El ministro de la Defensoría Pública Sebastián Daroca, envió informes al Ministerio Público Fiscal, directamente al despacho privado del procurador general Jorge Miquelarena.
Esos informes le indicaban al procurador que el proyecto de ley 128/20 era completamente inviable dado que no reunía los elementos jurídicos que exige la constitución provincial. En pocas palabras: el proyecto de zonificación minera presentaba inconstitucionalidad ostensible en todas sus aristas y no correspondía que sea siquiera tratado en la legislatura.
Jorge Miquelarena, como ya muchos saben, sería pornográficamente conducente a los intereses políticos y económicos de Mariano Arcioni, así que lejos de prestarle atención a ese planteamiento de la defensa pública, se limitó a ignorarlo por completo y permitió que los legisladores debatan sobre un proyecto completamente inconstitucional.
La omisión de Miquelarena podría revestir una flagrante causal de juicio político, lo que implicaría su destitución de su cargo. Él está ahí para mantener el orden mediante la imputación pública a efectos de frenar la violación tanto de las normas del estado como de los derechos de los chubutenses.
Si concluimos con que no tuvo ningún prurito en dejar pasar el tratamiento de una ley que sería completamente inconstitucional, que violaría los derechos de incidencia colectiva y a sabiendas, de que su aprobación iba a implicar con seguridad un estallido social de proporciones como el que estamos viviendo ¿ante quién estamos entonces? ¿Ante un procurador general o ante un fiel sirviente de las empresas mineras multinacionales, que no le importa permitir que se pisoteen los derechos del ciudadano?
Los últimos tres días, la provincia ha vivido el escenario más violento en décadas, las calles se colmaron de ciudadanos que expresaron su respuesta de indignación, impotencia y hartazgo ante el poder público que, luego de jugar con fuego durante años, traicionó vilmente a su pueblo y logró que todo vuele por los aires, reinando la violencia y la destrucción tanto física como económica de nuestra provincia.
El responsable más importante de todo este caos tendría nombre y apellido: Jorge Miquelarena, el procurador general de la provincia que por omisión habría entregado a su pueblo a la desidia, al permitir que se debata en legislatura un proyecto constitucionalmente repugnante.