Los abogados Ruffa y Pérez Galimberti cuestionaron la denuncia de José Severiche (ATE) por cohecho y aseguraron que los hechos no constituyen delito. También recusaron al fiscal Lucas Papini por su vínculo personal con el gobernador. La causa ahora queda en manos de Julieta Gamarra.
La defensa de Gonzalo Carpintero y Ricardo Traversini Loza presentó un escrito ante la Oficina Judicial de Trelew solicitando la nulidad de los allanamientos, requisas y secuestros ordenados por la jueza Mirta del Valle Moreno. Los abogados Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti argumentan que la denuncia por cohecho presentada por el secretario general de ATE Trelew, José Severiche, no configura delito alguno y que, por lo tanto, no había motivos para investigar.
Según Jornada, los defensores también recusaron al fiscal Lucas Papini, de la Unidad Anticorrupción, por su amistad con el gobernador Ignacio Torres, lo que podría afectar su imparcialidad.
«Los hechos no configuran delito»
Severiche había denunciado que Carpintero, con Traversini como intermediario, le ofreció dinero a cambio de «generar quilombo» para evitar el inicio de clases en Chubut, previsto para este lunes 23. Sin embargo, la defensa sostiene que incluso si la denuncia fuera cierta, no se trataría de un delito de cohecho.
«Incluso en el caso de ser veraces las afirmaciones del denunciante, se trataría de exhortaciones hechas por un particular a un sindicalista, manifestaciones que de ninguna manera pueden conformar el tipo penal de cohecho, como tampoco amenazas, coacción o cualquier otra figura del Código Penal», argumentaron los letrados.
Por eso, consideran que la decisión de la jueza Moreno «es inválida por carecer de motivación, arbitraria e ilegal».
Severiche no es funcionario público, es un gremialista de licencia
Uno de los puntos centrales de la defensa es que el denunciante no reviste la calidad de funcionario público, requisito indispensable para que exista el delito de cohecho. Severiche es empleado del Ministerio de Familia, pero se encuentra con licencia sindical desde que fue elegido representante gremial.
«Está acreditado por el mismo denunciante que las acciones que refiere se le pedían nada tenían que ver con sus encomiendas como empleado de Familia, funciones de las que hace muchos años se encuentra licenciado», subrayaron los abogados.
Y agregaron: «Severiche, que admite que es simplemente un empleado público en uso de licencia, de ninguna manera cumplía funciones estatales que pudiera hacer, retardar o dejar de hacer por una remuneración o promesa».
«Una diluida promesa política, no un delito»
Para la defensa, incluso si se tomara la denuncia como cierta, se trataría de una cuestión política, no penal. «Si se creyera a pie juntillas en lo dicho por Severiche, se trataría de una diluida promesa (‘hacemos paritarias’) de un incentivo por un hecho político –no funcional-, de los que la práctica política cotidiana está contaminada. Pero nunca podría dar pie a una investigación por el delito de cohecho», sentenciaron.
Papini, fuera del caso por su amistad con Torres
En el mismo escrito, Ruffa y Pérez Galimberti recusaron al fiscal Lucas Papini, de la Unidad Anticorrupción, al recordar que fue compañero del gobernador Ignacio Torres en la Escuela 712 de Trelew y compartieron equipo de rugby en el club Patoruzú. Además, Papini se desempeñó como fiscal de Estado adjunto, lo que refuerza su vínculo con el mandatario.
Para los defensores, esta relación personal afecta la objetividad necesaria para seguir a cargo de la investigación. Por este motivo, la única fiscal que continuará al frente del caso será la jefa de la Unidad Anticorrupción, Julieta Gamarra.
Lo que viene
Ahora, la Oficina Judicial deberá resolver el pedido de nulidad de los allanamientos y la recusación del fiscal Papini. Mientras tanto, la causa sigue su curso y la defensa confía en que la Justicia termine dando la razón a sus argumentos: que no hubo delito y que todo se trató de una denuncia sin sustento penal.