El conflicto con Fyrsa se agudiza. La semana culminó con cortes de ruta e interrupciones en la actividad portuaria. Mientras suceden reuniones entre el Gobierno y empresarios, los trabajadores siguen en rojo. Y la planta sigue sin operar.
Existen algunas opciones en carpeta para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. En los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que varias empresas de Trelew y Rawson -ciudad capital donde funciona la planta- reubiquen al personal en otros cascos productivos, aunque es un asunto a resolver en los días venideros.
De todos modos, si el escenario no varía «entendemos que en algún momento se va a pedir la quiebra de Fyrsa», dijo a EL CHUBUT, el secretario general del Stia, Luis Núñez.
«La empresa no paga, no funciona y está concursada. Entendemos que en algún momento se le va a pedir la quiebra, pero hasta el momento no lo sabemos», señaló el dirigente, al plantear que «es la posibilidad más segura para los trabajadores, y demás, para nosotros y por la situación».
Núñez recordó que «la expropiación había sido planteada hace mucho tiempo por el ministro de Gobierno Cristian Ayala (cuando era secretario de Trabajo), pero quedó en la nada, porque la gente siguió apostando al empresario. El Estado tuvo que cubrir los momentos críticos de los trabajadores porque la firma se borraba, después volvía, incluso se le puso plata, que no correspondía. Es decir, fueron muy permisivos» en el Gobierno. La cuestión se abordó con los agentes, «muchos trabajaban de forma eventual y pensaban que se podía seguir así, pero ese modelo era insostenible».
Opción
«Otra alternativa -comentó el líder del Stia- era darle continuidad a Fyrsa bajo otra figura legal, que aún tampoco se sabe bien, pero Pesca, Cafach y otros sindicatos ofrecían cajones por barco. En el transcurso de la semana se sabrá si aparecen los empresarios de nuevo o si los trabajadores, por su propia cuenta, la ponen en marcha de vuelta, algo que me parece un poco difícil».
«Lo que sucede con Fyrsa es, justamente, lo que no queremos para la actividad pesquera», ya que se trata de una actividad «importante en nuestra provincia, que genera recursos, en el caso de langostino, muy valiosos». Lo que ocurre con la empresa en conflicto «vendría a ser la contra cara de la realidad del rubro, pero acá tiene que existir un trabajo de contralor, de los organismos que deben ejecutarlo, porque sino los únicos que pierden son los trabajadores».
Para Núñez, «estas empresas que no hacen los aportes a los trabajadores perjudican su futuro». Insistió que fallan «los organismos intervinientes» al no «ejecutar los cobros cuando corresponden, y no controlar la presentación de la documentación anual de las empresas». Sencillamente «no lo hacen, porque empresas como éstas que deben entre cinco o seis balances, y otras documentaciones, deberían encenderse las alarmas» para actuar.
El gremialista señaló que se debe aplicar la ley a «empresas como éstas que las abren, no tienen permisos e incorporan decenas de trabajadores en forma irregular. Los organismos laborales viven haciendo inspecciones para resolver estas cuestiones, nunca se terminan de resolver, juegan con la necesidad de la gente, ese modelo tiene que desaparecer, estamos luchando para que ese modelo de empresas desaparezcan».
Puntualizó que «hay empresarios que no son de la actividad, y sus empresas terminan siendo concursadas y ellos desapareciendo, dejando que el Gobierno se haga cargo. Es una barbaridad absoluta, y es lo que no queremos. Esto va a cambiar siempre y cuando las autoridades, que son las que tienen facultades ejecutivas, intervengan para que el recurso sea aprovechado por todos. Y genere mano de obra permanente, pero tienda a expulsar de la actividad a estos pseudos empresarios».
«Muchas veces no se recurre a la Justicia y no actúa, y estos personajes siguen transitando por las calles como si nada. Si no tenemos un Estado presente, estas cosas seguirán pasando», concluyó Núñez.