Se acumulan en los juzgados de familia las causas contra progenitores que se ven excluidos de la vida de sus niños por obra y gracia de ex parejas movidas por el rencor, de abogados y psicólogos cómplices e inescrupulosos en su codicia y de jueces que se lucen por su desidia . El video que confirma la manipulación.
Hasta el grito desesperado del periodista Sebastián Domenech, ésta era una tragedia silenciosa: “Otra Navidad sin ellos. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo”, escribió este padre, arteramente separado de sus mellizos de 11 cuando éstos tenían 5 años.
El caso impactó a la opinión pública. Pero no es un hecho aislado: este modus operandi perverso se multiplica al amparo de la impunidad de quienes realizan estas maniobras en las cuales confluyen el rencor de una persona hacia su ex pareja, el provecho que abogados, psicólogos, asistentes sociales y ong obtienen de estos procesos eternos y la negligencia y morosidad de los tribunales y de las defensorías de menores.
LA JUSTICIA PENAL EXONERA Y LA CIVIL CONDENA
Demostrada la falsedad de la denuncia, el progenitor inocente, falsamente acusado, carga de todos modos con una cruel condena: la de no poder recuperar el vínculo con sus hijos por una conjunción de causas que van desde el dogma de que “las mamás no mienten” hasta el incumplimiento de deberes de jueces y defensores de menores.
En el medio, está la falta de escrúpulos de abogados y psicólogos que alimentan el resentimiento de una persona hacia su ex pareja ofreciéndole una serie de opciones útiles para excluir al otro progenitor de la crianza del hijo. En el menú de denuncias: hostigamiento, violencia, amenazas, abuso sexual -la más grave-, etcétera.
En el estado actual de cosas, es muy fácil hacer una falsa denuncia, obtener la exclusión del otro progenitor y salir impune, porque la justicia no actúa de oficio pese a la flagrancia del perjurio y porque el progenitor demandado queda agotado de recorrer tribunales y teme agravar la situación, sin mencionar la falta de recursos. Esta impunidad se extiende a los abogados y psicólogos que asesoran a el o la denunciante.
“Mamá dice que no lo puedo ver porque me hizo algo malo”; “Mami, papá no es malo”; “Papá era bueno pero ahora es malo”; “Papá dice que mamá es mala porque lo quiere matar…” Son algunas muestras del discurso inoculado en los niños por padres en litigio.
El argumento de que las denuncias por alienación parental (exclusión de uno de los progenitores) buscan encubrir la pedofilia, exonerar a padres violentos y abusadores y que tienen un tinte misógino carecen de toda validez ya que también muchas mujeres son víctimas de estas maniobras. En el caso de la madre, la denuncia del ex suele ser por desorden mental o apunta a un familiar varón: el supuesto abusador del niño es un tío o un abuelo.
Tan temprano como en 2002, un estudio del Conicet, realizado por Marta Albarracín, especialista en abuso infantil, advertía (en Página 12), que de las denuncias por abuso sexual realizadas “durante el litigio post-divorcio, el 66 por ciento fueron falsas”.
“En los juzgados esperan a ver quién denuncia a quién para ver a quién excluyen, y listo. Ya hicieron su deber”, dice Juan Foster, separado de su hijo desde 2013.
“Lo más paradójico es que la justicia dice: Fulano no es culpable. Pero en el fuero civil estamos condenados. El fuero penal te exculpa, el civil te sigue castigando. La denuncia equivale a condena, puede llevar a 5 ó 6 años de alejamiento. Tenés que seguir pagando por un delito que no cometiste”, dice Adrián Alfaro, otro padre víctima de falsa denuncia -por amenazas- de su ex pareja, cuando su hija tenía 11 meses. La causa hoy está resuelta y él pudo sanar el vínculo con su hija. Una suerte que no todos tienen.
Alfaro es uno de los seis padres -4 varones, dos mujeres- y una abuela que se acercaron a la redacción de Infobae para contar el calvario que vivieron o viven aún en Tribunales. El infortunio común los ha unido y un año y medio atrás crearon la Asociación Civil Infancia Compartida; una unión que les permite atravesar mejor la prueba. Pero esencialmente una herramienta para lograr procesos de familia más proactivos y humanos, con mayor celeridad y mejores herramientas diagnósticas para discriminar el caso por caso. “Nosotros somos personas con recursos materiales e intelectuales para soportar esto y defendernos. Pero hay muchos padres que no tienen esas posibilidades. Y el Defensor de Menores se lava las manos”, acusan..
Las denuncias en el juzgado de familia se pueden hacer sin prueba alguna y a las 24 horas ya se tiene la orden de alejamiento del progenitor denunciado. La perimetral es automática. Pero otros plazos no se cumplen. A las 72 horas debería hacerse la primera audiencia. “Reciben de 10 a 12 denuncias diarias -explica Foster- entonces hacen omisión del código de procedimientos. No tienen capacidad para esa cantidad de audiencias diarias. En 2008 había 170 causas y en 2019, 291.235, en la sola provincia de Buenos Aires”.
