Familias y profesionales de la salud se manifestaron ayer en todo el país en reclamo por el pago de la deuda que mantienen las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) con los profesionales y prestadores de servicios para personas con discapacidad. Esta grave situación afecta de manera directa a las personas con discapacidad y sus familias. En Comodoro Rivadavia, el reclamo se realizó en la plaza de la Escuela Nº 83 bajo el lema “No al ajuste en discapacidad”.
“Este gobierno hace recortes en Salud, Discapacidad y Educación mientras que las cajas de las 34 empresas del Estado no se tocan porque son sus ‘cajas’, por el contrario en la misma decisión administrativa en la que el Gobierno anunció los recortes, aumentó las partidas de estas empresas deficitarias en $37.000 millones. La tijera no les afecta a las empresas públicas que ya gastaban 24.000 millones por día, eligen afectar a las personas con discapacidad y sus familias, el sector más vulnerable de la sociedad”, sostuvo la diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero.
En este contexto, la legisladora dio su apoyo a un Proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados, que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe respecto al motivo del atraso, los montos adeudados y el tiempo en que se efectuará el pago.
La diputada también acompañó un Proyecto de Declaración que expresa la preocupación de los firmantes por la crítica situación que viene atravesando el sistema de atención a las personas con discapacidad. Las iniciativas fueron impulsadas por Rogelio Frigerio, Carla Carrizo, Graciela Ocaña, Silvia Lospenatto, Victoria Morales Gorleri y Soher El Sukaria, entre otros representantes de JxC.
“El sector que abarca a las personas con discapacidad es uno de los maÌs vulnerables y, aún así, sigue siendo continuamente postergado en materia de derechos y garantiÌas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Desde el bloque de Juntos por el Cambio presentamos propuestas buscando advertir y revertir el grave recorte que se está llevando adelante, que produce serios daños que afectan no soÌlo aspectos de su salud, pedagoÌgicos, emocionales y econoÌmicos, sino tambieÌn a toda su comunidad: sus familias, instituciones y diversos profesionales que acompañan el desarrollo de su vida cotidiana”, sostuvo Romero.
Según consta en los pedidos los retrasos en aranceles en algunos sectores superan los tres meses, además de aumentos desactualizados y falta de respuestas ante situaciones particulares de instituciones y familiares. La diputada nacional destacó que “después de vivir un período traumático como fue la pandemia, agravado ahora por la crisis económica y social, las personas con discapacidad son las más vulnerables, a quienes más afecta esta situación y a quienes el Estado Nacional no protege. Si no se implementan y ejecutan poliÌticas puÌblicas en lo inmediato, la situacioÌn será insostenible”.