Se trata del dúo dinámico compuesto por los abogados Rodrigo Miquelarena (sobrino del procurador general Jorge Miquelarena) y Martín Sebastián Castro. Dos letrados mediocres conocidos por tener vínculos estrechos con el poder público pero sobre todo, defender a la peor escoria de la sociedad: violadores.
Miquelarena y Castro fueron los encargados de defender en juicio al cura pedófilo Héctor Coñuel. Este sujeto violó a un chico de 14 años con problemas madurativos en Trelew. El caso les salió mal a los abogados, pues los jueces Marcelo Nieto Di Biase, María Tolomei y Mirta Moreno bajaron el martillo resolviendo condenar a Coñuel a 20 años de prisión.
Otro caso en el que eligieron intervenir fue en uno también suscitado en la ciudad de Trelew, en donde un hombre abusó sexualmente en repetidas ocasiones a una pequeña de 8 años. En este caso, Miquelarena y Castro triunfaron, lograron que no vaya a la cárcel. Hoy se encuentra con una tobillera eléctrica en su casa “reposando” su pena.
Lo más reciente es el caso de una niña de Rawson que fue abusada sexualmente. Miquelarena y Castro acudieron a defender al abusador, pero se ve que no aprobaron Derecho de Familia en la facultad, puesto a que utilizaron como estrategia legal para defender al violador la “prescripción de la acción penal”.
Esto quiere decir que se aferraron al vencimiento de los plazos que tiene la víctima para impulsar el proceso judicial y así pretender dejar impune al abusador.
Se olvidaron que aquí estamos ante una menor de edad, y normas como el Tratado de los Derechos del Niño/a y Adolescente o la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño/a y Adolecente, son tajantes en ordenar que al menor se lo debe escuchar y que su opinión sea tenida en cuenta.
Intervino en el proceso la fiscal Florencia Gómez. Su trabajo fue sustancial en la protección de la víctima. Pues ella fue la que atacó las estrategias legales de Miquelarena y Castro, y las tildó de ser potenciales a atentar contra el interés superior del niño. Pues si los abogados hubieran triunfado en esa tesitura, la victima ya no hubiera podido demandar legalmente y el perpetrador hubiere quedado impune.
Rodrigo Miquelarena es el sobrino del procurador general y socio de Eric Paul Verdeau (hermano de Federico Verdeau, implicado en un principio en la causa “Lotería”) en el gimnasio “Dream Box”.
Martin Sebastián Castro por su parte, se habría hecho millonario cuando cobraba como abogado privado del ex – ministro “fracasado” Massoni y del delincuente uniformado, el ex – subjefe de Policía Néstor Gómez Ocampo. Luego cobraba por ser empleado de uno de sus clientes, puesto a que se desempeñaba como director general de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad, o sea que era empleado de Massoni en el gobierno y luego era abogado del mismo en una audiencia, cobrando de ambos lados.
Hace mucho que se anda diciendo que estos dos abogados utilizarían contactos políticos para supuestamente “presionar” a los jueces y así ganar los casos.
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