Una denuncia penal complica el pase del ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, a Juntos por el Cambio. El explosivo ex funcionario fue denunciado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por su supuesto involucramiento en la privatización de las plantas de verificación técnica vehicular de la provincia.
La denuncia fue presentada por el sargento Luis Suárez, representante del Consejo de Bienestar Policial en Chubut, y se encuentra en manos del fiscal jefe de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública de la Provincia, Omar Rodríguez.
Según consta en la denuncia, Massoni realizó diferentes maniobras ilegales entre el 2018 y el 2019 para lograr una virtual privatización de las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la provincia del Chubut.
Este objetivo fue conseguido el 7 de agosto de 2019 con la firma del «Contrato de Administración de Plantas Verificadoras», celebrada entre el Ministerio de Coordinación de Gabinete, representada por Massoni en su calidad de Ministro, y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos por un plazo de diez años. Se trata de un contrato irregular, que no contaría con los procesos administrativos correspondientes y ni con documentación regla, según los denunciantes.
Massoni logró cierta notoriedad por sus declaraciones desafiantes hacia la Casa Rosada al estilo de Sergio Berni. Luego de una fallida candidatura en 2021, ahora negocia su incorporación a Juntos por el Cambio.
La denuncia llega en un momento muy inoportuno para Massoni. El ex ministro viene negociando su pase a Juntos por el Cambio, empujado por presidente de la UCR local, Damián Biss. El radicalismo de Chubut no tiene ningún candidato que mida para disputarle al PRO la candidatura a gobernador y por eso apuesta a Massoni para meterse en esa discusión.
Massoni logró en su momento cierta notoriedad pública por sus declaraciones desafiantes contra la ex ministra de Seguridad nacional, Silvina Frederic, al estilo de Sergio Berni.
En la denuncia se afirma que «el ex ministro intervino en los expedientes y desvió la voluntad de la Administración Pública para lograr este contrato, obteniendo importantes ganancias y afectando económicamente a la provincia del Chubut y a todos los ciudadanos que realizaron el trámite de verificación desde la fecha, ya que imperativamente deben abonar una tasa elevada que no posee sustento normativo».
Mediante ese contrato, Massoni dispuso que la Cámara «tomara a su cargo el manejo íntegro de la administración, contratación de personal administrativo residente en la provincia del Chubut, informatización de turnos, provisión y llenado de Formularios 12 necesarios para la verificación de automotores de la Policía de la provincia del Chubut, con excepción de la actividad que desarrollan los peritos verificadores».
Para autorizar la firma de ese contrato se emitió el Decreto 640/2019, fechado el 6 de junio de 2019, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Gobierno a «contratar en forma directa» a la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos para las funciones mencionadas.
Luego, fechado dos días antes de la firma del contrato, el 5 de agosto de 2019, se dictó el Decreto 842/2019, mediante el que se modifica el referido Decreto 640 y se habilitó a firmar el contrato al Ministerio de Coordinación de Gabinete. En ese período Massoni pasó del Ministerio del Gobierno al Ministerio de Coordinación del Gabinete y firmó el contrato.
El denunciante afirmó que Massoni siempre tuvo un «interés personal» detrás del negocio de la concesión de las plantas de verificación personal. En ese sentido, expresó que el 24 de agosto de 2018 ya había intentado avanzar con la «privatización» del servicio mediante la firma de un documento idéntico al contrato en cuestión, pero titulado «Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos».
A raíz de este contrato, la Cámara obtendría una ganancia neta de $8.000.000 mensuales, según estimaciones reflejadas en la denuncia. Es decir, el Estado continúa afrontando costos del servicio a cambio de un modesto 14% de participación en las ganancias, mientras que el concesionario obtiene un 86% de lo recaudado.