúnen los 30 años de aportes que exige la ley para acceder a la prestación regular.
La incidencia de las moratorias es alta: de las prestaciones que paga hoy la Anses, 53% la tuvieron o la tienen, según surge de los cuadros publicados en el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social. El dato es una muestra contundente de que al sistema le hacen falta cambios.
Por Silvia Stang
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