La justicia no obra con la dinámica necesaria. “No negamos esta clase de delitos -aclara Alfaro-. Abusos, violencia y violaciones son un hecho. Pero, en contexto de separaciones conflictivas, se encontró una nueva manera de salir con tres goles a favor”.
“En el divorcio conflictivo, el que pega primero, pega dos veces”, dicen.
La denuncia debería ser resuelta en un máximo de 60 días que nunca se cumple. Entretanto, le dan la guarda exclusiva a ese padre o madre que denuncia y el chico queda aislado y a merced de una persona que puede ser más dañina que el excluido. “El niño transcurre su infancia con la persona que hizo la denuncia. Nadie cuida qué se le dice: un cuidado que serviría tanto si sufre maltrato como si se trata de una manipulación”, dice Foster.
Desde Infancia Compartida sostienen que es preciso reordenar los procesos para que desde el primer día los menores judicializados cuenten con la asistencia y el acompañamiento de un especialista de la salud mental imparcial. Actualmente, explican, los procesos terapéuticos se ponen en marcha recién a los tres años para revincular, cuando el daño está hecho.
“Los jueces y defensores se defienden a sí mismos. Dejan que opere la denuncia. Le dan al denunciante un poder enorme”, dice Alfaro.
El mismo temor que disuade de denunciar al autor de la falsa acusación, también contiene a la hora de hacer público un caso. No hables en medios ni en redes, porque sólo vas a agravar la situación, es el mensaje. Ese elemento extorsivo prolonga la injusticia en el tiempo y genera daños difícilmente reparables.
Es por eso que, cuando un padre o madre apela a los medios es, como dijo Domenech, porque ya no tiene que perder. Lo más preciado ya lo perdió.
CASO FOSTER ABDUCH: 8 AÑOS DE TOTAL EXCLUSIÓN DE LA FAMILIA PATERNA
El caso Foster Abduch tiene todas las aristas de un fenómeno que se inscribe en el contexto de la gran inestabilidad del ámbito familiar, que pasó del matrimonio para (casi) toda la vida a la habitualidad del divorcio y de la familia ensamblada. “Los juzgados de familia no han logrado aggiornarse. Creció exponencialmente el número de casos y no hay capacidad para atenderlos”, dice, comprensivo, Juan Foster. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibe unas 11.000 denuncias por año solamente en Capital, por ejemplo. Así, en torno a una grave falla institucional se ha montado una nueva industria del juicio.
Pero el caso Foster Abduch tiene un ingrediente perverso adicional. La primera denunciada fue la abuela del niño (en adelante, J.), que por entonces tenía 4 años.
“Llega un policía a tu casa y te dice ‘usted no puede ver más a su nieto porque es una abusadora’. No entendés qué está pasando”, dice Rosario Abduch, recordando el duro comienzo de esta condena que ya tiene 8 años y la ha privado de ver crecer a su nieto.
La justicia en estos casos no sólo es lenta: es directamente irracional.
Sucintamente, la mamá de J presentó una denuncia por abuso contra la abuela paterna en septiembre de 2013, y 9 meses después, otra por abuso contra el padre del niño. En esos 9 meses entre la apertura de una y otra causa, Juan Foster no vio a su hijo: la madre inventó un encuentro que no existió para denunciar el abuso del niño por su padre. Ambas causas están sobreseídas con sentencia firme.
Como las pericias y estudios realizados ante la justicia probaron de inmediato que J. no había sido víctima de abuso, la madre apeló a una asociación “independiente” de protagonismo habitual en estos casos: Salud Activa, creada por el Centro de Investigación y Asistencia Psicosomática (CIAPSI). Independiente está entrecomillado porque la madre de J., de profesión psicóloga, había trabajado en Salud Activa hasta poco antes de presentar su denuncia.
Las pericias psicológicas realizadas a la progenitora en el ámbito judicial arrojaron como resultado que la mujer es “portadora de un trastorno de personalidad con componentes histérico-paranoides, identidad psicosexual perturbada severamente y una calidad materno filial distorsiva”, “indicios fehacientes de fabulación” y una “relación materno filial de escasa delimitación interpersonal, con proyecciones masivas en el niño”. Además, “el reporte volcado por la [madre] con respecto de la sintomatología observada en su hijo no se condice con la realidad psicofísica por la que atraviesa el niño”. Estas pericias datan de octubre de 2014.
El sobreseimiento se dicta, entre otras cosas, porque “se estableció” que el niño “no relató e incluso negó explícitamente haber atravesado una situación o vivencia abusiva […] de carácter sexual”. “A su vez, negó y dijo no acordarse de haberle comentado a su madre haber vivenciado eventualmente una experiencia que hubiese connotado como displacentera o inapropiada”, agrega la sentencia.
Desde entonces hasta ahora, el tribunal no sólo no ha hecho justicia sino que ha dejado al niño a merced de esa progenitora, autora impune de dos falsas denuncias consecutivas.
En los 8 largos años de inacción de los tribunales y de la defensoría de Menores, a cargo de Atilio Álvarez, J. ha sido víctima de la manipulación de su madre y de la desaparición -involuntaria y forzosa- de su padre. La única versión que tiene de los hechos es la que le da una persona a la que la misma justicia describe como de “personalidad perturbada”.